Expresamos nuestro más profundo pesar, dolor y no resignación por el fallecimiento al día de la fecha de 500 fallecidos en cautiverio, pertenecientes a todas las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles; en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde se continúan repitiendo en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.

Destacamos que del total de Presos Políticos que han fallecido, 159 muertes se han producido desde el día 10 de Diciembre de 2015.

Solicitamos a todos los que ya firmaron nuestra petición, que por favor hagan un pequeño esfuerzo más y ayuden a difundir esta dolorosa noticia a los efectos de continuar sumando el apoyo de quienes aún ignoran esta situación. No es posible que en un país que se jacta de haber retornado a la democracia, se estén llevando a cabo juicios amañados y plenos de irregularidades jurídicas. Varios constitucionalistas y profesionales “de peso” en el derecho se han pronunciado al respecto… sin embargo el estado y los medios de prensa parecen no haberse enterado de nada.

Todos debemos enfrentar esta injusta situación, a fin de afirmar, fortalecer e incrementar el planteo de los justos reclamos por acceder a una justicia verdaderamente independiente, imparcial y objetiva, a través del irrestricto respeto por la Constitución Nacional. La continuación de la ardua lucha en su apoyo, por la recuperación plena del estado de derecho y por la reparación del respeto y la credibilidad de las Instituciones de la República, así lo exige.

Expresamos nuestras sentidas condolencias a todos sus familiares, camaradas y amigos de esos 500, quienes  están pagando una factura que le corresponde al irresponsable sector político que en su momento no encontró las herramientas necesarias para apagar el incendio de la guerra revolucionaria y recurrió al uso de las FFAA para que les sacara las brasas del fuego.

Peticionamos que se audite todo lo actuado en los mal llamados juicios de lesa humanidad y que todas las partes acaten el veredicto de los peritos.