Pedimos que el certificado de inocencia por delitos contra la integridad sexual sea gestionado a solicitud de las escuelas entre el Ministerio de Educación y el de Justicia, sin que deban tramitarlo ni pagarlo docentes, no docentes y visitantes de los establecimientos educativos. 

Reclamamos esto porque no nos explicamos la miserabilidad de sacarles tiempo y dinero a docentes y no docentes con este trámite cuando el Estado podría resolverlo de manera mucho más lógica y simple.

Las razones de este pedido:

Existe un Certificado de No Inscripción al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual #DIS ley 9680 que tienen que presentar docentes y no docentes cuando van a trabajar en forma permanente en colegios. 

Hasta ahí, muy bien.

El problema es que la burocracia provincial cordobesa exige que sean los docentes, no docentes y visitantes quienes gestionen el certificado de inocencia y lo paguen, en lugar de que los ministerios crucen los datos entre sí.

La irracionalidad se explica por sí sola con la frase anterior. Pero supongamos que dejamos de lado el principio de inocencia (básico en nuestra legislación) en pro de un interés superior como es asegurarnos que ningún condenado por delitos sexuales ingrese a las escuelas. Aún así, nos preguntamos:

¿Por qué las escuelas no pueden pedir los antecedentes de sus potenciales educadores y empleados al Ministerio de Educación para que éste consulte al Ministerio de Justicia y le pase a cada escuela los datos correspondientes?

¿Por qué se exige a cualquiera que vaya a pisar una escuela, aunque sea para  dar una charla, que tenga que perder tiempo en una maraña de trámites y encima pagar por eso? 

¿Qué pensarán los gremios? ¿Habrán hecho algo al respecto?