Brenda Quevedo lleva casi 18 años privada de la libertad sin sentencia definitiva. Dieciocho años esperando justicia por un delito que sostiene no haber cometido. Su caso refleja un problema grave del sistema de justicia: la prisión preventiva y las medidas cautelares prolongadas que, en la práctica, se convierten en una pena anticipada, aun cuando la persona sigue siendo legalmente inocente.

Durante estos años, Brenda fue trasladada a distintos centros penitenciarios, donde sufrió tortura física y psicológica documentada por organismos de derechos humanos. Hoy se encuentra en resguardo domiciliario con geolocalización, una medida que le impide trabajar, atender su salud y cuidar adecuadamente a su madre, una adulta mayor que depende de ella.

Las medidas cautelares que restringen la libertad deben ser excepcionales y temporales, no pueden durar décadas. La presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal, el derecho a la salud y el derecho al cuidado están en juego en este caso.

Después de casi 18 años sin sentencia, la pregunta es inevitable:
¿Cuánto tiempo puede una persona esperar justicia sin que la espera misma se convierta en injusticia?

Por ello, solicitamos a las autoridades judiciales que revisen de manera urgente la medida cautelar impuesta a Brenda Quevedo y que se le permita enfrentar su proceso en libertad.

Firma y ayúdanos a exigir justicia para Brenda Quevedo.