Rechazo a la resolución S99 de TRS que atenta el desarrollo socio-económico de Puerto Rico

0 personas firmaron. ¡Ayuda a conseguir 25,000!


Hace más de medio siglo, los legisladores estadounidenses ayudaron a transformar la economía de Puerto Rico. El esfuerzo, comenzó con una serie de leyes fiscales que fueron diseñadas para atraer fabricantes de productos a la isla. Estos a su vez proporcionarían puestos de trabajo con salarios estables. Una de esas leyes fiscales que rindió frutos en Puerto Rico, decretada en 1976, y mejor conocida como la sección 936, permitió que diversas empresas de manufacturas estadounidenses recibieran impuestos bajos sobre las ganancias obtenidas en los territorios de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico.

Durante muchas décadas el plan rindió frutos sin precedentes. La mayoría de los indicadores de progreso económicos de Puerto Rico se elevaron a niveles históricos. Se calcula que entre 1950 y 1980, el producto nacional bruto per cápita creció casi diez veces en Puerto Rico. Esto acompañado ante un sinnúmeros de logros educativos hicieron que Puerto Rico se convirtiera en una potencia mundial en la industria de la manufactura biofarmacéutica y se convirtió en un modelo de futuro para muchos otros países que desesperadamente buscaban alternativas para transformar su economía.

Sin embargo, al principio de la década de 1990, la disposición se enfrentó a la oposición de sectores políticos puertorriqueños que atacaron las ventajas contributivas y las hicieron ver como el mayor impedimento para la libre determinación del pueblo de Puerto Rico antes su estatus colonial. Ante este esfuerzo local, se le sumó, un creciente grupo reformista de impuestos estadounidenses, que vieron la oportunidad de sacar ventajas de la oposición del sector político puertorriqueño y describieron la disposición de la Sección 936, como una demasiada costosa para el Tesoro estadounidense.

En el 1996, el presidente Bill Clinton firmó la ley que eliminaría gradualmente la Sección 936. La transferencia de productos biofarmacéuticos desde Puerto Rico hacia países europeos y asiáticos no se hizo esperar. Miles y miles de empleos fueron gradualmente desapareciendo. La falta de oportunidades de empleos, junto con los recientes desastres naturales, huracanes Irma y María y los terremotos del área suroeste de la isla, ha provocado una fuerte emigración de muchos jóvenes puertorriqueños hacia los Estados Unidos continentales. La salida de los trabajadores más jóvenes ha dejado el territorio con menos trabajadores activos, con una población de mayor edad y con menos recursos financieros, lo que ha tensado aún más los servicios sociales que brinda el gobierno.

En la búsqueda de reemplazar los ingresos perdidos ante los cierres de la plantas de manufactura, el gobierno de Puerto Rico se endeudó por más $70 mil millones. La tasa de desempleo es actualmente 2.5 veces el promedio de los Estados Unidos, la tasa de pobreza ya supera el 45 por ciento, los sistemas de pensiones son insolventes, el programa de seguro médico diseñado para proteger la clase pobre del país está a punto de colapsar. Mas aun el estatus colonial de la isla permanece sin cambio alguno y da la impresión de que ahora está mucho más lejos de poder resolverse.

A raíz de la pandemia del COVID-19, funcionarios de salud pública de Estados Unidos juntos con expertos en políticas públicas elevaron como un asunto de seguridad nacional la gran dependencia que tiene el sistema de salud estadounidenses de la manufactura de productos biofarmacéuticos esenciales y críticos a manos de territorio asiáticos y/o europeos. El impacto a la cadena de suministros por los escasez de ingredientes activos críticos y necesarios para la producción de medicamentos como lo son antibióticos, analgésicos, broncodilatadores, productos para manejos de deficiencia renales, entre otros, quedó evidenciadas ante el cierre de toda la actividad económica en China y el cierre de sus fronteras.

En medio de la pandemia del COVID-19, ante la enorme necesidad de buscar alternativas de regreso de la manufactura de productos biofarmacéuticos críticos  y esenciales dentro de territorio estadounidense, y ante el problema que presenta el colapso fiscal de Puerto Rico al erario estadounidense, se ha creado una oportunidad única de poder atender de forma simultánea, la crisis mediante la implementación de leyes fiscales, similar a las que fueron diseñadas en el pasado para atraer la industria de la manufactura a la isla.

Sin embargo, y en medio de la crisis socioeconómica que vive Puerto Rico, y contrario a la necesidad de crecimiento económico de la isla, el Senado de Puerto Rico, presidido por el Sr. Thomas Rivera Schatz, aprobó sin vistas públicas, la Resolución Concurrente 99, la cual hace un reclamo de trato igual a Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos, ante legislaciones relacionadas al COVID-19 y asegura que se rechazará cualquier propuesta, legislación o programa que, “a expensas del trato igual y poder político que reclama la mayoría de los puertorriqueños, conceda tratos y beneficios contributivos especiales y distintos a las empresas de manufactura que operen en Puerto Rico que dependan de la continuación del estatus de territorio no incorporado”.

La resolución concurrente 99 fue dirigida al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a cada uno de los presidentes de la legislatura federal y a la Comisionada Residente.

Debido a la evidencia histórica, entendemos que la resolución concurrente 99 no representa el mejor interés socioeconómico de Puerto Rico. Tampoco ayuda a atender el asunto colonial de la isla. Atenta contra la alternativa que pudiera presentar Puerto Rico para traer de regreso a territorio estadounidense la manufactura de productos biofarmacéuticos críticos y esenciales. Y, por último, no representa el sentir de la mayoría del pueblo de Puerto Rico que lucha día tras día con sacar el país de la crisis que nos aqueja.

Por ende, se firma esta petición como rechazo a la resolución concurrente 99.