Proyecto repudio a las represalias contra los médicos que denuncian vaciamiento de PAMI
La causa
EXPTE. N°3591-D-2026
PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Su enérgico repudio al vaciamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), expresado en la reducción de las cápitas y de los ingresos de médicos de cabecera; las renuncias y desvinculaciones de profesionales; las represalias contra quienes denuncian el deterioro del organismo; la eliminación de la cobertura al cien por ciento de medicamentos para más de dos millones de personas afiliadas; la falta de pago a farmacias, clínicas, sanatorios y otros prestadores; la suspensión de turnos, tratamientos y entrega de insumos; el cierre de agencias, puntos de atención y establecimientos propios; y los despidos de trabajadoras y trabajadores.
Su solidaridad con los médicos de cabecera, odontólogos de los Niveles 1, trabajadores del PAMI, jubilados y organizaciones que se movilizan en defensa de la obra social, en particular con los doctores Alejandro Ciotta de Salta, Atilio Rossi de Córdoba, Gerardo Piñella de Santa Fe, Edson Ricardo Peres de Brito de Capital Federal, y otros tantos médicos a quienes les fueron retirados centenares de pacientes, luego de que denunciaran públicamente la reducción de sus ingresos y el vaciamiento de las prestaciones.
La necesidad de restituir inmediatamente la cobertura al cien por ciento de todos los medicamentos requeridos por las personas afiliadas, sin trámites de excepción, requisitos socioeconómicos ni otras barreras administrativas; regularizar las deudas y los pagos pendientes con farmacias, clínicas, sanatorios, profesionales y demás prestadores; y garantizar la continuidad integral y gratuita de turnos, estudios, tratamientos, medicamentos, prótesis, anteojos, pañales y demás prestaciones e insumos.
La inmediata recomposición de las cápitas y de los ingresos de los médicos de cabecera, de los odontólogos de los Niveles 1 y demás profesionales; el cese de toda represalia contra quienes denuncien irregularidades, recortes o deficiencias en la atención; y la restitución de los pacientes retirados a los doctores Alejandro Ciotta, Atilio Rossi, Gerardo Piñella y Edson Ricardo Peres de Brito, y a todos los médicos afectados por esta medida arbitraria.
La reapertura de las agencias, los puntos de atención y los establecimientos cerrados; el restablecimiento de una atención presencial y accesible en todo el país; y la reincorporación de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores despedidos.
La apertura de los libros contables, contratos y convenios del PAMI ante una auditoría independiente integrada por representantes electos de trabajadores activos, jubilados y pensionados; el cese de la intervención del organismo; y el cumplimiento de la integración de sus órganos de conducción con representación mayoritaria, directa y electiva de quienes sostienen la obra social con sus aportes.
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás del Caño
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el repudio de esta Cámara al proceso de vaciamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y reclamar la restitución integral de las prestaciones sanitarias correspondientes a las personas afiliadas.
Millones de jubiladas y jubilados aportaron al PAMI durante su vida laboral y continúan haciéndolo después de jubilarse. Sin embargo, enfrentan crecientes dificultades para acceder a médicos de cabecera, clínicas, medicamentos, estudios, tratamientos, prótesis, anteojos, pañales y otras prestaciones indispensables.
Una de las principales manifestaciones de esta crisis es la modificación unilateral del régimen de pago a los médicos de cabecera. Desde abril, el sistema combinado, que reconocía un pago por paciente y otro por consulta, fue sustituido por un esquema exclusivamente capitado de $2.100 mensuales por paciente, independientemente de la cantidad de consultas realizadas. De acuerdo con las denuncias de los profesionales, esta modificación produjo una reducción cercana al 50 % de sus ingresos.
Al reclamo de los médicos se suma también el de los odontólogos de los niveles I de PAMI, a quienes no se les aumenta la cápita desde marzo de 2024, por lo que se encuentra congelada en $374, muy lejos de la cápita de los médicos. Además, los odontólogos denuncian un atraso de pago desde febrero del corriente año.
El deterioro de los ingresos provoca renuncias y desvinculaciones de los profesionales de la salud, agrava la sobrecarga de quienes permanecen y reduce la capacidad de atención. Las personas afiliadas terminan deambulando entre consultorios, clínicas y hospitales en busca de turnos, camas y tratamientos que deberían estar garantizados por su obra social.
A esta situación se suman las represalias contra quienes denuncian el vaciamiento. En Salta, más de 600 pacientes del doctor Alejandro Ciotta fueron derivados a otros médicos sin notificación previa, luego de que el profesional denunciara públicamente la rebaja de ingresos y la falta de prestaciones. Según su testimonio, las propias autoridades locales le informaron que la decisión provenía de la administración nacional y estaba vinculada con sus declaraciones públicas.
Un procedimiento similar afectó en Córdoba al doctor Atilio Rossi, Presidente de la Asociación de Médicos de Córdoba (AMECOR) y referente del reclamo de los médicos de cabecera, a quien le retiraron aproximadamente 500 pacientes. Lo mismo ocurre con el doctor Gerardo Piñella en la ciudad de Rosario, Santa Fe, a quien le retiraron 600 pacientes, y con el doctor Edson Ricardo Peres de Brito, a quien le sacaron 650 pacientes. Según denuncian los médicos y trabajadores, estas represalias alcanzan a otros tantos doctores que fueron parte del reclamo. La quita de cápitas funciona como una reducción de ingresos y como un mecanismo disciplinador destinado a silenciar las denuncias.
Estas medidas también perjudican directamente a jubiladas y jubilados, que pierden la continuidad del vínculo con sus médicos y son derivados compulsivamente a otros profesionales. La atención sanitaria no puede quedar subordinada a represalias contra quienes advierten sobre el deterioro del servicio.
La crisis comprende, además, la falta de pago a farmacias, clínicas, sanatorios y demás prestadores. Las demoras provocan suspensiones de turnos, tratamientos y entrega de medicamentos, así como medidas de fuerza de profesionales y establecimientos que reclaman el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el organismo. En numerosos casos, las personas afiliadas deben pagar para acceder a prestaciones que deberían encontrarse íntegramente cubiertas.
Desde 2024, más de dos millones de afiliados quedaron excluidos del régimen de medicamentos gratuitos. Para recuperar la cobertura deben iniciar trámites de subsidio social o solicitar excepciones sujetas a requisitos restrictivos. De este modo, una prestación indispensable queda condicionada por procedimientos burocráticos y criterios socioeconómicos.
La supresión de la cobertura integral obliga a millones de jubilados, cuyos ingresos se encuentran profundamente deteriorados, a elegir entre comprar medicamentos, alimentarse o pagar los servicios esenciales. Esto resulta especialmente grave para una población con una elevada incidencia de enfermedades crónicas y tratamientos permanentes.
El cierre de agencias, puntos de atención y establecimientos propios profundiza este cuadro. Muchas personas deben recorrer grandes distancias para efectuar trámites, conseguir un turno, acceder a una farmacia o encontrar un prestador. Los despidos de trabajadoras y trabajadores del organismo reducen su capacidad de respuesta y agravan las demoras. La digitalización compulsiva de trámites tampoco puede reemplazar la atención presencial que requiere una parte considerable de la población afiliada.
El PAMI atraviesa esta crisis prestacional mientras su conducción permanece intervenida, sin participación decisiva de quienes sostienen la obra social mediante sus aportes. La ausencia de un control efectivo sobre sus cuentas, contratos y convenios favorece la opacidad en la utilización de los recursos y exige una investigación independiente.
Resulta necesario abrir los libros del organismo, revisar sus contratos y determinar el destino de sus fondos bajo el control de representantes electos por trabajadores activos, jubilados y pensionados. También corresponde poner fin a una intervención que se prolonga desde hace décadas y restituir a una dirección representativa de quienes aportan y utilizan sus servicios.
Las organizaciones de jubilados, los médicos de cabecera y los trabajadores del PAMI vienen realizando movilizaciones y medidas de lucha en defensa de las prestaciones. Reclaman la restitución de los medicamentos gratuitos, la reapertura de dependencias, la reincorporación del personal despedido, la recomposición de las cápitas y el cese de las represalias contra los profesionales denunciantes.
La reducción de la atención, la interrupción de tratamientos y la falta de medicamentos colocan en riesgo la salud y la vida de millones de personas mayores. El Gobierno nacional de Javier Milei y las autoridades del PAMI son responsables de garantizar que los recursos del organismo se destinen íntegramente a brindar una atención oportuna, integral y gratuita.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás del Caño
599
La causa
EXPTE. N°3591-D-2026
PROYECTO DE DECLARACIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA
Su enérgico repudio al vaciamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), expresado en la reducción de las cápitas y de los ingresos de médicos de cabecera; las renuncias y desvinculaciones de profesionales; las represalias contra quienes denuncian el deterioro del organismo; la eliminación de la cobertura al cien por ciento de medicamentos para más de dos millones de personas afiliadas; la falta de pago a farmacias, clínicas, sanatorios y otros prestadores; la suspensión de turnos, tratamientos y entrega de insumos; el cierre de agencias, puntos de atención y establecimientos propios; y los despidos de trabajadoras y trabajadores.
Su solidaridad con los médicos de cabecera, odontólogos de los Niveles 1, trabajadores del PAMI, jubilados y organizaciones que se movilizan en defensa de la obra social, en particular con los doctores Alejandro Ciotta de Salta, Atilio Rossi de Córdoba, Gerardo Piñella de Santa Fe, Edson Ricardo Peres de Brito de Capital Federal, y otros tantos médicos a quienes les fueron retirados centenares de pacientes, luego de que denunciaran públicamente la reducción de sus ingresos y el vaciamiento de las prestaciones.
La necesidad de restituir inmediatamente la cobertura al cien por ciento de todos los medicamentos requeridos por las personas afiliadas, sin trámites de excepción, requisitos socioeconómicos ni otras barreras administrativas; regularizar las deudas y los pagos pendientes con farmacias, clínicas, sanatorios, profesionales y demás prestadores; y garantizar la continuidad integral y gratuita de turnos, estudios, tratamientos, medicamentos, prótesis, anteojos, pañales y demás prestaciones e insumos.
La inmediata recomposición de las cápitas y de los ingresos de los médicos de cabecera, de los odontólogos de los Niveles 1 y demás profesionales; el cese de toda represalia contra quienes denuncien irregularidades, recortes o deficiencias en la atención; y la restitución de los pacientes retirados a los doctores Alejandro Ciotta, Atilio Rossi, Gerardo Piñella y Edson Ricardo Peres de Brito, y a todos los médicos afectados por esta medida arbitraria.
La reapertura de las agencias, los puntos de atención y los establecimientos cerrados; el restablecimiento de una atención presencial y accesible en todo el país; y la reincorporación de la totalidad de las trabajadoras y los trabajadores despedidos.
La apertura de los libros contables, contratos y convenios del PAMI ante una auditoría independiente integrada por representantes electos de trabajadores activos, jubilados y pensionados; el cese de la intervención del organismo; y el cumplimiento de la integración de sus órganos de conducción con representación mayoritaria, directa y electiva de quienes sostienen la obra social con sus aportes.
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás del Caño
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el repudio de esta Cámara al proceso de vaciamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y reclamar la restitución integral de las prestaciones sanitarias correspondientes a las personas afiliadas.
Millones de jubiladas y jubilados aportaron al PAMI durante su vida laboral y continúan haciéndolo después de jubilarse. Sin embargo, enfrentan crecientes dificultades para acceder a médicos de cabecera, clínicas, medicamentos, estudios, tratamientos, prótesis, anteojos, pañales y otras prestaciones indispensables.
Una de las principales manifestaciones de esta crisis es la modificación unilateral del régimen de pago a los médicos de cabecera. Desde abril, el sistema combinado, que reconocía un pago por paciente y otro por consulta, fue sustituido por un esquema exclusivamente capitado de $2.100 mensuales por paciente, independientemente de la cantidad de consultas realizadas. De acuerdo con las denuncias de los profesionales, esta modificación produjo una reducción cercana al 50 % de sus ingresos.
Al reclamo de los médicos se suma también el de los odontólogos de los niveles I de PAMI, a quienes no se les aumenta la cápita desde marzo de 2024, por lo que se encuentra congelada en $374, muy lejos de la cápita de los médicos. Además, los odontólogos denuncian un atraso de pago desde febrero del corriente año.
El deterioro de los ingresos provoca renuncias y desvinculaciones de los profesionales de la salud, agrava la sobrecarga de quienes permanecen y reduce la capacidad de atención. Las personas afiliadas terminan deambulando entre consultorios, clínicas y hospitales en busca de turnos, camas y tratamientos que deberían estar garantizados por su obra social.
A esta situación se suman las represalias contra quienes denuncian el vaciamiento. En Salta, más de 600 pacientes del doctor Alejandro Ciotta fueron derivados a otros médicos sin notificación previa, luego de que el profesional denunciara públicamente la rebaja de ingresos y la falta de prestaciones. Según su testimonio, las propias autoridades locales le informaron que la decisión provenía de la administración nacional y estaba vinculada con sus declaraciones públicas.
Un procedimiento similar afectó en Córdoba al doctor Atilio Rossi, Presidente de la Asociación de Médicos de Córdoba (AMECOR) y referente del reclamo de los médicos de cabecera, a quien le retiraron aproximadamente 500 pacientes. Lo mismo ocurre con el doctor Gerardo Piñella en la ciudad de Rosario, Santa Fe, a quien le retiraron 600 pacientes, y con el doctor Edson Ricardo Peres de Brito, a quien le sacaron 650 pacientes. Según denuncian los médicos y trabajadores, estas represalias alcanzan a otros tantos doctores que fueron parte del reclamo. La quita de cápitas funciona como una reducción de ingresos y como un mecanismo disciplinador destinado a silenciar las denuncias.
Estas medidas también perjudican directamente a jubiladas y jubilados, que pierden la continuidad del vínculo con sus médicos y son derivados compulsivamente a otros profesionales. La atención sanitaria no puede quedar subordinada a represalias contra quienes advierten sobre el deterioro del servicio.
La crisis comprende, además, la falta de pago a farmacias, clínicas, sanatorios y demás prestadores. Las demoras provocan suspensiones de turnos, tratamientos y entrega de medicamentos, así como medidas de fuerza de profesionales y establecimientos que reclaman el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el organismo. En numerosos casos, las personas afiliadas deben pagar para acceder a prestaciones que deberían encontrarse íntegramente cubiertas.
Desde 2024, más de dos millones de afiliados quedaron excluidos del régimen de medicamentos gratuitos. Para recuperar la cobertura deben iniciar trámites de subsidio social o solicitar excepciones sujetas a requisitos restrictivos. De este modo, una prestación indispensable queda condicionada por procedimientos burocráticos y criterios socioeconómicos.
La supresión de la cobertura integral obliga a millones de jubilados, cuyos ingresos se encuentran profundamente deteriorados, a elegir entre comprar medicamentos, alimentarse o pagar los servicios esenciales. Esto resulta especialmente grave para una población con una elevada incidencia de enfermedades crónicas y tratamientos permanentes.
El cierre de agencias, puntos de atención y establecimientos propios profundiza este cuadro. Muchas personas deben recorrer grandes distancias para efectuar trámites, conseguir un turno, acceder a una farmacia o encontrar un prestador. Los despidos de trabajadoras y trabajadores del organismo reducen su capacidad de respuesta y agravan las demoras. La digitalización compulsiva de trámites tampoco puede reemplazar la atención presencial que requiere una parte considerable de la población afiliada.
El PAMI atraviesa esta crisis prestacional mientras su conducción permanece intervenida, sin participación decisiva de quienes sostienen la obra social mediante sus aportes. La ausencia de un control efectivo sobre sus cuentas, contratos y convenios favorece la opacidad en la utilización de los recursos y exige una investigación independiente.
Resulta necesario abrir los libros del organismo, revisar sus contratos y determinar el destino de sus fondos bajo el control de representantes electos por trabajadores activos, jubilados y pensionados. También corresponde poner fin a una intervención que se prolonga desde hace décadas y restituir a una dirección representativa de quienes aportan y utilizan sus servicios.
Las organizaciones de jubilados, los médicos de cabecera y los trabajadores del PAMI vienen realizando movilizaciones y medidas de lucha en defensa de las prestaciones. Reclaman la restitución de los medicamentos gratuitos, la reapertura de dependencias, la reincorporación del personal despedido, la recomposición de las cápitas y el cese de las represalias contra los profesionales denunciantes.
La reducción de la atención, la interrupción de tratamientos y la falta de medicamentos colocan en riesgo la salud y la vida de millones de personas mayores. El Gobierno nacional de Javier Milei y las autoridades del PAMI son responsables de garantizar que los recursos del organismo se destinen íntegramente a brindar una atención oportuna, integral y gratuita.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Romina Del Plá
Néstor Pitrola
Myriam Bregman
Nicolás del Caño
Las voces de los firmantes
Actualizaciones de la petición
Compartir esta petición
Petición creada en 30 de julio de 2026