Mi padre, Andrés, murió 24 horas después de que pidiéramos ayuda por última vez. Durante dos años, la administración solo nos dijo que "estaba en proceso". Pedimos protocolos urgentes de coordinación en dependencia, para que esto no le vuelva a pasar a nadie.

Andrés trabajó toda su vida, crio a sus hijos, y nunca pidió nada que no se mereciera. En sus últimos años convivía con Alzheimer avanzado y Esclerosis Múltiple. Su cuidadora principal —mi madre, con un 67% de discapacidad reconocida— intentaba darle una atención que necesitaba las 24 horas. Ni mi hermano ni yo podíamos asumirla a tiempo completo.

Durante dos años pedimos, una y otra vez, que se revisara su valoración de dependencia. La respuesta fue siempre la misma: "está en proceso". Dos meses antes del final, mi madre colapsó. Fue certificado médicamente. Aun así, cuando llegó el momento, la administración decidió dar de alta a mi padre para volver a casa, sin plaza residencial ni recursos asignados.

Esto es lo que pasó en sus últimos días:

12 de julio de 2026 — Presentamos una última solicitud urgente pidiendo que se revisara esa decisión.
Noche del 12 de julio — Mi padre ingresa de urgencia con complicaciones respiratorias y fiebre.
13 de julio de 2026 — Andrés muere.
Menos de 24 horas entre nuestra última petición de ayuda y su muerte.

No creemos que hubiera un culpable concreto. Vimos, sí, que el sistema sabía todo lo que necesitaba saber: que había dos diagnósticos irreversibles, que la cuidadora había colapsado, que los hijos no podían asumir el cuidado, que llevábamos dos años pidiendo ayuda. Y aun sabiéndolo todo, decidió que todo estaba "en orden".

Eso no es un error puntual. Es la falta de coordinación entre la valoración de dependencia, la atención sanitaria y los recursos residenciales — y sospechamos que le está pasando, ahora mismo, a otras familias en Álava.

Qué pedimos
Revisión obligatoria y ágil de la valoración de dependencia cuando la familia aporte un informe médico que acredite un empeoramiento significativo — sin que el proceso pueda alargarse durante años.
Un protocolo real de coordinación entre servicios sociales, sanitarios y residenciales, para que ninguna decisión de alta a domicilio se tome sin confirmar antes que existen los recursos necesarios.
Atención prioritaria y urgente a las situaciones de claudicación del cuidador principal, certificadas médicamente.
Un canal de seguimiento accesible, para que las familias sepan en qué punto está su expediente sin tener que empezar de cero cada vez que preguntan.
No pedimos esto por rencor. Andrés fue un hombre honrado, trabajador, un padre ejemplar, y merecía que el sistema no le fallara en su momento más vulnerable. Firma esta petición para pedir que la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco se comprometan con estos cuatro puntos.

Por Andrés, y por quienes vengan después.

Puedes leer su historia completa aquí:

Una historia de deshumanización administrativa.

Familia Arenas González de Lopidana