Queridos firmantes:

Gracias a vuestro apoyo, esta petición ha crecido y ha dejado claro algo fundamental: la ciudadanía exige coherencia, justicia y responsabilidad en la política. Denunciar los privilegios no es suficiente. Es el momento de proponer un modelo claro, justo y comprensible para todos.

El principio es sencillo: Quien gobierna debe vivir como vive la mayoría. Si legislas para el pueblo, cobra como el pueblo. No es castigo, es coherencia democrática.

El programa electoral ya no será una promesa, será su sueldo.

1. Salario Base – El “SMI Político”

Todos los cargos electos, sin excepción, cobrarán únicamente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente, en las mismas condiciones que cualquier trabajador.

Bajo la Ley de Igualdad Político-Ciudadana: SMI y Fin de Privilegios:

• Todos los cargos cobrarían 16.576 € anuales, salvo variación por bonus de resultados.
• Solo los cargos con más responsabilidad ejecutiva podrían tener un múltiplo moderado (p. ej., SMI x 2 para puestos clave como Presidente del Gobierno), como forma transitoria y justificada por responsabilidad, sin privilegios añadidos.
   

Claves del sistema:

• Si un político quiere ganar más, solo podrá hacerlo mejorando el SMI de todos.
• Tendrán las mismas subidas, congelaciones o pérdidas de poder adquisitivo que el resto de la ciudadanía.
• Se eliminan complementos, dietas de representación y gastos opacos.
• Solo se mantiene la seguridad personal cuando exista un riesgo real y justificado.

No pedimos políticos pobres. Pedimos políticos conectados con la realidad.

2. Bonus por Objetivos Cumplidos (RVR – Retribución Variable por Resultados)

Para premiar el trabajo bien hecho y evitar la política de propaganda se establece un bonus anual único, no automático ni acumulable.

• Máximo: 50 % del SMI anual. (En 2025 es una media de 700€/mensuales que no está nada mal). 
• Solo se cobra si se cumplen objetivos claros, públicos y verificables.
   

Estructura del Bono

Los objetivos se dividen en tres bloques, cada uno con un porcentaje máximo del bono:

Bloque A – Cumplimiento del Programa Electoral (40%)

Cada promesa se convierte en un compromiso medible, con indicadores concretos.

Ejemplos:

• Educación: reducir la ratio alumno/profesor a un nivel concreto en un plazo definido.
• Medio ambiente: plantar un número verificable de árboles en un año.
• Vivienda: rehabilitar y poner en alquiler viviendas públicas hoy vacías.

Nada de “impulsar” o “estudiar”.
Solo cuentan los resultados.
El bonus se cobra de forma proporcional al grado de cumplimiento.

Bloque B – Salud Económica y Social (30%)

• Se mide con datos objetivos:
• Listas de espera sanitarias
• Empleo
• Inflación
• Si estos indicadores empeoran, ese bloque del bonus se pierde automáticamente.

Garantiza que la política tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos.

Bloque C – Eficiencia Presupuestaria y Gestión Administrativa (30%)

• Uso responsable del presupuesto
• Reducción de burocracia
• Mejora en los tiempos de respuesta de la administración

Auditoría Independiente:

• Todos los resultados serán verificados por un organismo técnico independiente, como el Tribunal de Cuentas ampliado o una comisión ciudadana con capacidad de auditoría.
• Bono colectivo: si el conjunto del gobierno o del equipo electo no cumple los objetivos mínimos de los bloques, ningún miembro recibe el bono, fomentando la cooperación y evitando bonificaciones individuales injustas.
• Publicación anual de resultados: cada ciudadano podrá consultar qué objetivos se cumplieron, cuáles fallaron y cuánto se pagó en bonos, en lenguaje claro y accesible.

Prometer deja de ser gratis.

3. Eliminación de Privilegios y Sueldos Post-Cargo

• Cero sueldos vitalicios y cero indemnizaciones por cese.
  Al dejar el cargo, el político vuelve a su trabajo o al paro, como cualquier ciudadano.
  Esto incluye a expresidentes y altos cargos, eliminando oficinas, personal y vehículos vitalicios.
• Fin de puertas giratorias.
  Prohibición de asesorías o cargos remunerados tras el cese.
  Se propone una cuarentena de hasta 20 años, extensiva a familiares directos, para evitar conflictos de interés.
• Igualdad ante la ley.
  Fin de los aforamientos: todos responden ante tribunales ordinarios.
• Seguridad personal, solo cuando exista riesgo real y justificado.
• Transparencia total.
  Cualquier ingreso o gasto será público, claro y entendible.

Gobernar bien implica vivir y responder como cualquier ciudadano, sin privilegios ni blindajes.

4. Transparencia y Cláusula de Realidad

• Publicación anual clara de salarios, bonus y objetivos cumplidos o fallidos.
• Si el SMI se congela o pierde poder adquisitivo, los políticos también.
• Se acaba el blindaje económico que los separa de la vida real.

Pasar de las promesas a compromisos verificables es un paso decisivo para mejorar nuestra democracia. Esta propuesta no es perfecta ni cerrada: es un punto de partida que necesita debate, buenas métricas y control independiente para funcionar correctamente.

El objetivo no es castigar a nadie, sino acercar la política a la realidad de la gente.

Que gobernar sea un servicio temporal, evaluable y sin privilegios.
No es populismo. Es responsabilidad democrática.
Porque una democracia sana se basa en hechos, no en promesas.

Menos palabras. Más hechos. Cero privilegios.

La Ley de Igualdad Político-Ciudadana: SMI y Fin de Privilegios, no castiga a nadie. Simplemente pone la política a la altura de la ciudadanía.