Prohibir remuneraciones políticas tras dejar el cargo, con carácter retroactivo.
Prohibir remuneraciones políticas tras dejar el cargo, con carácter retroactivo.
El problema
La mayoría de los españoles sabemos que el futuro de las pensiones es incierto. Nuestros mayores sobreviven con pensiones que apenas cubren lo básico, después de toda una vida de esfuerzo. Y los jóvenes, que deberían confiar en las leyes y en sus representantes, cada vez ven más difícil creer en un sistema que no premia el mérito ni la honestidad, sino los privilegios de unos pocos.
Mientras tanto, muchos cargos políticos —pasados y presentes— siguen recibiendo algún tipo de retribución o privilegio una vez terminado su mandato. Esto no es justo. Ningún representante público debería conservar ventajas económicas a costa del pueblo cuando deja de servirlo. Su responsabilidad termina con su cargo, no debe extenderse a costa del presupuesto común.
Pedimos una ley que prohíba toda remuneración o beneficio económico para los cargos públicos una vez finalizado su mandato, incluidos los expresidentes del Gobierno, cuyas “asignaciones” y recursos (oficina, personal, vehículo oficial, etc.) se mantienen con carácter vitalicio.
De acuerdo con el artículo 98.3 de la Constitución Española, “los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas ni actividad profesional o mercantil alguna” durante su mandato. Asimismo, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece en su artículo 15 una “cuarentena de dos años remunerada” tras dejar el cargo, impidiendo a los altos cargos trabajar en empresas privadas relacionadas con sus competencias.
Sin embargo, esta medida no afecta a diputados, senadores ni ministros, ni incluye a sus familiares directos, lo que deja abierta la puerta a conflictos de interés y al uso de influencias.
Por ello, proponemos ampliar esa cuarentena a 20 años y extenderla tanto a los propios cargos como a sus familiares directos, en ambas direcciones. De esta forma se garantizaría que ningún representante público ni su entorno pueda beneficiarse de decisiones tomadas durante el ejercicio del poder. Es una forma de proteger la confianza del pueblo en sus instituciones.
No podemos permitir más noticias como estas, son indignantes, no importa el color del partido a diario las estamos viendo:
PP y PSOE se unen en la Asamblea de Madrid para subir el sueldo a los diputados
La dirección de Vox se aumenta el sueldo un 25%
El Senado destina 1.300.000 euros a indemnizar a los exsenadores
Esta petición busca reunir al menos 500.000 firmas ciudadanas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleve esta propuesta al Congreso de los Diputados.
Firma y comparte. Que ningún cargo político cobre ni un solo euro del dinero público cuando ya no sirven al público.
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El problema
La mayoría de los españoles sabemos que el futuro de las pensiones es incierto. Nuestros mayores sobreviven con pensiones que apenas cubren lo básico, después de toda una vida de esfuerzo. Y los jóvenes, que deberían confiar en las leyes y en sus representantes, cada vez ven más difícil creer en un sistema que no premia el mérito ni la honestidad, sino los privilegios de unos pocos.
Mientras tanto, muchos cargos políticos —pasados y presentes— siguen recibiendo algún tipo de retribución o privilegio una vez terminado su mandato. Esto no es justo. Ningún representante público debería conservar ventajas económicas a costa del pueblo cuando deja de servirlo. Su responsabilidad termina con su cargo, no debe extenderse a costa del presupuesto común.
Pedimos una ley que prohíba toda remuneración o beneficio económico para los cargos públicos una vez finalizado su mandato, incluidos los expresidentes del Gobierno, cuyas “asignaciones” y recursos (oficina, personal, vehículo oficial, etc.) se mantienen con carácter vitalicio.
De acuerdo con el artículo 98.3 de la Constitución Española, “los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas ni actividad profesional o mercantil alguna” durante su mandato. Asimismo, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece en su artículo 15 una “cuarentena de dos años remunerada” tras dejar el cargo, impidiendo a los altos cargos trabajar en empresas privadas relacionadas con sus competencias.
Sin embargo, esta medida no afecta a diputados, senadores ni ministros, ni incluye a sus familiares directos, lo que deja abierta la puerta a conflictos de interés y al uso de influencias.
Por ello, proponemos ampliar esa cuarentena a 20 años y extenderla tanto a los propios cargos como a sus familiares directos, en ambas direcciones. De esta forma se garantizaría que ningún representante público ni su entorno pueda beneficiarse de decisiones tomadas durante el ejercicio del poder. Es una forma de proteger la confianza del pueblo en sus instituciones.
No podemos permitir más noticias como estas, son indignantes, no importa el color del partido a diario las estamos viendo:
PP y PSOE se unen en la Asamblea de Madrid para subir el sueldo a los diputados
La dirección de Vox se aumenta el sueldo un 25%
El Senado destina 1.300.000 euros a indemnizar a los exsenadores
Esta petición busca reunir al menos 500.000 firmas ciudadanas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleve esta propuesta al Congreso de los Diputados.
Firma y comparte. Que ningún cargo político cobre ni un solo euro del dinero público cuando ya no sirven al público.
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Los destinatarios de la petición
Opiniones de firmantes
Petición creada en 5 de noviembre de 2025