¡Libertad y amnistía para prisioneros políticos en Colombia!

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Que haya alrededor de 1.100 prisioneros en la cárceles del país, pero además padeciendo  las proverbiales condiciones de trato cruel, inhumano y degradante -cuando no de física tortura-, condiciones a las que el odio de la guerra inculcó en el Estado la certeza que podía someter a su enemigo, es inaceptable. Resulta señor Presidente que ese enemigo ya no lo es, ni es combatiente; su puesta en libertad fue pactada y firmada en el Acuerdo de Paz y hecha posible por ley de la república. Pero además, en todo caso y mientras se  les concede la libertad a la que tienen derecho, las leyes de la guerra y el derecho de gentes, prohíben el maltrato  de los prisioneros. De esto dio lecciones el Padre de la Patria, en una guerra –esa sí de verdad-, más cruel que ésta a la que se ha puesto fin.

Y de lo anterior, sí que sabe el gobierno que el Dr. Santos preside. Tanto, que ha considerado que para  que la paz firmada tenga la esencial virtud de ser cierta, estable y duradera, se ha preocupado de que los presos militares tengan las mejores condiciones de reclusión, mientras alcanzan la libertad en los urgentes términos que  dispuso para ello. Sin reparar en la atrocidad de los delitos cometidos. No tuvo la misma consideración con respecto a los presos de la insurgencia con la cual Ud. pactó la Paz. Y esto,  señor Presidente, además de no parecer Justo ni Honrado y arrojar Sombras sobre  el camino de la Paz, es un  contrasentido.

 

La expuesta precisión - constancia de un redoblado agravio que la firma de la Paz supuso para las víctimas de las armas oficiales-, como exordio del objeto de esta Exhortación: la reclamada libertad  de los presos de las ex FARC-EP.  Y llegando a este punto, citar  el Decreto 1269 de 2017 que el gobierno nacional tuvo a bien emitir invocando el mandato constitucional del art. 22  y la ley 1738 de 2014 que dispone que la política de paz le corresponde al Presidente de la República, para en función de ello y en concordancia  con el art. 188 de la Constitución -obligación del presidencial de garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos-, tomar medidas  para imponerle a los jueces en términos perentorios,  la “libertad transitoria, condicionada y anticipada” de los miembros de la fuerza pública presos.

Pues bien señor Presidente,   como reza el principio de que “A la misma razón la misma disposición”, respetuosamente lo convocamos para  que con idéntica motivación, la misma preocupación por una Paz estable y duradera e igual atendiendo el alto interés por los derechos y libertades de todos los colombianos,  emita similar Decreto pero esta vez  destinado no a los miembros de la fuerza pública privados de la libertad aún por actos “indirectamente” relacionados con el conflicto, sino a los miembros de las ex FARC-EP  que insólitamente, un año después de suscrita la paz y de vigencia de la ley de Amnistía, permanecen en las cárceles del país. 

La fundamentación y la motivación del decreto al que lo estamos instando,  así como las facultades presidenciales para promulgarlo no tienen discusión y son de  su cabal conocimiento como lo pone de presente el Decreto 1269 de 2017.



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