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El objeto de esta iniciativa es regular la subcontratación de una forma general en todos los sectores de producción y económicos de nuestro país, tanto de obras como de servicios.

La modificación planteada por SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (STC) se dirige en tres sentidos:

1º.- El cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrataciones que se efectúen respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y evitar la especulación mediante la acaparación de contratos.

2º.- Exigir una serie de requisitos de calidad o solvencia a las empresas que vayan a actuar en cualquier sector, y reforzando estas garantías en relación con la acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos, con la acreditación de la organización preventiva de la propia empresa y con la calidad del empleo precisando unas mínimas condiciones de estabilidad en el conjunto de la empresa.

3º.- Regular la implantación de un gravamen económico sobre las obras o servicios subcontratados, encaminado a hacer desistir a los empresarios de la subcontratación de obras y servicios salvo en los supuestos en que les sea realmente necesario, evitando así la destrucción o sustitución de empleo estable y de calidad por otro modelo más más precario. A su vez, evitar la especulación y enriquecimiento a través de empresas que se dediquen a acaparar contratos públicos o privados, sin que esté en su ánimo realizar los mismos con recursos propios.

El SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (STC) pretende modificar esta Ley abordándola como una regulación general del régimen jurídico de la subcontratación que establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o merma en los derechos de los mismos.

 



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