La difícil situación económica que ha generado la pandemia de COVID-19, ha generado que un importante número de familias se encuentren imposibilitado para cubrir las cuotas rentisticas de su vivienda, generando un problema social, motivo por el cual el Estado mexicano, debe atender esta problemática, sea con subsidios o hasta expropiaciones para beneficio colectivo, evitando así un grave desenlace económico-social. 

Por otra parte el artículo 123, en su fracción XII garantiza la vivienda de los trabajadores como un derecho social. Así mismo la Convención Americana de los Derechos humanos, reconoce en su artículo 25 el Derecho a una vivienda digna.

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Por lo anterior el Estado mexicano, debe velar por el respeto al acceso a una vivienda que satisfaga a los núcleos poblacionales conformados por la clase trabajadora, tomando en cuenta incluso a aquellos que se encuentran vulnerables por la perdida del ingreso familiar. 

Por lo cual, debemos hacer llegar esta solicitud al presidente de la República, para efecto de que ordene las medidas conducentes, incluso emitir una Iniciativa Preferente, para efecto de que sea emitida una LEY DE SUSPENCION DE PAGOS DE RENTA DE VIVIENDA, en beneficio de la Clase Trabajadora económicamente vulnerable del pais.