No a la extradición de Paul Merle Eischeid desde Argentina a los Estados Unidos

No a la extradición de Paul Merle Eischeid desde Argentina a los Estados Unidos

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Solicitamos que Paul no sea devuelto a los EEUU para enfrentar un juicio injusto en un país que todavía practica el uso barbárico de la PENA DE MUERTE y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como el “Corredor de la Muerte” y otros comúnmente prohibidos por muchos países. Pedimos que Paul sea juzgado, y si se determina necesario, sentenciado en su país de adopción, Argentina, lejos de las motivaciones políticas del gobierno Estadounidense y la influencia y propaganda de sus agencias de policía.

Historia: Paul es estadounidense, tiene 43 años y es Licenciado en Finanzas. Ha vivido en Argentina con su esposa e hijo Argentinos por 11 años. Hace casi 5 años está detenido debido a un proceso de extradición a los EEUU. Si es extraditado va a ser juzgado por crímenes que no ha cometido, pero podría recibir la sentencia irreversible de la Pena de Muerte como resultado.

El caso de Paul es muy largo y complejo. Fue detenido en 2003 en el Estado de Arizona, EEUU, por un solo cargo: Homicidio en apoyo de una asociación ilícita (por un crimen ocurrido en Octubre de 2001). Un mes después fue liberado bajo arresto domiciliario por falta de pruebas y porque tenía un trabajo importante como Corredor de Bolsa. Un poco después el gobierno federal anunció que iba  a pedir la Pena de Muerte por este crimen. En ese momento decidió venir a Argentina por miedo a no recibir un juicio justo y la posibilidad de recibir una sentencia de muerte como resultado.

La acusación y cargos contra Paul son basados solo en el testimonio de Michael Kramer, un ‘informante por pago’ o empleado de la policía federal (ATF). Este mismo sujeto se declaró culpable por el mismo homicidio que acusan a Paul de haber cometido. Kramer fue sentenciado a 5 años de probation (ni un día en la cárcel) por el homicidio y recibió más de u$s 500.000 por su cooperación y trabajo para la policía. El gobierno, miembros de la policía y los medios de comunicación todavía continúan publicando la versión del crimen de Kramer en los diarios, libros, internet y televisión aunque ninguna parte de su historia está probada en la corte. Lo que sí está probado hasta ahora en las corte, es que el gobierno federal no entregó cientos de piezas de pruebas obligatorias a los abogados y que la policía federal intencionalmente destruyó pruebas, como muestras de ADN, que eran beneficiosas a la defensa de Paul.

En ausencia de Paul el gobierno federal agregó 3 cargos más y el estado de Arizona 5. Todos los 9 cargos son basados en el mismo crimen y 5 de estos tienen una sentencia máxima de Pena de Muerte. En el pedido de extradición enviado por EEUU el gobierno omitió todos los detalles de Michael Kramer y la investigación deshonesta y tramposa que realizaron basada en su testimonial.

Durante el juicio de extradición la Defensa mostró que existen motivaciones políticas en la solicitud de los EEUU, que un juicio justo en los EEUU va a ser casi imposible de obtener, que es extremadamente raro que el gobierno federal y un estado juzguen simultáneamente una persona por el mismo crimen y que no es común tener un testigo que es informante por pago y que se benefició tan extremadamente en intercambio por su colaboración y testimonial. Se mostró también que las garantías dadas por el gobierno federal que aseguran que el uso de la Pena Capital no sería aplicada si Paul es extraditado no son suficientes porque no es claro quién firmó el documento presentado ni si el gobierno federal tiene en su estructura de poder la facultad de comprometer al estado de Arizona a cumplir y remover la Pena de Muerte como una opción de sentencia. Es también un hecho claro que los EEUU tienen una historia larga de no cumplimiento de las garantías dadas a favor de los Derechos Humanos.

Aunque toda la información mencionada fue revelada en la corte, miles de páginas de documentación en apoyo que fueron presentadas por la defensa no fueron admitidas para su uso en el juicio, tampoco el gobierno de EEUU proveyó pruebas adicionales pedidas por la Jueza con anterioridad al juicio. La jueza falló en favor de los EEUU y ordenó la extradición de Paul y no puso limitaciones humanitarias por la extradición como está permitido en la ley. Todavía más increíble es que los abogados de Paul no presentaron la apelación dentro del plazo establecido por ley. Su caso nunca fue revisado por una corte superior. En suma, Paul se ve sometido a violaciones flagrantes de sus derechos humanos, debido proceso y el más importante, su derecho a vivir.

Si es extraditado: ¿Quién le asegura que va a ser juzgado justamente con todas las pruebas cruciales que fueron destruidas y ocultadas, con las motivaciones políticas del gobierno  estadounidense y sus policías que quieren verlo condenado por este crimen y con todos los medios prejudiciales publicados en los EEUU? ¿Quién va a ser responsable por su muerte si él está sujeto a un juicio así de imparcial?

Por favor ayúdennos a mantener a Paul en Argentina donde puede ser juzgado justamente y tratado humanamente. Agradecemos a todos su apoyo.

 

No to the extradition of Paul Merle Eischeid from Argentina to United States of America

Request: We request that Paul not be returned to the U.S. to face an unfair trial in a country that still practices the barbaric use of the Death Penalty and other inhumane, cruel, and degrading punishments such as Death Row and others commonly outlawed by many countries. We ask for Paul to be tried, judged, and if determined necessary, sentenced in his adopted country of Argentina far from the political motivations of the U.S. government and the influence and propaganda of its police agencies.

History: Paul is a 43 year old American, he has a Bachelor’s degree in Finance, and has lived in Argentina with his Argentinean wife and son for 11 years. For almost 5 years he has been imprisoned due to an extradition request filed by the U.S.A. If extradited he will be tried for crimes he did not commit but could receive the irreversible sentence of the Death Penalty as a result.

Paul’s case is very long and complicated. He was detained in 2003 in the state of Arizona for one charge: Homicide in the aid of furthering a criminal organization (for a crime that occurred in October of 2001). A month later he was released under house arrest for lack of evidence and because he had an important job as a stock broker. A short time later the federal government announced they were going to seek the Death Penalty for his crime. He decided then to come to Argentina for fear of not being able to receive a fair trial and possibly receiving a death sentence as a result.

The accusation and charges against Paul are all based on the testimony of Michael Kramer, a ‘paid informant’ or employee of the federal police (ATF). This same person later declared guilty to the same homicide that Paul is being accused of having committed. Kramer was sentenced to 5 years probation for the murder (not one day in jail) and received more than $500,000 dollars for his cooperation and work for the police. The government, members of the police, and the media still continue to publicize Kramer’s version of the crime in the newspapers, books, internet, and TV although none of his story has been proven in court. What has been proven in court so far is that the federal government failed to turn over hundreds of required pieces of  evidence to the attorneys and that the federal police intentionally destroyed evidence, such as DNA tests, that was beneficial to Paul’s defense.

In Paul’s absence the federal government added 3 more charges and the state of Arizona 5. All 9 charges are based upon the same crime and of those charges 5 have a maximum sentence of the Death Penalty. In the request for extradition the U.S. government omitted all details of Michael Kramer and the dishonest and shady investigation that was conducted as a result of his testimony.

During the extradition trial the Defense demonstrated that there exists political motivations for the extradition request of Paul to the United States, that a fair trial in the States would be almost impossible to obtain, that it is extremely rare for the federal government and a State to simultaneously try a person for the same crime, and that it is very uncommon to have a principle witness, a paid informant, that benefited so extremely in exchange for his cooperation and testimony. It was also shown that the guarantees provided by the federal government that assure that the use of Capital Punishment will not be applied if Paul was to be extradited are not sufficient as it is not clear who signed the presented documents nor if the federal government has within it’s infrastructure the power to force the State of Arizona to comply and remove the Death Penalty as a possible sentencing option. It was also made clear that the U.S. has a long history of non-fulfillment when it comes to such human rights guarantees.

Although the information mentioned above was revealed in court, thousands of pages of supporting documentation that was presented by the Defense was not permitted for use in trial nor did the U.S. government  provide additional evidence request by the Judge pretrial.  The Judge ruled in favor of the United States and ordered Paul’s extradition. The Judge also failed to put any humanitarian conditions on the extradition as is allowed by law. Even more shocking was the fact that Paul’s attorneys filed his appeal outside of the time limits allowed for it to be presented. His case has never been reviewed by a higher court. In summary, Paul has been subjected to flagrant violations of his human rights, due process, and most importantly, the right to live.

Paul has been detained in Argentina for almost 5 years without any charges or final sentencing. If extradited he will have to wait another undetermined amount of time for his trials to begin. Who will assure that he will be tried fairly with crucial evidence having been destroyed and hidden, with the political motivations of the U.S. government and it’s police to see him sentenced for this crime, and with all the pre judicial media coverage published in the States? Who will be responsible for his death if he is subjected to such a biased trial?

Please help us keep Paul in Argentina where he can be tried fairly and treated humanely. We thank you for your support.

 

This petition will be delivered to:
  • Presidente de la República Argentina
  • Ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina

    Free Paul Eischeid started this petition with a single signature, and now has 4,197 supporters. Start a petition today to change something you care about.