Un año atrás, la Red Hondureña por Escazú, integrada por 36 organizaciones, entregó al Congreso una Iniciativa de Ley Ciudadana respaldada por más de 7,000 firmas para exigir la firma del Acuerdo de Escazú.

Esa entrega representó la esperanza de comunidades que todos los días enfrentan la violencia, el despojo y el silencio de las instituciones. Sin embargo, un año después, la realidad es dolorosa:

• Más de 30 defensores ambientales asesinados desde 2022, entre ellos Juan Antonio López, líder comunitario en defensa del río Guapinol.
• Numerosos casos de criminalización y estigmatización contra quienes defienden sus tierras. Cero voluntad política para que el gobierno avance en la firma y ratificación.

El Acuerdo de Escazú es una herramienta que puede cambiar la forma en que Honduras enfrenta la crisis ambiental y la violencia: garantiza información pública, participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental y protección para defensores y defensoras.

Hoy, te pedimos unirte a esta campaña para decirle al gobierno: ¡basta de retrasos, Honduras necesita Escazú ya!

Antecedentes: 

El 2024 fue un año lleno de desafíos significativos para los derechos humanos, la protección de las personas defensoras y el medio ambiente, particularmente en lo que respecta a la posibilidad de que Honduras diera un paso crucial hacia la adhesión al Acuerdo de Escazú. Este acuerdo no solo implica la firma de un tratado internacional con otros países de América Latina y el Caribe, sino el compromiso del país de garantizar acceso a información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección a personas defensoras del ambiente.

Para muchas personas defensoras del medio ambiente, organizaciones de la sociedad civil, movimientos territoriales, pueblos indígenas, afrodescendiente, juventudes, entre otros actores, se traduce en la oportunidad para buscar que el Estado implemente mejores estándares internacionales y promueva reformas legales y normativas que aseguren que la población, especialmente la más vulnerable, tenga acceso a la información sobre decisiones gubernamentales que puedan impactar en su medio ambiente y medios de vida, dejando la posibilidad de recurrir a tribunales o mecanismos de solución de conflictos cuando no se respeten los principios de acceso a la información y la participación pública. Estos elementos inciden en la prevención de conflictos sociales y violaciones de derechos humanos.

No obstante, aunque el Acuerdo de Escazú ofrece una vía para la mejora de la gobernanza ambiental en la región, la situación en Honduras sigue siendo compleja y desalentadora. A las luchas diarias de las comunidades y las personas defensoras, que enfrentan una realidad marcada por la pobreza, corrupción, inseguridad y crimen organizado, se suman los conflictos socioambientales, que afectan especialmente a las comunidades rurales, campesinas, pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos problemas no solo son estructurales, sino que también están exacerbados por un sistema extractivista que, bajo la excusa de ser un modelo de “desarrollo”, en la práctica ha generado mayores desigualdades sociales, corrupción, asesinatos, violencia, problemas de salud físico y emocionales, criminalización, migración forzada, división comunitaria, pobreza, entre otras afectaciones.

A pesar de los esfuerzos incansables de la Red Hondureña por Escazú a lo largo del año para hacer reflexionar al Poder Ejecutivo y Legislativo sobre la importancia de la adhesión a este acuerdo, la realidad sigue siendo desalentadora. El Acuerdo de Escazú ha quedado en el escritorio de la Secretaría de la Presidencia, mientras que en el Congreso Nacional sigue en revisión de una Iniciativa Ciudadana firmada por más de siete mil personas que avalan la voluntad soberana del pueblo a favor de este Acuerdo. Pese a las constantes reuniones con diferentes autoridades y a las recomendaciones de organismos internacionales, entre otros actores para que el Estado adopte el Acuerdo de Escazú, el proceso de adhesión de Honduras sigue siendo una promesa pendiente, que se ha quedado en solo buenas intenciones.

Perspectiva sobre el Acuerdo de Escazú en Honduras durante el 2025

El Acuerdo de Escazú representa una oportunidad histórica para Honduras para avanzar hacia una sociedad más justa, transparente e inclusiva, en la que los derechos humanos y la protección del medio ambiente se entrelacen de manera fundamental y se promueva el desarrollo sostenible, garantizando la seguridad de las personas defensoras del medioambiente que ponen en riesgo sus vidas para proteger los recursos naturales y los derechos de las comunidades más vulnerables.

Sin embargo, el camino hacia la adhesión de Honduras al Acuerdo sigue siendo incierto para el 2025, un año electoral donde además finaliza el cuarto periodo presidencial de Xiomara Castro. 

Por ello se requiere seguir haciendo esfuerzos para mantener los diálogos con autoridades, fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos, participación de la sociedad civil en espacios de gobierno, apoyo de organismos nacionales y la cooperación internacional.

El reto para la Red Hondureña por Escazú sigue en pie, pero con la determinación de la ciudadanía comprometida porque se garanticen los derechos humanos. 

La presidenta Xiomara Castro tiene la oportunidad de firmar la adhesión y el Congreso Nacional de ratificar el acuerdo, para hacer historia en generar una normativa nacional e internacional que proteja contundentemente a las personas que defienden el ambiente en Honduras.