Por más de seis décadas el Estado cubano ha recurrido a la separación familiar y al destierro forzado de sus ciudadanos como medida de castigo por razones políticas u otros intereses. Incluso la decisión personal de los profesionales cubanos de rescindir sus contratos laborales con el gobierno para desempeñarse en el extranjero, una acción legítima, avalada por varias declaraciones y convenios internacionales, constituye un acto penado por el gobierno de la isla con ocho años de prohibición de entrada a Cuba; mientras que a los que ejercen su derecho a la libertad de expresión o asociación, les aplican similar castigo si viven fuera del país. En caso de residir en el territorio nacional se les prohíbe la salida de la isla por tiempo indefinido, siempre mediante un oscuro proceso administrativo del que sus víctimas, por lo general, se enteran en los propios aeropuertos cubanos sin que se les ofrezcan mayores explicaciones.

Los “regulados” y los “prohibidos” engrosan hoy las listas negras de la División de Inmigración y Extranjería en cada puerto cubano. Es hora de poner fin a una medida inhumana e inconstitucional que viola las leyes internacionales, los más elementales derechos humanos y toda norma moral. El Estado cubano no puede continuar imponiendo sanciones a su propio pueblo utilizando para ello el amor que sentimos por nuestros seres queridos y hacia nuestra tierra. El ser humano tiene derecho a trabajar y vivir donde decida y sea admitido, a decir lo que piensa, a organizarse pacíficamente para defender sus intereses. Los cubanos también somos seres humanos y tenemos derecho a leyes justas e imparciales, a interponer recursos legales si consideramos que hemos sido víctimas de una injusticia y, sobre todas las cosas, a mantener la unidad familiar. Ni regulados, ni prohibidos. Cuba es de todos los cubanos.

¡Mi país, mi familia: mis derechos!