Gobierno de México se disculpe por la persecución religiosa y abusos militares 1926 - 1929

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LA RAZÓN:

Hace casi 100 años tuvo lugar el último gran conflicto armado en la historia de México como consecuencia del intento autoritario del Gobierno Federal de suprimir las libertades básicas e identidad del pueblo mexicano.

A la fecha no ha habido un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad por parte del Gobierno Federal como causante directo del conflicto en el que perdieron la vida numerosos civiles, militares, policías y combatientes cristeros y el país se sumió en una grave crisis económica y social cuyos efectos aún hoy se perciben.

Por ello y con la intención de abonar a la causa de reconciliación nacional iniciada por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, atenta y respetuosamente, le solicitamos que como titular del Poder Ejecutivo Federal y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, lleve a cabo un acto histórico y SOLICITE PERDÓN DE MANERA OFICIAL al pueblo de México, creyente y no creyente, católico y no católico, específicamente por:

  1. El abuso de autoridad e intento ilegal de supresión de las libertades básicas de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, derecho a la identidad, libre tránsito y debido proceso, entre otras, por el Gobierno Federal.
  2. Violaciones a la Constitución de la República por el Gobierno Federal mediante la imposición de leyes secundarias promulgadas en 1926, mantenidas y toleradas hasta su derogación en 1992, a pesar de ser evidentemente contrarias a las libertades de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  3. Uso ilegal y arbitrario de las fuerzas armadas por el Gobierno Federal en contra de la población civil por causa de su identidad religiosa y/o por su resistencia a la imposición autoritaria contra las libertades de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  4. Creación y financiamiento de grupos armados paramilitares y su utilización en contra de la población civil por el Gobierno Federal.
  5. Amenazas, aprehensiones, tortura física y psicológica, incomunicaciones, lesiones, violaciones y ejecuciones sumarias por parte de fuerzas policíacas, militares y grupos paramilitares creados por el Gobierno Federal en contra de ciudadanos por su identidad religiosa y/o resistencia a la imposición autoritaria contra las libertades de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  6. Persecución ilegal de ciudadanos por el Gobierno Federal por su resistencia al intento gubernamental de suprimir libertades básicas de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  7. Persecución ilegal por el Gobierno Federal en contra de ciudadanos por su identidad religiosa, por ser ministros de culto y/o por pertenecer a órdenes o agrupaciones religiosas.
  8. Violación por el Gobierno Federal al derecho constitucional a la propiedad privada, despojos, robos, expropiaciones ilegales y destrucción de propiedad privada mediante fuerzas militares, policíacas y grupos irregulares creados por el Gobierno en contra de ciudadanos por su identidad religiosa y/o por su resistencia a la imposición de leyes contrarias a las libertades de culto, de expresión, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  9. Destrucción por el Gobierno Federal de patrimonio histórico, artístico y cultural del pueblo de México como parte de la persecución religiosa, supresión de las libertades de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  10. Secuestros y desapariciones forzadas por el Gobierno Federal en contra de ciudadanos por su identidad religiosa y/o por su resistencia a la imposición de leyes contrarias a las libertades de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  11. Inhumaciones ilegales de civiles por el Gobierno Federal por su identidad religiosa y/o por su resistencia a la imposición de leyes contrarias a la libertad de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  12. Expulsiones arbitrarias del territorio nacional (destierro) por el Gobierno Federal de ciudadanos mexicanos por su identidad religiosa y/o por ser ministros de culto y/o por pertenecer a órdenes o agrupaciones religiosas.
  13. Expulsiones arbitrarias de extranjeros por el Gobierno Federal por causa de su identidad religiosa y/o por el simple hecho de ser ministros de culto y/o por pertenecer a órdenes o agrupaciones religiosas.
  14. Discriminación, difamación, calumnia e injurias por el Gobierno Federal en contra de ciudadanos por su identidad religiosa y/o por su resistencia a la imposición de leyes contrarias a la libertad de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.
  15. Reclutamiento forzado de población civil, incluidos menores de edad.
  16. Daños económicos causados por el Gobierno Federal a la nación en virtud del conflicto armado.

Todo lo anterior, llevado a cabo por el entonces Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, General Plutarco Elias Calles, durante los años 1926 a 1929.

El pueblo de México recuerda y nunca olvidará que la Guerra Cristera, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristiada, fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno y milicias de laicos, presbíteros, religiosos católicos e incluso protestantes y ateos que abogaban por el respeto a la libertad, pues resistían la aplicación de la llamada Ley Calles del 21 de junio de 1926, que proponía limitar el culto católico en la nación.

En esta contienda el pueblo de México, creyente y no creyente, católico y no católico, ejerció su legítimo derecho a resistir activamente contra las violaciones a sus derechos consagrados en la Constitución Federal y políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el Gobierno Federal de Plutarco Elías Calles.

Como parte de esta petición el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de Presidente la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas ESTÁ OBLIGADO A RECONOCER PÚBLICAMENTE que el conflicto conocido como Guerra Cristera fue provocado por el intento autoritario del Gobierno Federal de suprimir las libertades de culto, de expresión, de propiedad privada, derecho al honor, libre tránsito y debido proceso, entre otras.

 

LA RESPUESTA DEL PUEBLO:

Con lo que no contaba el gobierno eran las fuertes convicciones y el valor de todos los mexicanos, católicos, protestantes y hasta no creyentes, que estaban dispuestos a levantarse en armas e incluso perder la vida, todo por conservar la libertad de ser y de creer.

En esta lucha, las mujeres jugaron un papel importante. Además de ser las primeras guerrilleras y las más entusiastas a la hora de conflicto, se destacan más de 25,000 de las llamadas Brigadas Femeninas, dedicadas a apoyar en la rebelión.

La Guerra Cristera tiñó de rojo el suelo mexicano por tres largos años. Durante ese periodo se enfrentaron creyentes y militares del gobierno. El Presidente Plutarco Elías Calles había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. Sin embargo, no sólo soldados federales, policías y cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcaría su vida para siempre, sino también miles de civiles ajenos a la lucha.

Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250,000,​ entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del Ejército Mexicano.

Como comparativo para comprender la magnitud de la masacre, entre 2012 y 2018, es decir 6 años, el doble de lo que duró la Guerra Cristera, han muerto 250 mil mexicanos a manos del narcotráfico y autoridades corruptas.

¡MÉXICO NO PUEDE Y NO DEBE OLVIDAR SU HISTORIA, SI QUIERE VIVIR EN PAZ!

 

RECUERDO INDELEBLE:

Entre los cientos de miles de muertos durante el conflicto, hay muchos especialmente presentes de forma indeleble en la memoria del pueblo de México como el Presbítero Miguel Agustín Pro, quien fuera arrestado y fusilado por el simple hecho de ser sacerdote y ejercer su derecho al libre culto, y José Sánchez del Río, el niño cristero. José solo tenía 14 años cuando fue apresado, torturado y asesinado por su resistencia a la imposición autoritaria del Gobierno Federal.

 

EL FINAL DEL CONFLICTO:

El enfrentamiento entre las fuerzas cristeras y el ejército federal llegó a su fin en junio de 1929 por arreglos entre el Gobierno y algunos obispos afines al mismo. Las negociaciones se llevaron a cabo con la mediación del embajador estadounidense y en ellas participaron activamente los obispos Leopoldo Ruiz Flores y Pascual Díaz Barreda, que años atrás habían expresado su desacuerdo con el levantamiento armado y, por lo tanto, gozaban de cierta aceptación por parte de las autoridades gubernamentales.

Es difícil establecer una fecha exacta como término del conflicto, puesto que no hubo ninguna batalla en la que se haya dejado en claro que los cristeros estuvieran derrotados. Sin embargo, al ser este un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los años 30’s. Fue así como se produjo la Segunda Cristiada durante el mandato de Lázaro Cárdenas, pues Calles, antes de terminar su gobernatura, había instaurado la educación socialista. Este hecho fue recibido con tajante desaprobación por parte de los creyentes y de la Iglesia. Esta Segunda Cristiada comenzó a perder fuerza entre 1936 y 1940 cuando el Estado cedió y permitió la libertad de culto, la suspensión de la educación con tintes socialistas y la apertura de las iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados sino hasta 1992.

 

EL SALDO FINAL:

Después de tres años de guerra, se calcula que en ella murieron entre 25,000 y 30,000 cristeros, al menos 60.000 soldados federales y miles de civiles no directamente involucrados en la lucha. Sumando un total aproximado de 250,000 víctimas mortales y sin contar las incontables y ya olvidadas víctimas resultado de torturas físicas y psicológicas, lesiones, violaciones, desapariciones forzadas, destierros, delitos contra el honor y daños económicos.

 

LA DEUDA HISTÓRICA:

Así, en honor a la verdad histórica y como acto de respeto a todos los caídos, sin importar su bando, en un conflicto armado que nunca debió ocurrir entre hermanos mexicanos, solicitamos a usted, Señor Presidente, solicite disculpas al pueblo de México a nombre del Estado y Gobierno mexicanos que usted representa y reconozca las causas históricas del conflicto y la parte de responsabilidad que corresponde al Estado mexicano como causante directo de dicho conflicto armado.

 

LA OBLIGACIÓN AL DÍA DE HOY:

Usted Señor Presidente está llamado por la historia nacional a resarcir los abusos, errores y omisiones de sus antecesores y construir firmes cimientos para la paz nacional definitiva que eviten que tragedias como ésta se vuelvan a repetir.

 

"AUNQUE SE NIEGUE, SIGUEN HERIDAS ABIERTAS"- Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, 25 de marzo de 2019.

 

LA ESTRATEGIA HACIA EL RECONOCIMIENTO, LA DISCULPA Y LA RECONCILIACIÓN:

Una vez alcanzadas 250,000 firmas, que equivalen al mismo número de mexicanos muertos durante el conflicto, las presentaremos al Señor Presidente como gesto de buena voluntad e invitación a que cumpla con su obligación histórica de procurar la reconciliación entre todos los mexicanos.

FASE 1: Con 500 firmas informaremos a medios de comunicación respecto de la iniciativa y facilitar así la participación de más personas.

FASE 2: Con 1000 firmas presentaremos la iniciativa ante la Secretaría de Gobernación para así avanzar el proceso para que el Gobierno Federal realice una disculpa oficial formal a las víctimas de la Guerra Cristera.

FASE 3: Con 50,000 firmas acudiremos al Congreso de la Unión y se formule una iniciativa de Ley de Memoria y Justicia Histórica, con el objeto de que la memoria histórica y la impartición de justicia a víctimas del pasado no quede al arbitrio del Gobierno en turno.

FASE 4: Con 100,000 firmas acudiremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el ámbito de sus facultades emita una opinión legal y técnica respecto de la solicitud de reconocimiento y justicia por el Gobierno Federal a las víctimas del conflicto.

FASE 5: Con 200,000 firmas acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el ámbito de sus facultades emita una opinión legal y técnica respecto de si la denominada Guerra Cristera puede ser catalogada como genocidio conforme a las leyes internacionales vigentes y se abone así a la exigencia de reconocimiento y justicia por el Gobierno Federal.

FASE 6: Con 250,000 firmas totales, 1 por cada víctima mortal del conflicto, acudiremos a Palacio Nacional a presentarlas formalmente al Presidente de la República para que cumpla con su deber histórico de reconocer, atender y dar justicia a las víctimas del conflicto, así como para que asuma como representante del Estado Mexicano la parte de responsabilidad que le corresponde como causante directo del conflicto denominado Guerra Cristera.

 

LA MEMORIA:

1 firma equivale a 1 víctima del conflicto. Prestemos nuestra voz y voluntad para que ni nosotros ni la historia los olvide.

NO IMPORTA si se es creyente o no creyente, católico o no católico, basta con tener conciencia histórica y poseer el anhelo de que México, como cualquier otra nación, pueda acceder a su derecho de vivir en paz y cumpla con su obligación de nunca olvidar y nunca repetir los abusos y errores del pasado.

 

Atenta y respetuosamente,

Pueblo de México