Al Presidente Municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, y al H. Ayuntamiento de Chihuahua:

Las personas que suscribimos esta petición solicitamos que se revoque la autorización para desincorporar y enajenar 2,109 metros cuadrados de la calle Anastasio Bustamante, en la colonia Altavista, y que cualquier decisión sobre este espacio sea sometida previamente a consulta pública.

El Ayuntamiento ha autorizado la enajenación de este segmento de vialidad a favor de Inmobiliarias Alsuper, por un monto de 18.3 millones de pesos, con el propósito de ampliar un establecimiento comercial existente.

Nuestra petición no cuestiona el derecho de una empresa privada a invertir, crecer o desarrollar su actividad económica. Cuestionamos que para favorecer una ampliación comercial se prive a la ciudad de una infraestructura cuya función trasciende el valor del terreno.

La calle Anastasio Bustamante constituye una conexión vial entre la avenida Universidad y la calle 21. Su función adquiere especial relevancia ante las condiciones actuales de movilidad de la zona: en la avenida Universidad ya fue restringido un carril para favorecer el transporte público y, al llegar a la avenida División del Norte, particularmente en la intersección de la glorieta Francisco Villa, se presentan congestionamientos durante las horas de mayor circulación.

La pérdida de esta conexión significa reducir las alternativas de desahogo vial precisamente en una zona que previsiblemente enfrentará una mayor presión vehicular conforme crezca la ciudad. En estas condiciones la construcción de un inmueble puede volver irreversible la modificación a la vialidad por la inviabilidad de su demolición para recuperar la salida vehicular y mucho mas costoso construir una obra víal como alternativa. 

Además, una vialidad pública no puede equipararse funcionalmente con un estacionamiento. Un estacionamiento permite ingresar y permanecer dentro de una propiedad; una calle forma parte de una red pública de movilidad y permite distribuir y evacuar el tránsito, incluyendo situaciones de emergencia. Pretender utilizar un estacionamiento como sustituto de una vía pública podría trasladar el problema al interior del propio establecimiento sin resolver la función que actualmente cumple la calle.

Los 18.3 millones de pesos representan un valor monetario para un bien público, pero el precio de un terreno no constituye por sí mismo una medida de su utilidad social.

La administración municipal debe distinguir entre valor comercial y valor público.

Una empresa privada puede obtener un beneficio económico legítimo mediante la ampliación de sus instalaciones. Pero cuando el patrimonio público se utiliza para facilitar ese beneficio, corresponde demostrar cuál es la contraprestación social que recibe la ciudadanía y por qué ésta justifica la pérdida permanente de una función urbana.

El patrimonio público no debe administrarse únicamente bajo la lógica de cuánto dinero puede obtenerse por su venta, sino bajo la pregunta fundamental de qué uso genera mayor beneficio colectivo para la ciudad.

Por ello solicitamos:

-Revocar la autorización de desincorporación y enajenación de los 2,109 metros cuadrados de la calle Anastasio Bustamante.
-Someter cualquier decisión definitiva sobre esta vialidad a un proceso de consulta pública, con información completa y accesible para la ciudadanía.
-Preservar el segmento como vialidad pública, mientras no exista una evaluación integral que demuestre que su desaparición no afectará la movilidad, la accesibilidad y la capacidad de desahogo de la zona.
-Que las decisiones sobre el patrimonio municipal privilegien el interés público y la utilidad social de los bienes, por encima de su valor exclusivamente comercial.

Una calle pública pertenece a la ciudad y el criterio para su comercialización debe ser la utilidad parta la ciudadanía y no el valor catastral del terreno. Los servidores públicos están obligado a representar el interés colectivo y no el interés de particulares. 

Pedimos al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de Chihuahua reconsiderar esta decisión y abrirla al escrutinio de quienes habitan y utilizan la ciudad.