La cobertura del tratamiento está obligada por la ley 27.306 y el Programa Médico Obligatorio. Desde Defensa al Consumidor informaron que las empresas hacen una maniobra ilegal.

Si una persona con dislexia se acerca a una Prepaga para afiliarse y declara que padece dislexia, le empresa ordena una auditoria médica para constata que el trastorno es preexistente, por lo que luego cobra un extra sobre la cuota base para el tratamiento. Esto es ilegal.

 La dislexia es una condición diferente del ser humano, un trastorno que lo lleva a tener mayor dificultad para aprender a leer en forma automatizada. En la mayoría de los casos el padecimiento es hereditario y nada tiene que ver con un problema neurológico o psicológico.

 En relación al aprendizaje, los menores no pueden seguir el ritmo de los otros compañeros, por lo que la postura del docente es clave al momento de dar clases. Eso implica tener mayor paciencia y no exponerlo ante los demás.

 Pese a someterse al tratamiento correspondiente, que demanda unas 100 cesiones a lo largo de dos años, la dislexia es para toda la vida y puede llegar a generar repercusiones emocionales graves.

 En ese contexto, PREMEDIC pone en marcha mecanismos para no hacerse cargo del tratamiento.