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La política de drogas en la República Dominicana enfrenta hoy un momento decisivo.

Durante décadas, la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas ha sostenido un enfoque predominantemente punitivo, en el que el consumo personal ha sido tratado como un problema criminal, en lugar de una realidad compleja que requiere respuestas desde la salud pública, la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos.

Hoy, la propuesta de modificación del Artículo 75 abre una oportunidad histórica para cambiar ese enfoque.

Sin embargo, aunque representa un avance al introducir alternativas a la prisión, esta reforma aún no responde plenamente a los estándares internacionales ni a las necesidades reales del país.

¿Por qué esta petición es importante?

Porque miles de personas en la República Dominicana siguen siendo afectadas cada año por un modelo que:

• Criminaliza el consumo personal
• No distingue entre uso personal, uso problemático o uso médico
• Impone sanciones desproporcionadas
• Limita el acceso a servicios de salud adecuados

Los datos lo reflejan con claridad:

• Más de 10,000 casos de simple posesión procesados por el Ministerio Público
• El consumo sigue siendo uno de los delitos más procesados en el pais
• Decenas de miles de detenciones anuales vinculadas a drogas
• Acceso aún limitado a tratamientos reales y efectivos

Esto no ha reducido el problema. Solo ha aumentado el estigma y la exclusión.

¿Qué propone la reforma actual?

La iniciativa legislativa busca sustituir la prisión por programas de tratamiento OBLIGATORIOS bajo supervisión judicial y aumentar sanciones económicas y penales para los demás comportamientos.

Aunque la propuesta representa un avance frente al modelo puramente punitivo, mantiene problemas estructurales que limitan su efectividad y su coherencia con los estándares internacionales:

Impone tratamiento sin consentimiento

La posibilidad de someter a las personas a programas obligatorios vulnera principios fundamentales de la ética médica y los derechos humanos. El tratamiento solo es efectivo cuando es voluntario, informado y centrado en el paciente.

No distingue entre tipos de uso

La propuesta trata de manera uniforme a todas las personas usuarias, sin diferenciar entre uso personal, uso médico o consumo problemático. Esto ignora la evidencia científica y conduce a respuestas desproporcionadas e ineficaces.

Mantiene la lógica penal sobre conductas personales

Aunque reduce la prisión, conserva la intervención del sistema de justicia penal en decisiones individuales que no necesariamente implican daño a terceros, perpetuando el estigma y la criminalización.

Excluye del debate al cannabis medicinal

La iniciativa no contempla un marco regulatorio para el acceso al cannabis con fines médicos y científicos, a pesar del reconocimiento internacional de su valor terapéutico, limitando el derecho a la salud de pacientes que podrían beneficiarse. 

¿Qué proponemos desde Legal Es Mejor?

Proponemos una reforma gradual pero firme, adaptada a la realidad jurídica e institucional de la República Dominicana, alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Constitución:

Priorizar la salud sobre el castigo

Las personas usuarias no deben ser tratadas como delincuentes. Es necesario reducir la respuesta penal en casos de posesión para consumo personal y priorizar intervenciones desde el sistema de salud.

Diferenciar entre tipos de uso

No toda persona usuaria presenta un trastorno. La ley debe distinguir entre uso personal, uso problemático y uso médico, para evitar respuestas desproporcionadas.

Tratamiento voluntario, no impuesto

Los servicios de atención deben ser accesibles, basados en evidencia y respetuosos de los derechos humanos. El tratamiento forzoso no solo es ineficaz, sino que vulnera la dignidad de las personas y promueve la estigmatización.

Fortalecer respuestas de salud pública

Es fundamental ampliar el acceso a servicios de atención, prevención y acompañamiento, incluyendo enfoques de reducción de riesgos, dentro de las capacidades reales del sistema de salud dominicano.

Abrir el debate sobre cannabis medicinal, científico e industrial

La legislación debe evolucionar para permitir, de forma estrictamente regulada, el acceso a usos médicos y la investigación científica sobre el cannabis, en coherencia con el derecho internacional y la evidencia disponible.

Un cambio respaldado por la comunidad internacional

En 2020, las Naciones Unidas retiraron el cannabis de la categoría más restrictiva de la Convención Única de 1961, reconociendo su potencial terapéutico.

Además, organismos como la OMS, el PNUD y ONUSIDA han sido claros:

• Las políticas de drogas deben centrarse en la salud pública, los derechos humanos y la dignidad de las personas.
• Esto incluye:
  • Eliminar el tratamiento obligatorio
  • Promover servicios voluntarios
  • Garantizar acceso a medicamentos
  • Reducir la criminalización del consumo

Una oportunidad que no podemos perder

La República Dominicana tiene la oportunidad de avanzar hacia una política de drogas:

Más humana
Más eficaz
Más justa
Más coherente con la evidencia
No se trata de debilitar al Estado.
Se trata de fortalecerlo con mejores herramientas.

✊ LLAMADO A LA ACCIÓN

Tu apoyo es clave
Esta petición busca enviar un mensaje claro a los legisladores:

La reforma de la Ley 50-88 debe ir más allá.
Debe estar basada en ciencia, derechos humanos y dignidad.

Cada firma contribuye a visibilizar la necesidad de un cambio estructural en la política de drogas del país.

Firma Hoy! 🇩🇴🍀

🔗 Más información:

https://reforma5088.legalesmejor.com.do

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