Por una ley en México que prohíba el bloqueo de vialidades o cierre de avenidas principales, para garantizar la libertad de tránsito.

Cada semana, millones de mexicanos hacemos un esfuerzo para llegar a un lugar de destino, y estamos cansados de tener que pasar cada vez más horas de trayecto cuando somos afectados por cierres de calles y avenidas principales en el área metropolitana. 

Estos actos perpetuados en vías públicas continuamente violentan nuestros derechos de movilidad y representan lo que llamaremos un «secuestro colectivo» de la movilidad ciudadana. Los llamaremos así porque nos privan de la libertad de tránsito y nos retienen por tiempo indeterminado como rehenes dentro de límites viales sin que podamos desplazarnos.

Tras décadas de sufrir esta problemática, solicitamos al partido gobernante en México, así como a funcionarios, legisladores y diputados, que se sumen esfuerzos para establecer una ley o serie de restricciones civiles que prohíba los bloqueos viales en avenidas principales y sancione debidamente a quienes impidan el tránsito de forma indefinida y sin autorización. Pedimos la implementación de medidas legales pertinentes como la intervención de la policía con posible detención preventiva de sus participantes.

Dirigimos esta solicitud respetuosamente hacia la Dra. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México; a la Lic. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y a la Mtra. Delfina Gómez Álvarez, Gobernadora del Estado de México, como representantes principales del partido que gobierna en el área metropolitana.

Solicitamos tu apoyo para firmar esta petición y compartir, con la intención de enviar esta solicitud a dependencias del gobierno reflejando el descontento colectivo.

Justificación legal

La restricción de bloqueos es urgente especialmente en la zona metropolitana para garantizar el derecho a la movilidad, respaldado en la Constitución Mexicana (artículo 11) y el derecho a circular libremente, estipulado en la declaratoria universal de Derechos Humanos (artículo 13), así como las necesidades humanas que éstos mismos implican. Las sanciones pertinentes deben ser establecidas claramente en caso de cierres viales en zonas sobrepobladas.

Ya no se correcto usar el argumento de que la libre expresión y la manifestación pública de algunos les da derecho a cerrar vias escenciales con el fin de protestas que exigen la atención de las autoridades de forma egoísta. Estos cierres socavan el derecho a la libertad de tránsito de miles o millones de personas y compromete el ejercicio de muchos otros derechos (a la salud, a la educación, al trabajo, a la seguridad) de la sociedad. Todo acto de manifestación pública debería ejercerse dentro del marco legal y principios de justicia, no a costa del bienestar común ni sin importarle los derechos de los terceros. 

Los bloqueos causan grandes afectaciones y perjuicios sociales

Los cierres de calles y avenidas principales ocasionan problemas sociales significativos y algunos graves, según sea el caso. Dentro de las consecuencias de mayor impacto, observamos que:

1. En materia de salud:

1.1. Imposibilitan la llegada de servicios de emergencia: ponen en riesgo la vida de personas que requieren atención médica urgente, desde una madre en labor de parto que puede perder a su bebé, hasta un enfermo o accidentado que no pueda trasladarse a tiempo.

1.2. Comprometen tratamientos médicos pues el impedimento de movilidad deriva en posible postergación o cancelación de citas médicas y estudios en hospitales o clínicas para un tratamiento oportuno. Esto conlleva el riesgo de empeorar el estado de salud de muchos enfermos.

1.3. Detrimentan la salud física: exponen a todos a una mayor  contaminación urbana, condiciones climáticas adversas por tiempos prolongados de espera, y riesgos asociados a la movilidad limitada.

1.4. Afectan la salud mental: Generan un incremento de estrés, ansiedad y desgaste emocional de la población a nivel masivo.

2. En términos económicos:

2.1. Generan una pérdida de ingresos por parte de trabajadores, comercios y empresas.
2.2. Derivan en sanciones laborales, disminución del flujo de clientes y afectaciones a la economía local.
2.3. Representan una pérdida de horas laborales, reducción de la productividad a gran escala y pérdida de competitividad local.
2.4. Ocasionan aumentos en costos de logística, mensajería, paquetería, mantenimiento, infraestructura y transporte.
2.5. Contribuyen a un desabasto o retraso de suministros médicos, alimentos, materias primas y productos en tiendas, mercados, farmacias y empresas.
2.6. Deterioran la imagen nacional ante el turismo y la inversión extranjera respecto al orden, la seguridad y la estabilidad social en México.

3. En términos sociales:

3.1. Miles y millones de usuarios de transporte público y privado experimentan horas de retraso a su lugar de destino, ya sea para trabajar, estudiar o realizar actividades esenciales. 
3.2. Orillan a la interrupción total o parcial de actividades escolares, académicas, y eventos culturales, además de causar un impacto en la labor educativa, la continuidad y el desempeño de estudiantes y trabajadores. 
3.3. Dan paso a la cancelación o pérdida de citas, trámites oficiales, entrevistas laborales, vuelos, plazos legales, eventos culturales y diversos compromisos de la ciudadanía, con sus respectivas consecuencias. 
3.4. Retrasan procesos judiciales, administrativos y educativos.
3.5. Intensifican la desigualdad, ya que los grupos vulnerables como discapacitados, adultos mayores, niños y personas de bajos recursos son los más susceptibles a sus afectaciones.
3.6. Incentivan más conflictos sociales al crear tensiones y confrontaciones entre manifestantes y ciudadanos.
3.7. Deterioran la convivencia y generan desconfianza en las autoridades y el sistema al resultar impunes o no tener ninguna consecuencia sobre sus organizadores.

4. En servicios públicos:

4.1. Ocasionan la interrupción de servicios necesarios como la recolección de basura.

4.2. Ocasionan el retraso en la reparación y mantenimiento de equipos de energía, agua, telecomunicaciones, al obstaculizar al transporte o equipo técnico capacitado.
4.2. Causan retrasos en diversos servicios de atención pública como bomberos, policías, paramédicos, protección civil, asistencia pública, etc.

5. En términos ambientales:

5.1. Aumentan los niveles de contaminación, ya que los vehículos detenidos en el tráfico generan altos niveles de gases de invernadero.
5.2. Dan pauta a un deterioro de la calidad del aire.

Urgen acciones  

Ante este panorama, es necesario que en México, al ser un país sobrepoblado, se sumen esfuerzos para mantener un orden público en las vías de tránsito, por lo cual el bloqueo de vialidades principales debería estar restringido y no quedar impune. Esto es algo que los gobiernos anteriores no han atendido en su totalidad y cada vez nos afecta más. 

El cierre de una avenida solo resulta razonable en casos excepcionales (ya sea por reparaciones viales, eventos naturales fortuitos, asuntos de seguridad pública, accidentes, etc.) y en dado caso de ser muy necesario debería procurarse en su parcialidad y solamente con previa autorización de autoridades locales correspondientes, dando aviso a la ciudadanía. 

RDisipaciones, multas, sanciones y arrestos a quienes realizan bloqueos son diversas medidas que han sido implementadas en países de primer mundo tales como el Reino Unido, Alemania, Francia, China, Rusia, Singapur, y diversas ciudades de los Estados Unidos, por citar algunos ejemplos. Estos países han implementado restricciones similares en áreas de tráfico fluido y calles principales en el entendido de que, de lo contrario, el caos vial varado en una metrópolis es altamente perjudicial.

Entendiendo el fenómeno subyacente de protestas, las autoridades correspondientes deben disponer de organismos centralizados y planes de atención pertinentes donde se pueda escuchar, canalizar y atender pronta y debidamente a los manifestantes en la resolución de sus problemas sociales, sin la necesidad de que estos afecten a millones de terceros por medios de bloqueos viales. 

Todos los manifestantes deberían tratar de ser canalizados pacíficamente a las dependencias y organismos correspondientes, en vez de afectar a millones que no tienen nada que ver con la solución a sus demandas. Asimismo, las autoridades deberían prontamente atender las solicitudes de los manifestantes en términos diplomáticos y con planes bien establecidos para evitar que nuestros derechos al libre tránsito sean pisoteados cada vez que un grupo de personas tiene un problema que exige solución de autoridades.

Si en algún momento tú y tus seres queridos han sido afectados por bloqueos de vialidades por manifestantes, no te cuesta nada sumarte a esta petición compartiendo y agregando tu firma electrónica. Comparte para que muchos firmen y hagamos que realidad una #leyantibloqueos.

De antemano, muchas gracias.