El acoso escolar —en todas sus formas, físicas, psicológicas o digitales— continúa siendo una realidad silenciada que afecta gravemente a miles de menores en España. Las consecuencias son devastadoras, tanto para las víctimas como para sus familias, y su prevención y abordaje siguen dependiendo en exceso de la voluntad o sensibilidad de los centros educativos.

Por ello, solicitamos la aprobación de una Ley Integral contra el Acoso Escolar, que garantice una respuesta efectiva, homogénea y obligatoria en todo el territorio nacional, con las siguientes medidas mínimas:

1. Obligatoriedad de apertura de protocolo de acoso escolar ante cualquier indicio fundado, sin necesidad de denuncia formal por parte de las familias.

2. Creación de una unidad especializada en cada Comunidad Autónoma, con personal formado en psicología infantil, juvenil y familiar, mediación y derechos de la infancia y la adolescencia, encargada de supervisar la aplicación de los protocolos.

3. Tipificación de la omisión de actuación por parte de directivos o docentes que, teniendo conocimiento de un caso, no activen los mecanismos de protección.

4. Investigación prioritaria del absentismo escolar cuando existan sospechas o antecedentes de acoso, evitando que las víctimas sean señaladas o sancionadas.

5. Medidas de apoyo integral a las víctimas y sus familias, incluyendo atención psicológica gratuita, asesoramiento legal y acompañamiento educativo.

6. Programas obligatorios de sensibilización y formación en convivencia, empatía y resolución pacífica de conflictos en todos los niveles educativos.

Es hora de que el Estado asuma su deber de proteger a la infancia de manera real y efectiva. Las víctimas no pueden seguir enfrentando solas una situación que es, ante todo, una vulneración de derechos fundamentales.

Por las víctimas que no pudieron hablar, por las que aún tienen miedo y por las familias que siguen luchando: pedimos una Ley Integral contra el Acoso Escolar.

Las familias no tenemos demasiadas opciones para denunciar, las administraciones siempre nos hablan con formulismos administrativos, siempre dándonos largas, la justicia sólo actúa cuando se incumplen sus leyes...

Las familias tenemos que evitar a través de las únicas vías que nos quedan: el dolor, la desesperación o la exposición pública.

Pero ninguna familia debería llegar a ese extremo para ser escuchada.

Necesitamos una justicia que prevenga, no que reaccione cuando ya hay heridas profundas.

Una ley clara, eficaz y humana contra el acoso escolar —que proteja, que actúe y que repare— es la única forma de garantizar que ningún niño o niña vuelva a sentirse solo ante la crueldad del silencio institucional.