Todas las personas suscriptoras de la presente misiva nos dirigimos a Ud. a los fines de llevar a vuestro conocimiento —para el oportuno tratamiento ante los organismos de control y/o de ejecución de las medidas que fueren necesarias y tendientes a efectuar el análisis que exige el potencial impacto social, ambiental, auditivo y visual que provocará en forma inmediata en nuestro barrio Villa Ortúzar, del cual somos vecinos— los innumerables desarrollos inmobiliarios que a la fecha se están generando en cada una de las cuadras que integran nuestro barrio. Desde hace meses, caminar por las calles de nuestro barrio es sinónimo de cruzarse con decenas de carteles de “Propiedad en venta”. Las casas de amplio frente, baja altura y profundo fondo que caracterizan a Villa Ortúzar van dando paso a edificios que transforman de cuajo la identidad de nuestras calles y avenidas, así como el patrimonio barrial.
El nuevo Código Urbanístico, aprobado por la Legislatura porteña en 2018 y reglamentado por el Ejecutivo en 2019, que reemplazó el anterior Código de Planeamiento Urbano, tiene como una de sus metas la homogeneización de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo principios generales. En los hechos, esto significa que las identidades barriales se disuelven en pos de un proyecto unicista de la CABA. Ya no importa vivir en Palermo, Villa Lugano o Villa Ortúzar; las construcciones pueden ser iguales en todas partes. El resultado de esa actividad y estos mega emprendimientos nos afectan en el hoy, en el mañana, y a generaciones futuras. Es por ello que hacemos nuestras las palabras insertas en la Constitución de la Ciudad de Bs. As.: “…Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas…”.
Los efectos nocivos de esta normativa aprobada por el oficialismo de la CABA contra toda recomendación técnica de los organismos y las personas especializadas en la materia comienzan a verse en nuestro barrio. Las consecuencias ambientales, de acceso y calidad de los servicios públicos, e incluso estéticas fueron denunciadas (y desoídas) antes de la aprobación del nuevo Código. Hoy, todos los porteños y todas las porteñas comenzamos a pagar los costos.
Es necesario remitirse a evidencias bien concretas de cómo el barrio va camino a su desaparición como tal: en los lindes de la Plaza 25 de Agosto, uno de los pocos espacios verdes de nuestra zona, el avance de los negocios inmobiliarios pone en peligro su identidad y su belleza. Frente a la plaza, está en proyecto de
construcción el edificio “Verte” (cuyos departamentos ya están a la venta). Tendrá 10 pisos (más subsuelo) y pileta, con un total de 65 unidades funcionales, y ocupará un frente de 26 metros. En Heredia al 1200 y Giribone al 1500 hay dos proyectos de edificios en ciernes. Este último, cuyas viviendas también están en venta, tendrá 8 pisos más subsuelo. Sobre Av. Elcano, en la manzana que actualmente ocupan las viviendas de los Testigos de Jehová, está proyectada una edificación de 450 viviendas (con torres de alturas máximas de alrededor de 9 pisos). Y en Charlone al 1500 se da una situación particular, ya denunciada por este medio, que tiene que ver con la venta de tierras públicas para proyectos inmobiliarios privados. Mediante el expediente 2833-J-2019 se tramitó la enajenación del terreno ubicado en Charlone al 1561/63/65, donde funciona la Subsede del Servicio Social Zonal N° 12. Luego de la enajenación, mediante disposición 77/DGADB/20, fue vendido. Este terreno está dentro de lo que el nuevo Código denomina “Unidades de Sustentabilidad de Altura Media”: se pueden construir 17,20 metros más 7 metros retirados, lo que significa aproximadamente 8 pisos.
Frente a lo dicho, los vecinos y las vecinas nos encontramos frente a un gran adversario: EL PRIVILEGIO INMOBILIARIO, que tratará de avanzar sobre cada una de las viviendas que se vendan para convertirlas en edificios que superen los 9 pisos. De no contar con una urgente solución a lo aquí planteado, nos enfrentaremos a la inevitable contradicción en el discurso de quienes tienen la obligación de respetar nuestros derechos pero que promulgan leyes que a la vez nos los quitan. Debemos tener presente que somos nosotros los mandantes de quienes dictan leyes y las sancionan. La política que habilita la construcción de mega emprendimientos inmobiliarios bajo la utilización del rótulo de “ser un barrio tranquilo de casas bajas” lleva oculta la falsedad de entender al progreso como una forma de hacinamiento sin los servicios necesarios, que no han sido tenidos en miras al modificar el Código Urbanístico. Como ciudadanos, nos merecemos vivir en un espacio con calidad ambiental, pero por lo que nos muestran los avisos de venta de los emprendimientos, nos encontraremos viviendo en una cada vez más bajísima y deteriorada calidad ambiental de nuestro barrio. Basta imaginar que donde actualmente viven dos o tres familias en una propiedad horizontal se verá multiplicado por 9 o 10, más los lugares de estacionamiento que van convertir la zona en un lugar de alto tránsito.
Nuestro reclamo tiene sólidos fundamentos y es interesante citar lo expresado en el Informe territorial Comuna 15 GCBA (Proyectos especiales): al referenciar que “La información obtenida a partir del Relevamiento de Usos del Suelo es muy valiosa para el conocimiento del territorio de la Ciudad. En este
sentido, la distribución de las diferentes actividades constituye por sí misma fuente de indicadores de su estructura urbana”. Ejemplo de ello es el índice de mixtura residencial sobre el total de usos del suelo que permite medir, a partir de los usos del suelo relevados, la mixtura de los usos residenciales sobre el resto de los usos. Ahora bien, tomando lo expresado en dicho informe se han elaborado nuevos indicadores que según el GCBA han aportado un análisis de mayor profundidad al uso de los suelos que como corolario generó un nuevo Código Urbanístico. Es preciso recalcar que todo esto ha ocurrido en un tiempo no superior a un lustro y que se focaliza en el aspecto residencial, donde se desconoce el impacto que ello produce en servicios públicos, redes cloacales, espacios verdes etc. Estas construcciones inmobiliarias ajenas a la identidad del barrio reemplazarán a las unidades residenciales no sólo en su fisonomía, sino además en la vida cotidiana y doméstica de cada uno de sus habitantes, privándolos de los servicios que nuestra propia legislación superior nos marca como derechos humanos.
La preocupación que se manifiesta en el presente, no es más que traer a colación las propias palabras del GCBA cuando referenció en su informe en web oficial https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/10/DT011836.pdf la Dirección General de Estadística y Censos GCBA Identificación: DT011836, fecha de realización: 08/2018 informa que los Barrios de Agronomía, Villa Ortúzar y Parque Chas integran la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de estos datos es posible apreciar con mayor precisión la importancia del uso residencial en esta Comuna por sobre otro tipo de actividades, aunque también hay una presencia importante de edificios destinados al uso administrativo. Asimismo, en el barrio de Villa Ortúzar se presenta una concentración de casas entre las avenidas Álvarez Thomas y Forest y la calle Pampa; en el resto del barrio la presencia de viviendas es mayoritaria. Continuando con sus datos obtenidos estadísticamente al mencionar la edificación, es posible apreciar la altura edificada en la Comuna 15. Se contabilizaron un total de 24.116 edificios. El análisis de los datos obtenidos da cuenta del predominio de las alturas bajas de edificación, puesto que el 86,7% de las edificaciones posee entre 1 y 2 pisos, mientras que el conjunto de 15 pisos o más constituye tan solo un 0,1% del total. Los edificios de 3, 4 y 5 pisos representan el 14,1% y aquellos que tienen entre 6 y 9 pisos sumaron 1.105 edificios (4,6%). Por otro lado, aquellos que llegan a una altura de entre 10 y 11 pisos representan el 0,8% del total. Además, se relevaron 114 edificaciones de entre 12 y 15 pisos (0,5%). Y por último, se hallaron 223 edificios en obra que aún no tenían pisos edificados al momento del relevamiento, representando un 0,9% del total”.
Los números nos dan la razón y sirven de sustento para elevar nuestro reclamo, ya que con las estadísticas elaboradas por el GCBA citadas ya se avizoraba la intención de los grandes emprendimientos urbanísticos que se iban a desarrollar a lo largo del territorio del barrio, con el antiguo y derogado Código, que de no reclamar una pronta modificación de la normativa que ataca los propios intereses y derechos de sus vecinos, quedará en su caso expedita la vía judicial si correspondiere para efectuar los reclamos y planteos de inconstitucionalidad de la ley que avasalla los derechos de raigambre constitucional de todos y cada uno de sus vecinos en pos de la defensa de continuar con la venta y edificación sin considerar la historia, identidad y derechos de quienes nos asiste no solo la situación fáctica sino legal indiscutiblemente.
Es evidente que el impacto no solo será visual y estético, sino también para la calidad de vida. Más altura significa menos circulación de aire. Más viviendas (con pileta y el uso de agua que eso implica), si no están acompañadas de tareas acordes de infraestructura, significan deficiencia en el funcionamiento de los servicios públicos. Pero, además, la nueva edificación proyectada es absolutamente excluyente para quienes vivimos en la actualidad en Villa Ortúzar: personas de clase media, trabajadores y trabajadoras con ingresos promedio. Las construcciones que se proyectan son viviendas de lujo y sus precios están muy por encima de lo que podemos pagar quienes constituimos la población barrial.
Todo lo hasta aquí expuesto exterioriza nuestra férrea voluntad de defender nuestros derechos que no pueden ser desconocidos por nuestros gobernantes y legisladores ya que de aceptar mansamente que sinónimo de desarrollo o progreso es el aniquilamiento de derechos de los ciudadanos será aceptar convertir a nuestro barrio, Villa Ortúzar, en un espacio receptor de iniciativas y emprendimientos edilicios que contradicen la historia misma y atropellan sin miramientos los servicios indispensables de sus habitantes, en aras de intereses económicos de grupos empresarios de la construcción.
Por ello, haciendo nuestras las palabras contenidas en la ley suprema de la ciudad que “organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa...” elevamos nuestro reclamo para su urgente tratamiento y en el caso hipotético que el mismo no tuviere respuesta o el silencio se prolongara injustificadamente en el tiempo, recurriremos sin más a la justicia para plantear y reclamar que cese la vulneración de nuestros derechos amparados por normas y tratados de raigambre constitucional.
Atentamente