El TPP-11 es la sigla en inglés que denomina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Es un acuerdo que le hace más fácil a las transnacionales el establecerse en el país que lo firme.

Les entrega el poder a las empresas extranjeras de demandar al Estado de nuestro país si éste se entromete en sus asuntos.

Aunque decidamos democráticamente que no queremos que la economía se maneje de la misma forma, si ellas sufren pérdidas monetarias por culpa de eso, tendremos que pagarles una gran compensación.

Por ejemplo, si quisiéramos nacionalizar el cobre, o el litio, para así empezar a ganar 300% más de lo que ganamos actualmente (o más) por cada kilogramo vendido… ellos nos lo harían prácticamente imposible, pidiendo cantidades de dinero que no podemos pagar. 

Esto compromete a las farmacias populares, la agricultura sustentable (dada la privatización de la semilla, y la consecuente implementación de transgénicos y plaguicidas), la formación de empresas estatales, y los derechos laborales como los de vacaciones pagadas y huelga.

Todo esto pone en riesgo nuestra democracia y soberanía nacional.

Pero, lo peor de todo es que pone en peligro el derecho humano de los niños que nazcan en 50 años más de vivir en un planeta habitable. Es un hecho que empeorará el cambio climático.

Ya fue aprobado en el Senado. Sólo falta que el presidente Gabriel Boric lo firme para que sea oficial.

Quien, por cierto, dijo que no lo aprobaría, y ahora se contradice. 

A propósito de esto, desde 1991 hay una ley en el parlamento sin discutir, que nos habría ahorrado todo este problema.

Fue escrita por la ex-diputada Laura Rodríguez, y propone destituir a cargos electos que no cumplan con su deber, es decir, que: tengan baja o nula asistencia, se vean envueltos en temas de corrupción, o no cumplan con sus promesas de campaña.

Esto se llevaría a cabo a través de una consulta ciudadana. Por esto, la corrupción del poder judicial no sería un problema.

Le pido al Tribunal Constitucional que anule este proyecto, al presidente que no lo apruebe, o que, de hacerlo, lo haga sólo después de que se vea en un plebiscito obligatorio que esto es lo que la mayoría de los chilenos quiere.

Además, me gustaría solicitar el resurgimiento de la discusión de la Ley de Responsabilidad Política, por los motivos previamente expuestos. ¡Es más que necesaria! ¡Ya basta de los abusos de la clase política!

No hay tiempo que perder. ¡Firma ya!