Poner a cubierto la vida puede ser algo inalcanzable para las personas con discapacidad, según denuncia en un informe el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Productos como obtener la garantía de una renta en el caso de incapacidad o la asistencia sanitaria privada integral les están prácticamente vedados. En un momento en el que incluso el sistema público de protección social desvía alguna de sus tradicionales funciones a los seguros privados, el acceso a estos servicios está más restringido para este colectivo. Y, según muchos, no hay razones que lo justifiquen. El Cermi afirma que a los tres millones y medio de personas con discapacidad que viven en España les es muy difícil o incluso imposible contratar determinados tipos de seguros. Una situación que afectará cada vez a más personas pues, según los cálculos de Naciones Unidas, a cada habitante con una esperanza de vida de más de 70 años, le tocará sufrir de media durante ocho algún tipo de discapacidad. Seguros justos El informe del Cermi habla de tratamiento injustificado. Aunque también surgen problemas para suscribir seguros de accidente o de multirresgo de hogar, el Cermi afirma que quienes se enfrentan a una mayor discriminación son quienes sufren discapacidad visual, auditiva, física y mental y pretenden contratar seguros de vida o de asistencia sanitaria. La discriminación a la hora de contratar seguros de salud y de vida está prohibida por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que aprobará la Asamblea General de la ONU entre finales de noviembre y diciembre. Naciones Unidas prescribe que estos seguros «deberán ser proporcionados de un modo justo y razonable». La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) se defiende: a las personas con discapacidad se las trata como a cualquier otra. La cuestión se reduce a valorar el riesgo de que se produzca el suceso cubierto y, el suyo, es un riesgo mayor. De este modo, las sobreprimas o la denegación de determinadas coberturas tendrían justificación. Pero, según el Cermi, el problema es que los riesgos no están calculados. «Es excluir por excluir. Sin ningún criterio», afirma Óscar Moral, presidente de la Comisión contra la discriminación del Cermi. El informe señala que no hay estadísticas serias sobre una supuesta mayor siniestralidad en las personas que padecen alguna discapacidad. En Unespa aseguran que «las compañías tienen sus propias tablas. Cada una decide qué riesgo asume, dentro de sus propias posibilidades». Sin datos, rechazo o sobreprima Cuando Jesús Ulloa dice que las personas con discapacidad tienen menor riesgo de siniestralidad que la media no habla en nombre del Cermi sino de una correduría de seguros especializada en servicios dirigidos a personas con discapacidad. «Si las personas con discapacidad son más «siniestrosas», habrá que acudir a algún seguro público, pero vamos a demostrar que lo son o que no». Ulloa afirma que el problema es que el sector asegurador no tiene experiencia en este asunto y por principio rechaza la cobertura o aplica un recargo de seguridad, calculado a veces de forma arbitraria. Uno de los seguros que más problemas plantea es el de asistencia sanitaria. Como regla general, las aseguradoras no cubren los tratamientos de las enfermedades o lesiones que el asegurado padecía antes de contratar la póliza. En el caso de personas con discapacidad, este requisito prácticamente vacía de utilidad el contrato y perjudica especialmente a quienes viven en las regiones donde el sistema sanitario público está menos preparado para atenderles. El equipo de Ulloa ha logrado que una aseguradora cubra un riesgo que la mayoría de las compañías consideran una pérdida de dinero: el tratamiento de las enfermedades asociadas a la discapacidad física o psíquica del asegurado. Y ello con unas cuotas no muy por encima de la media. Es una iniciativa que lleva muy poco en marcha, pero que, según Ulloa, no parece estar funcionando mal para la empresa que se arriesgó. El secreto está en la especialización y en alcanzar un volumen crítico de pólizas. El seguro de incapacidad -que garantiza recibir una renta cuando quien suscribe la póliza obtiene la declaración de incapacidad- es otra de las coberturas más frecuentemente denegadas por las aseguradoras. «Una persona con discapacidad puede ser una persona perfectamente incardinada en el entorno laboral, y puede sufrir incapacidad, pero no por su discapacidad, sino por otra causa», afirma Oscar Moral. Y pone un ejemplo: «Una persona con discapacidad medular que trabaja en un taller puede ser declarado incapaz porque ha sufrido un infarto. Estará excluido de cobertura», afirma. Otra de las iniciativas de la empresa de Ulloa va en ese sentido y trata de cubrir, entre otras, contingencias similares, pero a través de un seguro de accidente que no implique una sobreprima muy elevada. Convence a las empresas con razones de peso: «Mis hijos son más «siniestrosos» en el colegio que los que tienen síndrome de Down porque, cuando salen al recreo, están menos vigilados», afirma Ulloa. Y si la probabilidad del riesgo es menor, la sobreprima no está justificada. El estudio del Cermi apunta que incluso a las personas con discapacidad física se les deniega en muchos casos la contratación de un seguro de vida. Los efectos de esta imposibilidad se extienden a otros ámbitos: «Un seguro de vida es, a veces, necesario para comprar una vivienda, a la hora de contratar una hipoteca», asegura Moral. Más difícil comprar una vivienda El seguro de vida está legalmente vedado a los incapacitados judicialmente. La prohibición de contratar un seguro que indemnice a sus herederos en caso de muerte, tiene el fin, según Moral de «impedir situaciones «extrañas»», es decir, evitar que los tutores o responsables legales pudieran aprovecharse de la situación. «En esos casos, hay que tener especial cuidado. Pero la restricción genérica podría ser matizada de alguna manera y posibilitar que determinadas personas incapacitadas legalmente pudieran contratar». También en los seguros de automóvil el Comité ha detectado problemas a la hora de cubrir las lesiones de los acompañantes del conductor con discapacidad. El problema está en valorar el aumento de las lesiones. Un caso a parte es el del Colegio de Abogados de Madrid. El informe del Cermi afirma que la Corporación deniega la contratación de los seguros de asistencia sanitaria y de accidente a los colegiados con discapacidad visual, permitiendo sólo que contraten el seguro de responsabilidad civil. Sin embargo, tanto el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí, como Rafael Navas, el subdirector de la mutualidad de abogados con la que éste acuerda todos los seguros -salvo el de asistencia sanitaria y responsabilidad civil- niegan este punto. «El Colegio tiene un servicio médico, no un seguro, que no hace ninguna discriminación entre colegiados». Navas afirma que en el caso del seguro de accidente, «lo único que hubiéramos hecho es, quizás recargar la prima». En cuanto al seguro de vida, «ser ciego no agrava la posibilidad de muerte. El contrato se firmaría con total normalidad», asegura. Sólo se excluirían de la cobertura «el riesgo de incapacidad por ser invidente y las prestaciones sanitarias relacionadas con el problema». La deficiencia en la oferta de seguros no sólo perjudica a las personas con discapacidad. El Cermi afirma que esta actitud reticente de las aseguradoras también les hace perder mucho dinero. Según sus valoraciones, el sector asegurador estaría dejando escapar más de 900 millones de euros al no cubrir una demanda de más de dos millones de pólizas