Por el derecho a la identidad de género por vía administrativa en México: #PorMiIdentidad

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Las personas trans son el grupo poblacional más discriminado o violentado en el ejercicio y en la garantía de sus derechos y libertades fundamentales en México. La desinformación, estigmatización y falta de garantías de derecho hacia las personas trans impactan sobre su dignidad y libre desarrollo.

El Observatorio de Personas Trans Asesinadas Transgender Europe califica a México como el segundo país con mayor número de crímenes de odio hacía las personas trans. Organizaciones alertan también sobre el promedio bajo de la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina; el cual oscila entre 35 y 37 años, especialmente por las condiciones sociales, de seguridad y de acceso a la salud. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), presenta la identidad de género como la “vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer”; la cual está basada sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En la Ciudad de México (CDMX), Nayarit y Michoacán las personas que lo desean pueden proceder al trámite de reconocimiento de identidad de género por la vía administrativa en los registros civiles y dar seguimiento al mismo para la obtención de su credencial de identificación. Sin embargo, en los demás estados de la República Mexicana el proceso sigue siendo muy complejo, discriminatorio o excluyente. Por ejemplo, en algunos Estados, la vía judicial del proceso requisitos en materia de peritajes médicos [“patologizantes”] o costos de asesoría jurídica que se pueden elevar hasta 80 mil pesos. En la CDMX, el costo administrativo del trámite no supera 70 pesos.

Aun acudiendo al registro civil de una de las tres entidades locales que permiten realizar el trámite administrativo, regresando a su lugar de origen para el seguimiento de la gestión, muchas personas se enfrentan a situaciones de discriminación, revictimización y negación por parte de sus autoridades locales. 

Urge que las y los legisladores homologuen el proceso de reconocimiento de identidad de género por la vía más incluyente, con base en el marco normativo federal y los compromisos internacionales ratificados por México, en igualdad de condiciones: haciendo de la vía administrativa y no judicial, un proceso similar idóneo en todo el país en materia de reconocimiento de identidad de género.

El derecho a la identidad de género y a la identidad de manera general representa el piso mínimo para luchar contra las violencias y las discriminaciones. La identidad apropiada de una persona es la llave, no solamente para acceder al bienestar personal y libre desarrollo de la personalidad sino también para su inclusión social y democrática, así como su acceso a los espacios de la sociedad. Solo garantizando el derecho a la identidad, por la vía administrativa, podremos empezar a erradicar la discriminación y la desigualdad que actualmente padecen las personas trans en México.

Es necesario hacer un enérgico llamado al Presidente de la República electo, a la Secretaría de Gobernación, a las y los legisladores, así como a los congresos locales para la elaboración y aprobación de una estrategia jurídica y de las reformas adecuadas en materia de derecho a la identidad de género. No se trata de una exigencia moral sino del papel del Estado y de sus Instituciones garantizar los mismos derechos a los miles de personas trans en México independientemente de su lugar nacimiento o donde se decidió vivir, en igualdad de condiciones, particularmente a partir del derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.



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