En Chile, miles de niños y niñas son separados de manera injusta de uno de sus padres por efecto de falsas denuncias de violencia intrafamiliar o abuso sexual presentadas en medio de disputas por el cuidado personal, el régimen comunicacional o pensiones alimenticias.

Estas denuncias, aunque muchas veces terminan siendo desestimadas o archivadas, activan de inmediato medidas cautelares que suspenden el contacto del niño con su madre o padre, generando:

Desvinculación prolongada e injusta.

Daños emocionales y psicológicos profundos en los niños.

Conflictos de lealtad y rechazo hacia uno de los progenitores.

Procesos judiciales largos y costosos, con recursos públicos malgastados en causas sin mérito.

El problema es doble: el sistema no sanciona eficazmente a quienes instrumentalizan las denuncias, ni existe un protocolo para reparar y revincular a los niños cuando se demuestra la falsedad.

Mientras tanto, las verdaderas víctimas de violencia ven retrasados sus procesos por la sobrecarga judicial que generan estas prácticas.

Solución

Desde la Fundación Crianza Compartida Chile, proponemos una Ley contra las Falsas Denuncias en Contexto Familiar, que complemente la actual discusión parlamentaria (Boletín N°17532-07) e incorpore un enfoque centrado en la infancia y la corresponsabilidad parental.

La propuesta incluye:

1. Sanciones proporcionales y efectivas:

Agravantes penales para denuncias falsas en conflictos de familia.

Multas, pago de costas y pérdida de cuidado personal cuando se acredite manipulación dolosa.

2. Protección del vínculo con los hijos:

Protocolos de revinculación obligatoria cuando la denuncia resulte infundada.

Supervisión judicial estricta de medidas cautelares que afecten el contacto entre niños y sus padres.

3. Prevención de la instrumentalización:

Protocolos claros para evitar manipulación y alineación parental.

Evaluaciones psicológicas obligatorias antes de aplicar medidas disruptivas.

4. Fortalecimiento institucional:

Fiscalización a organismos colaboradores que avalen denuncias sin fundamento.

Esta ley no busca desincentivar denuncias reales, sino impedir que el sistema judicial sea usado como un arma en disputas parentales, proteger a los niños del daño emocional irreversible y garantizar que el principio de corresponsabilidad parental se cumpla en la práctica.