Al Fiscal General del Departamento Judicial Quilmes Dr. Marcelo Draghi y al Secretario de Control Disciplinario y Enjuiciamiento. Dr. Miguel de Lezica.

Nos dirigimos a Uds. para exigir justicia en el caso de Daiana Fontes y para todas las mujeres víctimas de violencia de género que tramitan sus denuncias en el departamento judicial Quilmes.

Queremos manifestar nuestro repudio hacia los acuerdos de juicios abreviados que la fiscal de juicio, Dra. Calviño, ha establecido.

Estos acuerdos benefician únicamente a los agresores, (que en el caso de Daiana fue valorado por Operadores judiciales y Organizaciones de la sociedad civil como "Perfil de alto riesgo"), y que vulneran brutalmente los derechos de las mujeres en situación de violencia de género.

Es inaceptable que un fiscal en una audiencia no le explique a sus representadas o sus familiares cuales son los derechos que la asisten, que le detalle cada etapa del proceso, que valore el contexto de vulnerabilidad de esa mujer en articulación con otros organismos para su adecuado fortalecimiento, el que le permita afrontar el proceso y la toma de decisiones.

Es importante destacar, que resulta altamente frecuente en los relatos de mujeres que han atravesando situaciones como las de Daiana que en esas audiencias, de escasos 15 minutos, se les manifiesten expresiones como “te conviene ir a un abreviado, en el juicio oral nadie te va a creer, la prueba es insuficiente ” o “si vas a juicio las posibilidades de sea absuelto aumentan, de esta forma garantizas una condena, etc ”. Este tipo de declaraciones reflejan una falta de perspectiva de género, una total ignorancia de los tratados internacionales, normas nacionales y provinciales que rigen la materia o una ausencia absoluta de compromiso para garantizar el acceso a derecho y a justicia.

Es evidente que ningún fiscal puede defender adecuadamente a una víctima si no cree en ella, o lo que es peor No le interesa a lo que esa persona está expuesta. Esta falta de especialización y compromiso en la temática de género resulta en un perjuicio directo para las personas que buscan justicia, así como para la sociedad en general que deposita su confianza en el fuero penal para perseguir sus fines frente a la lesión de sus derechos. La situación se agrava con la violencia institucional que revictimiza a las mujeres y que, en el caso de Daiana, terminó trágicamente con su vida.

Las leyes no son meras expresiones de deseo; deben ser herramientas efectivas para garantizar una tutela judicial efectiva. En casos de violencia de género, esto implica no solo la obtención de una sentencia y su cumplimiento, sino también un acompañamiento humano y empático, que permita a la persona transitar el proceso judicial de manera digna y segura. La confianza en el sistema penal por parte de una persona que busca justicia debe estar representada en la figura del agente fiscal. Cuando esta confianza se rompe, se pierde la fe en todo el sistema.

Las, les y los firmantes "Exigimos que el Ministerio Público Fiscal brinde herramientas adecuadas a las víctimas para afrontar los procesos judiciales restantes. El Estado debe garantizar que las víctimas no sean revictimizadas por el sistema judicial y que reciban el apoyo necesario para enfrentar a sus agresores con justicia y dignidad.

Por todo lo expuesto, solicitamos una revisión exhaustiva de los casos tratados por la Dra. Calviño, que se arbitren todas las medidas disponibles para que la funcionaria no vuelva a socavar la dignidad y la integridad de sus representadas; se solicita a la vez de forma urgente e impostergable la implementación de medidas que aseguren una verdadera perspectiva de género en el tratamiento judicial de la violencia contra las mujeres.