Traducción al español a continuación

The undersigned residents, workers, property owners, and visitors ask Dare County and its participating municipalities to remove Flock Safety surveillance cameras from Dare County and to decline renewal of any current Flock contracts. This is not just a license-plate reader. Public reporting and Flock’s own training materials show the system can be used to track people from place to place, zoom in on pedestrians, and create searchable movement records that go beyond a plate number.  That means the real issue is not only vehicle identification, but people surveillance: where someone goes, how often they travel a route, and whether their presence in a place becomes part of a permanent searchable database. 

For Dare County, the issue is concrete and local: nearly 50 Flock cameras are already operating in the county, and Southern Shores residents and officials have publicly raised concerns about privacy, access, and who controls the data.  Another serious concern is misuse. Public reporting has shown that Flock data has been accessed for personal reasons, repeated non-investigative searches, and even stalking-related conduct by law enforcement personnel in multiple states. That is not a hypothetical risk; it is a real failure of access control and oversight.  Communities across the country have ended, declined to renew, or suspended Flock contracts because of recurring concerns about privacy, surveillance overreach, data security, and lack of oversight. 

North Carolina property-law principles also support caution. Legal commentary on the implied covenant of quiet enjoyment explains that tenants are entitled to quiet and peaceable possession of their homes, and that peace, privacy, and beneficial use of property are longstanding legal values.  While that doctrine is not a direct ban on public camera systems, it reflects an important principle for a county where many people live in rented homes, seasonal housing, multifamily communities, and short-term rental housing.

For these reasons, the undersigned respectfully request that Dare County and all participating local agencies:

• Remove existing Flock ALPR cameras from Dare County. 
• Decline to renew any current Flock Safety contracts. 
• Pause any expansion of ALPR use until a full public review is completed. 
• Publish all camera locations, governing policies, retention schedules, audit rules, and data-sharing practices. 
• Hold a public hearing before approving any future ALPR contract or replacement system. 
• Disclose and pause any capability upgrades.
• Require advance public notice and a public hearing before any software update or feature change that expands what these cameras can do (e.g., facial recognition, new detection types, expanded data-sharing), and clarify who has authority to approve such changes.

Dare County can support public safety without relying on a system that records and stores information about the movements of ordinary people. Residents and visitors deserve transparent, accountable public policy that respects privacy, civil liberties, and the peaceful use and enjoyment of homes and neighborhoods.

Los residentes, trabajadores, propietarios y visitantes que suscriben solicitan al condado de Dare y a sus municipios participantes que retiren las cámaras de vigilancia Flock Safety del condado de Dare y que rechacen la renovación de cualquier contrato vigente con Flock. Esto no es simplemente un lector de placas. Los informes públicos y los propios materiales de capacitación de Flock demuestran que el sistema puede utilizarse para rastrear a las personas de un lugar a otro, hacer zoom sobre peatones y crear registros de movimiento consultables que van más allá de un número de placa. Esto significa que el problema real no es únicamente la identificación de vehículos, sino la vigilancia de personas: adónde va alguien, con qué frecuencia recorre una ruta, y si su presencia en un lugar pasa a formar parte de una base de datos permanente y consultable.

Para el condado de Dare, el problema es concreto y local: ya operan casi 50 cámaras Flock en el condado, y residentes y funcionarios de Southern Shores han expresado públicamente su preocupación sobre la privacidad, el acceso y quién controla los datos. Otra preocupación grave es el uso indebido. Informes públicos han demostrado que se ha accedido a datos de Flock por motivos personales, mediante búsquedas repetidas sin fines de investigación, e incluso en conductas relacionadas con acoso por parte de personal de las fuerzas del orden en varios estados. No se trata de un riesgo hipotético; es una falla real de control de acceso y supervisión. Comunidades de todo el país han terminado, rechazado la renovación o suspendido contratos con Flock debido a preocupaciones recurrentes sobre privacidad, exceso de vigilancia, seguridad de datos y falta de supervisión.

Los principios del derecho de propiedad de Carolina del Norte también respaldan la cautela. Los comentarios jurídicos sobre el pacto implícito de goce pacífico explican que los inquilinos tienen derecho a la posesión tranquila y pacífica de sus hogares, y que la paz, la privacidad y el uso beneficioso de la propiedad son valores jurídicos de larga data. Si bien esta doctrina no constituye una prohibición directa de los sistemas de cámaras públicas, refleja un principio importante para un condado donde muchas personas viven en viviendas de alquiler, viviendas de temporada, comunidades multifamiliares y alquileres vacacionales de corto plazo.

• Por estas razones, los abajo firmantes solicitan respetuosamente que el condado de Dare y todas las agencias locales participantes:
• Retiren las cámaras ALPR de Flock actualmente instaladas en el condado de Dare.
• Rechacen la renovación de cualquier contrato vigente con Flock Safety.
• Pausen cualquier expansión del uso de ALPR hasta que se complete una revisión pública completa.
• Publiquen todas las ubicaciones de las cámaras, las políticas que las rigen, los calendarios de retención de datos, las normas de auditoría y las prácticas de compartición de datos.
• Realicen una audiencia pública antes de aprobar cualquier futuro contrato ALPR o sistema de reemplazo.
• Divulguen y pausen cualquier mejora de capacidades. Exijan aviso público previo y una audiencia pública antes de cualquier actualización de software o cambio de función que amplíe lo que estas cámaras pueden hacer (por ejemplo, reconocimiento facial, nuevos tipos de detección, mayor intercambio de datos), y aclaren quién tiene la autoridad para aprobar dichos cambios.

El condado de Dare puede respaldar la seguridad pública sin depender de un sistema que registra y almacena información sobre los movimientos de personas comunes. Los residentes y visitantes merecen una política pública transparente y responsable que respete la privacidad, las libertades civiles y el disfrute pacífico de los hogares y vecindarios.