Al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes:

Las personas firmantes de esta petición solicitamos con urgencia una revisión profunda y equitativa del sistema actual de acceso a la función docente en España para los niveles de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, Primaria e Infantil. Esta demanda responde a una necesidad sentida y compartida por miles de opositores que se enfrentan a un proceso desigual, poco transparente y que no garantiza siempre los principios de mérito e igualdad.

Queremos subrayar que nuestras propuestas no buscan rebajar el nivel de exigencia de las oposiciones, sino modernizar, racionalizar y homogeneizar un sistema que, en su forma actual, resulta injusto, arcaico y perjudicial tanto para los opositores como para la calidad del sistema educativo.

A continuación, exponemos los puntos concretos que solicitamos:

 

1. Conversión de la prueba teórica a formato tipo test

En la actualidad, la mayoría de oposiciones a cuerpos del Estado, como Policía Nacional, Guardia Civil, Judicatura o Hacienda, incluyen pruebas teóricas tipo test como método de evaluación. Consideramos que este formato:

• Asegura una corrección objetiva y rápida.
• Elimina sesgos personales del tribunal.
• Reduce la subjetividad de la evaluación.
• Permite abarcar un conocimiento más amplio del temario.

Las pruebas de desarrollo actuales favorecen interpretaciones subjetivas y están basadas en un modelo memorístico que no refleja las competencias docentes reales.

 

2. Eliminación de la lectura obligatoria del tema y la prueba práctica

Actualmente existen diferencias sustanciales entre comunidades autónomas, como es el caso de Extremadura, donde aún se exige la lectura de dichas pruebas, mientras que en otras comunidades ha sido eliminada.

Solicitamos su supresión generalizada por razones de:

• Igualdad de condiciones entre aspirantes de todas las regiones.
• Reducción del estrés innecesario.
• Priorización del contenido pedagógico sobre la oratoria.

Estas fases orales:

• No aporta valor pedagógico ni evaluativo real, ya que no se está midiendo la capacidad docente, sino la habilidad de lectura en voz alta.
• Representa un sobrecoste económico innecesario para los opositores (en impresiones, encuadernación, desplazamientos, alojamiento...).
• Introduce un sesgo subjetivo adicional, ya que la dicción, el tono, la velocidad o incluso el acento del opositor pueden condicionar la percepción del tribunal, sin relación alguna con su competencia profesional.

La permanencia de estas prácticas obsoletas y desiguales atenta contra el principio de equidad en el acceso a la función pública docente. Por ello, solicitamos su eliminación inmediata en todas las comunidades autónomas, y que el proceso selectivo se centre exclusivamente en el contenido, el mérito y la preparación de los aspirantes, no en su capacidad para leer o defender en público ante un tribunal.

 

3. Celebración de las pruebas en condiciones climáticas adecuadas

Las pruebas se celebran a mediados de junio, con temperaturas elevadas y en muchas ocasiones, aulas sin climatización ni ventilación adecuadas, lo que ha provocado:

• Mareos y desmayos.
• Bajadas de tensión.
• Deshidratación.
• Dificultades graves de concentración.

Solicitamos que se estudien medidas como:

• Adelantar la convocatoria a meses más frescos.
• Garantizar espacios acondicionados térmicamente.
• Proveer servicios mínimos de hidratación y ventilación.

 

4. Garantía del anonimato en la evaluación

Es indispensable que la evaluación se realice de manera completamente anónima, mediante un sistema de códigos identificativos, sin nombres visibles. Esto aseguraría:

• Una evaluación imparcial y justa.
• Prevención de posibles favoritismos o discriminaciones.
• Mayor confianza en el proceso selectivo.

 

5. Temario único, oficial y actualizado para todas las comunidades autónomas

Actualmente, las diferencias entre comunidades provocan desigualdad y confusión entre los aspirantes. Además, los temarios que rigen las oposiciones no han sido actualizados desde 1993, lo que resulta completamente inaceptable en un sistema educativo en constante evolución.

Solicitamos:

• Un temario único, actualizado y oficial, aplicable en todo el territorio nacional.
• Una revisión periódica para mantenerlo alineado con los avances educativos, pedagógicos y tecnológicos.
• Participación de docentes, expertos y representantes de todas las partes interesadas en su elaboración.

Un temario común y actualizado garantizaría una preparación justa, coherente con la realidad educativa actual, y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

 

6. Flexibilidad razonable en las sanciones por faltas ortográficas

Solicitamos una revisión coherente y proporcional de los criterios de penalización por errores ortográficos, teniendo en cuenta:

• La naturaleza global del examen.
• La frecuencia y gravedad de los errores.
• La necesidad de valorar sobre todo el conocimiento pedagógico y didáctico del aspirante.

No es justo que una única falta ortográfica invalide un examen completo que demuestra competencias sólidas, o que lo perjudique gravemente en la calificación final.

 

7. Criterios de evaluación claros, objetivos y centralizados en todo el país

Una de las mayores preocupaciones de los opositores es la falta de criterios de evaluación detallados y homogéneos. En la actualidad, cada tribunal tiene un margen excesivamente amplio de interpretación, lo que provoca:

• Subjetividad en las correcciones.
• Diferencias significativas entre comunidades autónomas, e incluso entre tribunales de una misma convocatoria.
• Desigualdad en las valoraciones, que no siempre se corresponde con el nivel real de preparación del aspirante.

Los opositores merecen saber con antelación y claridad qué se espera de ellos, qué se valora y cómo se puntúa. En muchos casos, los criterios publicados son vagos, genéricos o directamente inexistentes, dejando a los candidatos en una situación de incertidumbre e indefensión.

Por ello, solicitamos:

• La elaboración y publicación de criterios de corrección detallados y específicos para cada una de las pruebas del proceso selectivo.
• Que dichos criterios estén centralizados y regulados a nivel nacional, garantizando así una aplicación homogénea en todo el territorio.
• Que cada tribunal se adhiera obligatoriamente a estos baremos, de forma que la evaluación se base en parámetros objetivos y justos, no en valoraciones personales.

Esta medida no solo aportaría mayor transparencia y seguridad jurídica, sino que también elevaría la calidad del proceso selectivo, al centrar la corrección en el mérito real y no en la interpretación subjetiva de unos pocos.

 

8. Adecuación de la programación y unidad didáctica a la realidad educativa

En la actualidad, los aspirantes deben presentar una programación didáctica que incluya 12 situaciones de aprendizaje, lo cual no refleja la estructura ni el ritmo real de trabajo en el aula. En la mayoría de centros educativos, una programación anual suele estar compuesta por entre 8 y 9 unidades o situaciones didácticas, especialmente teniendo en cuenta periodos no lectivos, evaluaciones, actividades complementarias y otros condicionantes escolares reales.

Esta desconexión entre lo que se exige en la oposición y lo que realmente ocurre en los centros educativos:

• Dificulta una preparación coherente y pedagógica.
• Lleva al opositor a diseñar situaciones poco realistas o forzadas solo para cumplir el número exigido.
• Resta valor formativo al documento, que deja de ser útil para su futura labor docente.

Por ello, solicitamos una revisión del modelo de programación exigido, para que sea más realista, práctico y representativo del ejercicio docente habitual, sin sobrecargar a los aspirantes con exigencias desproporcionadas que no responden a criterios pedagógicos reales.

 

Una mejora para todos: sociedad, docentes y sistema educativo

Este conjunto de cambios no solo beneficiaría a los aspirantes a profesor, sino que repercutiría directamente en la calidad de la educación pública en España. Un sistema de selección más justo, moderno y transparente garantizará que accedan a la función docente los profesionales mejor preparados, y en igualdad de condiciones.

Por eso, esta petición no es solo para opositores o docentes, sino para toda la sociedad.

Padres, madres, estudiantes, ciudadanos en general: todos queremos una educación pública de calidad, con profesionales bien formados, seleccionados de manera equitativa y en condiciones humanas. Vuestra firma puede marcar la diferencia para construir una educación más justa, sólida y moderna.

 

Solicitamos al Congreso de los Diputados, al Ministerio de Educación y a las consejerías autonómicas que escuchen esta demanda y emprendan una reforma sensata, igualitaria y necesaria del sistema de acceso a la docencia.

Gracias por tu apoyo. Gracias por firmar por una educación más justa para todos.