Estimadas y estimados parlamentarios de la República de Chile:

Me dirijo a ustedes para solicitar con urgencia la aprobación de una ley que permita levantar el secreto bancario, bajo reglas claras, controles institucionales y responsabilidades estrictas, en investigaciones vinculadas al lavado de activos, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, la evasión tributaria, el tráfico de influencias y otras formas graves de delincuencia económica.

Chile enfrenta hoy una crisis de seguridad que no puede combatirse solo con discursos, más cárceles o aumento de penas. El crimen organizado no vive únicamente de la violencia callejera. Vive, sobre todo, del dinero. Y ese dinero necesita circular, ocultarse, transformarse, ingresar al sistema formal y volver a aparecer con apariencia de legalidad.

El caso conocido como Operación Tokio lo demuestra con una claridad brutal. Una red vinculada al Tren de Aragua habría movido decenas de miles de millones de pesos a través del sistema financiero formal, con empresas de papel, mecanismos digitales y la participación de personas insertas en estructuras aparentemente respetables. Esto confirma una realidad incómoda: sin acceso oportuno a la ruta del dinero, el Estado llega tarde, investiga a medias y permite que las redes criminales se fortalezcan.

Por eso, mantener un secreto bancario excesivamente rígido no protege principalmente al ciudadano común. Protege, en la práctica, a quienes necesitan ocultar grandes movimientos de dinero: redes de lavado, narcotráfico, evasores, corruptos, testaferros, financistas ilegales y operadores que se mueven entre la economía formal y la ilegalidad.

La privacidad bancaria de las personas debe ser protegida. Nadie propone que la información financiera de ciudadanos sin sospecha se vuelva pública ni que pueda ser revisada arbitrariamente por autoridades políticas. Pero esa protección no puede convertirse en una muralla para impedir investigaciones serias cuando existen operaciones sospechosas, reportes bancarios, indicios de lavado de activos o vínculos con organizaciones criminales.

El levantamiento del secreto bancario debe estar sometido a controles, auditorías, trazabilidad, sanciones penales por abuso y fiscalización institucional. Pero debe existir. Y debe ser eficaz. Porque una herramienta que llega tarde, que depende de trámites excesivamente lentos o que paraliza investigaciones complejas termina favoreciendo justamente a quienes saben esconder el dinero mejor que nadie.

Aprobar esta reforma permitiría avanzar en cuatro objetivos fundamentales:

1. Combatir el crimen organizado donde realmente le duele: en el dinero.
Las organizaciones criminales pueden reemplazar soldados, intermediarios y operadores menores. Lo que les resulta más difícil es perder sus rutas financieras, sus redes de lavado y sus mecanismos para transformar dinero ilícito en poder económico.

2. Fortalecer la persecución de la corrupción y el tráfico de influencias.
La corrupción rara vez se presenta de manera evidente. Opera mediante favores, sociedades, triangulaciones, contratos, transferencias, asesorías ficticias y estructuras financieras opacas. Sin herramientas para seguir el dinero, la transparencia se vuelve una promesa vacía.

3. Cumplir estándares internacionales de transparencia financiera.
Chile debe avanzar hacia un sistema moderno, compatible con las recomendaciones internacionales en materia de intercambio de información, prevención del lavado de activos y combate a la corrupción. Un país que aspira a instituciones serias no puede mantener zonas de opacidad que favorecen la impunidad.

4. Mejorar la seguridad pública de manera real.
La violencia criminal no se reduce solo persiguiendo al último eslabón. Se reduce desarmando las estructuras económicas que financian extorsiones, sicariato, tráfico de drogas, trata de personas, secuestros y corrupción institucional.

Por todo lo anterior, solicito respetuosamente a las y los parlamentarios que aprueben el levantamiento del secreto bancario en los casos definidos por la ley, con resguardos adecuados para los ciudadanos, pero sin transformar la privacidad financiera en refugio para el crimen.

Quienes dicen defender la seguridad deben demostrarlo con votos concretos. No basta con condenar al crimen organizado en los discursos si después se bloquean las herramientas que permiten seguir la ruta del dinero.

Chile necesita transparencia. Chile necesita instituciones capaces de investigar. Chile necesita cortar las redes financieras del crimen y la corrupción.

Por eso, les exijo que aprueben el levantamiento del secreto bancario.

Atentamente,

Ignacio Mujica Alvarado

¿En qué se diferencia la actual atribución del Ministerio Público para levantar el secreto bancario del proyecto de ley propuesto por el gobierno?

El levantamiento del secreto bancario propuesto por el senador chileno Esteban Velásquez en 2019 (en el cual se basa la proposición del gobierno) se diferencia del levantamiento del secreto bancario que puede ordenar un tribunal en varios aspectos:

Ámbito de aplicación: La propuesta de Velásquez se enfoca en las altas autoridades a nivel nacional y regional, mientras que el levantamiento del secreto bancario ordenado por un tribunal puede aplicarse a cualquier individuo o entidad, siempre que haya una investigación en curso que justifique dicha medida.

Autoridad responsable: En la propuesta de Velásquez, las entidades gubernamentales como la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero tendrían la facultad de monitorear las transacciones de las altas autoridades. En el caso del levantamiento del secreto bancario por orden judicial, es un juez o tribunal quien autoriza y supervisa el acceso a la información bancaria.

Procedimiento y justificación: La propuesta de Velásquez implicaría un acceso más automático y generalizado a la información bancaria de las altas autoridades, mientras que el levantamiento del secreto bancario por orden judicial requiere que exista una investigación en curso y motivos suficientes para justificar la medida. Por lo general, un juez debe determinar que hay indicios razonables de que se ha cometido un delito antes de autorizar el levantamiento del secreto bancario.
En resumen, la propuesta de Velásquez busca ampliar el acceso a la información bancaria de altas autoridades para prevenir la corrupción y mejorar la transparencia, mientras que el levantamiento del secreto bancario por orden judicial es una medida específica y limitada a casos en los que exista una investigación y justificación adecuadas.

¡Escríbele a tu representante para que esta iniciativa sea aprobada!

Plantilla para pedirle a nuestros representantes que aprueben el levantamiento del secreto bancario. 

Estimado/a [Nombre del parlamentario],

Me dirijo a usted para solicitar su apoyo en la aprobación de la ley propuesta por el gobierno para levantar el secreto bancario en nuestro país. Como ciudadano/a preocupado/a por la transparencia y la lucha contra la corrupción, considero que esta medida es necesaria para garantizar la integridad y la confianza en nuestras instituciones.

El secreto bancario, aunque puede proteger la privacidad de los personas, también ha sido utilizado en el pasado para encubrir actividades ilegales, como la evasión fiscal y el lavado de dinero. La implementación del intercambio automático de información fiscal en otros países demuestra que se puede aumentar la transparencia sin comprometer la privacidad de los ciudadanos ni perjudicar la economía.

Por lo tanto, le pido respetuosamente que apoye la aprobación de esta ley para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en nuestro país. Agradezco de antemano su atención a este importante tema y espero su respuesta.

Atentamente, [Tu nombre y apellido]