PETICIÓN CIUDADANA PARA LA APROBACIÓN DE LA LEY DE ARMAS CONSTITUCIONAL DE 2026

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José Merced and 19 others have signed recently.

The Issue

A los Honorables Senadores y Representantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Yo, abajo firmante, mayor de edad, residente de Puerto Rico, comparezco respetuosamente para solicitar la
aprobación de una Ley de Armas Constitucional y la derogación de la Ley Núm. 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020.


Esta petición se fundamenta en que el derecho a poseer y portar armas para fines lícitos, incluyendo la legítima defensa, no debe ser tratado como un privilegio concedido por el Estado, sino como un derecho constitucional del ciudadano responsable y respetuoso de la ley. Además, existe una preocupación legítima de que la Policía de Puerto Rico, mediante el ejercicio de su amplio poder regulador y administrativo bajo la actual Ley de Armas, ha utilizado dicho poder de manera excesiva para atropellar el debido proceso de ley e impedir, denegar, suspender y/o revocar licencias de armas, en ocasiones sin garantías adecuadas, sin criterios suficientemente claros, o sin un remedio rápido y efectivo para el ciudadano afectado.


Estas actuaciones tienen el efecto práctico de limitar o anular el ejercicio de derechos constitucionales
protegidos, incluyendo el derecho a la legítima defensa, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y el derecho a no ser privado arbitrariamente de un derecho.


Por ello, solicitamos que cualquier nueva legislación elimine los espacios de discreción administrativa excesiva, establezca criterios objetivos y uniformes, garantice notificación adecuada, oportunidad real de ser oído, revisión judicial rápida y remedios efectivos contra cualquier denegatoria, suspensión o revocación injustificada. La política pública de Puerto Rico debe distinguir claramente entre el ciudadano responsable y el delincuente. El Estado debe perseguir con firmeza el uso criminal de armas, pero no debe utilizar su poder regulador para castigar, desalentar o impedir que ciudadanos cumplidores de la ley ejerzan derechos constitucionales para proteger su vida, su familia y su propiedad.


Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente que, en el cumplimiento de su deber de representación al Pueblo de Puerto Rico, aprueben el proyecto de la Ley de Armas Constitucionales de 2026.


Respetuosamente sometido

3,919

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The Issue

A los Honorables Senadores y Representantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Yo, abajo firmante, mayor de edad, residente de Puerto Rico, comparezco respetuosamente para solicitar la
aprobación de una Ley de Armas Constitucional y la derogación de la Ley Núm. 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020.


Esta petición se fundamenta en que el derecho a poseer y portar armas para fines lícitos, incluyendo la legítima defensa, no debe ser tratado como un privilegio concedido por el Estado, sino como un derecho constitucional del ciudadano responsable y respetuoso de la ley. Además, existe una preocupación legítima de que la Policía de Puerto Rico, mediante el ejercicio de su amplio poder regulador y administrativo bajo la actual Ley de Armas, ha utilizado dicho poder de manera excesiva para atropellar el debido proceso de ley e impedir, denegar, suspender y/o revocar licencias de armas, en ocasiones sin garantías adecuadas, sin criterios suficientemente claros, o sin un remedio rápido y efectivo para el ciudadano afectado.


Estas actuaciones tienen el efecto práctico de limitar o anular el ejercicio de derechos constitucionales
protegidos, incluyendo el derecho a la legítima defensa, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y el derecho a no ser privado arbitrariamente de un derecho.


Por ello, solicitamos que cualquier nueva legislación elimine los espacios de discreción administrativa excesiva, establezca criterios objetivos y uniformes, garantice notificación adecuada, oportunidad real de ser oído, revisión judicial rápida y remedios efectivos contra cualquier denegatoria, suspensión o revocación injustificada. La política pública de Puerto Rico debe distinguir claramente entre el ciudadano responsable y el delincuente. El Estado debe perseguir con firmeza el uso criminal de armas, pero no debe utilizar su poder regulador para castigar, desalentar o impedir que ciudadanos cumplidores de la ley ejerzan derechos constitucionales para proteger su vida, su familia y su propiedad.


Por lo antes expuesto, solicitamos respetuosamente que, en el cumplimiento de su deber de representación al Pueblo de Puerto Rico, aprueben el proyecto de la Ley de Armas Constitucionales de 2026.


Respetuosamente sometido

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