Lo ocurrido en los últimos dos días es un golpe de Estado. Un Congreso conformado por procesados y gestores de intereses que no representan a NADIE más que a sus jefes se tiró abajo a un presidente mediante una interpretación absurda de la Constitución y sobre la base de hechos previos a su mandato que aún se están investigando. Lo han hecho, además, en contra de la opinión de 80% de los peruanos, violando así el derecho al sufragio.

Manuel Merino no ha sido elegido por el pueblo para ser Presidente del Perú, sino para que sea congresista, a diferencia de Martín Vizcarra, que si ha sido elegido dentro de una plancha presidencial.

El país ha sido víctima del capricho de quienes saben que no llegarán al poder ganando elecciones.

La Constitución contempla motivos concretos para vacar al presidente de la República -entre los que se encuentra impedir las elecciones, abandonar el país sin permiso o cerrar el Congreso-, ninguno de los cuales se encuentra entre los argumentos usados por el actual Legislativo para vacar a Martín Vizcarra.

Asimismo, la Constitución afirma que ninguna autoridad puede avocarse a un proceso de un órgano jurisdiccional. Aquí cabe apuntar que es el Congreso el que se está basando en un proceso judicial en curso con testimonios que aún no son calificados como colaboraciones eficaces, además que la controversia entre el Legislativo y el Ejecutivo corresponde resolverse en el Tribunal Constitucional, como supuesta causal para la vacancia.

Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos apunta que es la voluntad popular de la que emana el poder público. Es evidente, aún más con las masivas protestas que se suceden en todas las ciudades del país, que la vacancia Martín  Vizcarra es muy impopular y contraria al voto que su plancha presidencial, encabezada por Kuczynski, obtuvo en el 2016.

El poder del Estado se encuentra limitado por la Constitución y las leyes que cautelan que éste no se desborde. El uso de la figura constitucional de la vacancia por incapacidad moral, del que han echado mano los ciento cinco congresistas que han votado en el pleno, constituye un abuso de derecho, dados los vacíos legales que esta figura supuestamente excepcional presenta. Que se haya hecho efectiva ipso facto no deslegitima cualquier cuestionamiento a la constitucionalidad de la misma, la cual podría ser perfectamente revertida por orden judicial. 

Algunos legisladores estaban desesperados por salvarse de sus aprietos criminales y judiciales.

El artículo 46 de la Constitución claramente dice que la población tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. ¡Hagámoslo!