Promover una reforma constitucional que otorgue el derecho de autodeterminación 1/2 2/3 3/4

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No hay país más fuerte que aquel conformado por individuos libres que, sabiendo que se pueden marchar, se quedan. Parece una tontería, pero es fundamental, pues tanto el sentimiento de pertenencia como el de libertad están profundamente enraizados.

No soy una persona nacionalista. Si alguien me pidiera que imagine un siglo XXI en el que me fuera a sentir en casa, el concepto de nación estaría superado por un mundo sin fronteras, donde el lugar de nacimiento sería una consideración “menor”, relegada a la categoría de afectos personales. Incluso la Unión Europea, siendo yo europeísta, se me queda pequeña en este sentido. Dicho esto y a la espera de que eventualmente esa visión se convierta en realidad (ese día yo no veré amanecer) y viendo el complicado panorama “nacional” en el que nos hemos enzarzado, no concibo otra solución a las ansias de independencia de una parte cada vez más importante de la ciudadanía que un cambio constitucional que incorpore un derecho de autodeterminación con unas condiciones consensuadas, que podrían ser las siguientes:

Una comunidad autónoma se podrá erigir en un Estado independiente si:

  1. Una mayoría cualificada no inferior a 2/3 de los votantes que se hubieran pronunciado a favor o en contra así lo determina en referéndum.
  2. Una mayoría simple (1/2 + 1) en cada una de sus circunscripciones provinciales coincide en su voto con esa mayoría cualificada.
  3. La participación en la votación alcanza una proporción de 3/4 de su censo electoral.

Es la que yo denomino “Propuesta de autodeterminación 1/2 2/3 3/4”. Es decir, para conseguir la independencia, los interesados habrían de superar, una vez descontados votos nulos y abstenciones (excepto a efectos de participación), esas tres barreras porcentuales: 1/2 de la población en cada provincia a favor (más síes que noes); 2/3 en el conjunto del territorio (doble de síes que de noes) y 3/4 de participación. Por supuesto, otras condiciones habrían de ser pactadas, como por ejemplo el establecimiento de restricciones en la frecuencia de los referéndums, los términos de la separación o la reversibilidad del proceso, pero la base de la propuesta sería esa: asumir la necesidad de una mayoría reforzada, proteger la voluntad popular de las provincias discrepantes (evitando con ello la reivindicación de nuevos referéndums de autodeterminación por parte de las circunscripciones provinciales) y requerir la implicación en el proceso de prácticamente toda la ciudadanía.

Un cambio de esta envergadura –el nacimiento de un nuevo Estado–, por su trascendencia, por la complejidad en su ejecución y por tratarse de una decisión potencialmente irreversible (aun habiendo sido pactada su reversibilidad), no debería permitirse con mayorías simples coyunturales. Quien pretenda que así sea creo no lo conseguirá jamás, entre otras razones porque dicha reforma constitucional no tiene ningún viso de producirse en este país (ni en ningún otro), a juzgar por el equilibrio de fuerzas políticas que hoy (o en los últimos 40 años) nos representan y cuya posición dudo vaya a virar en esa dirección, una postura que por otra parte es difícilmente recriminable, pues en un mundo en el que la soberanía nacional reside (aunque no toda ella) en el Estado, nadie en su sano juicio que haya sido elegido para defender los intereses de dicho Estado, va a facilitar su disgregación. De ahí que esta propuesta no hable de facilitarla, sino de permitirla exclusivamente en una situación extraordinaria en la que se hubiera constituido una amplia mayoría que así lo solicite. Conformar esa mayoría no va a ser fácil: no ha de serlo.

Abogo por un mundo abierto, con nacionalidades que habitan diferentes territorios y territorios habitados por nacionalidades diferentes.

Es también importante matizar que lo que aquí se propone es un derecho democrático de las personas, no un derecho histórico de los territorios, algo que considero clave para poder eventualmente persuadir a aquellos partidos políticos (sin su apoyo una reforma constitucional no será posible) que defienden que todos los ciudadanos y comunidades de ciudadanos son iguales ante la ley, independientemente de consideraciones de índole histórico, identitario o sentimental. Extremadura o Andalucía han de tener los mismos derechos que Euskadi o Cataluña en un sistema verdaderamente democrático, que en ningún caso puede ser discriminatorio.

Para los españoles temerosos de que esta medida pudiera ser la llave de pandora que desintegre eventualmente el país, les haría la siguiente reflexión: ¿Y si el independentismo alcanza esos porcentajes ampliamente mayoritarios precisamente como consecuencia de despreciar sus reivindicaciones y no adoptar una medida en la línea de lo que aquí se plantea? ¿Realmente creemos que si un 70% de la ciudadanía pretende independizarse y opta por la desobediencia civil podremos impedírselo? Y si así fuera, ¿a qué coste? ¿Merece la pena mantener esta tensión? ¿No estaremos incrementando el número de independentistas nosotros, quienes pretendemos que no se vayan, con nuestra intransigencia? ¿No sería más inteligente establecer unas nuevas normas de convivencia que reconozcan sus aspiraciones al tiempo que las delimiten, sin impedirlas? Cuando a alguien le gritan que su sueño es imposible a sabiendas de que en principio no lo es, su determinación por perseguirlo se acrecienta, como hemos podido constatar.

Y ya en un plano más idealista, aunque no por ello menos pragmático, les haría esta segunda reflexión: imaginad que mañana España, como lo ha hecho recientemente el Reino Unido, decide salirse de la Unión Europea y vosotros no estuvierais en absoluto de acuerdo con dicha decisión, que consideráis trascendental para vuestro futuro y el de vuestros hijos y en contra de vuestros principios más arraigados. ¿No sería un alivio saber que nuestra constitución nos permite organizarnos para que el territorio político más inmediato al que pertenezcamos –la comunidad autónoma– pueda independizarse y retornar a Europa? ¿No os parece legítimo saber que podemos abandonar un barco que consideramos a la deriva en nuestro propio bote de salvación? A mí así me lo parece. Y este es solo un ejemplo; podría poner otros: embarcarse en una guerra, instaurar el servicio militar obligatorio, conculcar derechos fundamentales o abrazar el comunismo o el capitalismo neoliberal más despiadado (sí, lo sé: me refiero a uno aún más despiadado).

Todos creemos tener razón y no sabemos ponernos en la piel del otro: ese es el problema más acuciante que hemos de abordar.

No soy ningún iluso: soy consciente de que este planteamiento, al no ser maximalista y huir por tanto de los extremos, no va a gustar ni a los independentistas acérrimos ni a los unionistas empedernidos. Sin embargo, soy de la opinión de que una propuesta equilibrada para solucionar una disputa es aquella que descontenta a ambas partes enfrentadas por igual hasta que se percatan de ello y, resignados ante la perspectiva de un mal aún mayor, acaban aceptándola. No sé si esto ocurrirá con esta, pero no conozco una mejor para dar una respuesta unitaria a aquellos que reivindican el derecho a decidir sin reservas ni matices y a quienes se oponen, también sin ninguna reserva o matiz, frontalmente a él.

Por último y para finalizar mi argumentario, quiero simplemente añadir que una democracia en la que no se respeta la legislación vigente no es tal. Sin embargo, cuando son millones las personas que la perciben como injusta, obsoleta o arbitraria, quizás haya llegado el momento de considerar modificarla y nos corresponde a nosotros, los constitucionalistas, por ser mayoría absoluta –que no absolutista–, promover esta iniciativa. La mejor manera de defender la integridad territorial de tu país no es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza lo que consigue es hacer más fuerte al movimiento independentista cuyo rumbo pretendemos corregir, pues genera sentimientos de frustración y represión en gentes que, en principio, se sentirían muchas de ellas cómodas en un Estado español más valiente, más generoso, más democrático. No hemos de tener ningún miedo a darle voz a la gente: en democracia, no hay mejor manera de vencer que convencer y yo confío en nuestros argumentos para mantenernos unidos como país. Además, pasaríamos a ser probablemente “el país más democrático del mundo” y a mí, personalmente, me gusta cómo esto suena.



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