Hola.  Tengo muchos pacientes profundamente afectados por adicciones o trastornos mentales crónicos, y duele ver cómo no tienen acceso a tratamientos complejos cuando los necesitan.

La ley de Salud Mental todavía en vigencia, haciéndose eco de razones de dignidad y derechos humanos, desmanteló los hospitales de salud mental, y en su lugar creó Organismos de Revisión, que debían implementar y supervisar dispositivos para el cuidado de los pacientes.  Lo que ocurrió en realidad es que el Estado se deslindó de esa manera, de la responsabilidad de proveer servicios de salud mental .  Y por supuesto, por falta de recursos, los mencionados dispositivos nunca se crearon, y lo poco disponible para los pacientes psiquiátricos depende de los hospitales públicos, que no reciben del Estado los recursos necesarios; o de instituciones de beneficencia o religiosas, que carecen del conocimiento clínico necesario.

Escucho por un lado las voces de prestadores bien intencionados, que insisten en que la desmanicomialización fue un avance hacia el respeto de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de los pacientes.  Y estoy de acuerdo en que privar de la libertad y la autodeterminación a individuos que eligen una vida diferente  no es apropiado, ni ético, ni debería ser legal.  La psiquiatría, trágicamente, tiene aspectos de su historia lamentables, en lo que a ello se refiere.

Pero tambien veo la realidad de algunos de mis pacientes, y de sus familias, y me pregunto: ¿Cómo estamos respetando la libertad individual, los derechos y la dignidad de una persona, cuando la dejamos autodestruirse y dañar a su familia debido a una adicción? ¿Cuán libre es una persona esclavizada por una substancia o un trastorno no tratado, que le impide tener un trabajo, una familia o siquiera un poco de autoestima ?  ¿De qué manera privar a una persona de centros de tratamiento para un problema de salud, es proteger sus derechos humanos?  ¿Tener a un paciente completamente sedado y atado a una cama en un hospital público es mejor que darle un lugar donde pueda desarrollar su potencial, por limitado que sea?  ¿Es más digno vivir en la calle, cubierto de mugre y harapos, mendigando y alcoholizado, que recibir unos meses de internación seguidos de hospital de día, rehabilitación social y laboral? ¿Sería, acaso, apropiado, decidir un día que las Unidades Coronarias son demasiado caras, y dejar que los pacientes cardíacos agudos queden a la buena de Dios? 

No estoy pidiendo un lugar para encerrar pacientes y olvidarnos de que existen.  Todo lo contrario.  Estoy pidiendo una Ley de Salud Mental que comprenda la incapacidad de algunos pacientes para tomar decisiones saludables por sí mismos, que reconozca que negarse a recibir tratamiento solamente es un derecho cuando se tiene lucidez, conciencia de enfermedad, y suficiente información para tomar esa decisión; que negar a una familia la posibilidad de organizar tratamiento para una persona que no puede, temporariamente, discernir el perjuicio que se está causando a sí mismo o a sus seres queridos, es inmoral.  Necesitamos una ley que nos permita, con los recaudos legales imprescindibles, proteger a estos pacientes inmediatamente cuando la situación así lo exige, e iniciar tratamiento por 72 horas, lapso durante el cual un juez imparcial, asesorado por un panel de profesonales, juristas y familiares de pacientes crónicos, pueda determinar si el paciente debe continuar el tratamiento indicado o no, con revisiones periódicas para asegurar que el paciente reciba un tratamiento óptimo para su condición y sus derechos estén siendo respetados.

La reforma a la ley de salud mental debe centrarse en proporcionar servicios efectivos y accesibles a todos los pacientes y familias que los necesiten, a través de un enfoque multidisciplinario integral, que incluya tratamiento médico,  psicológico y social para una rehabilitación y reintegración eficaz, que promueva el bienestar social e individual.

La reforma también debe crear un sistema en que el Estado asigne más recursos a la salud mental, desarrolle programas de formación de profesionales bien capacitados, y permita la creación de instituciones públicas y privadas, debidamente reglamentadas y supervisadas, destinadas al tratamiento de los trastornos de salud mental y consumo problemático, así como un plan integral de prevención, comenzando por la educación en las escuelas primarias.

Por favor, adhiera a esta petición para exigir que se tomen medidas reales y significativas. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que todo ser humano goce del derecho al que todos nos aferramos: una vida saludable y digna.  Firme esta petición para apoyar esta causa urgente y necesaria.