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L-s abajo firmantes condenamos el proyecto de “ley antisaqueos” por resultar atentatorio a los Derechos Humanos, dado que en su esencia lo que hace es criminalizar las protestas y manifestaciones e impedir el legítimo derecho del pueblo a manifestarse.

Por lo tanto decimos con fuerza NO a la criminalización de la manifestación y hacemos un llamado a los Sres(as) legisladores(as) a que voten NO a la ley antisaqueos, dado que al aprobarse este proyecto de ley, l-s ciudadan-s de este país quedaremos inmovilizad-s para enfrentar una decisión trascendente como es el plebiscito del 26 de abril, el proceso constituyente y las demandas sociales.

Como sociedad civil organizada abajo firmante hacemos un llamado a los parlamentarios a fin de que enmienden conforme a derecho y al clamor ciudadano el camino que se ha empeñado en seguir el gobierno, que desde el 18/O no ha sido capaz de mantener el orden público y muy por el contrario, ha violado en forma sistemática y generalizada los Derechos Humanos.

Dan cuenta de ello las altas cifras de pérdidas de glóbulos oculares y otros delitos de lesa humanidad, cometidos por agentes del Estado al servicio de una política violenta y represiva que ha instaurado el Gobierno de Chile. Baste recordar la declaración de guerra hecha por el Presidente de la República de Chile al pueblo movilizado y la consecuente política represiva diseñada por el gobierno y ejecutada por las fuerzas de orden y seguridad.

Hoy día, a la luz de los hechos y consecuencias de una política estatal represiva, nos es posible afirmar que los agentes del Estado están en guerra con el pueblo movilizado, considerándolo un enemigo.

El Gobierno, ante su propia ineficacia, ha recurrido al Poder Legislativo para hacerlos cómplices de maniobras que tienen por objetivo silenciar y acallar las voces de quienes reclaman dignidad y justicia social.

Por ello, las personas y sociedad civil organizada abajo firmante hacemos este llamado a la condena pública y masiva de esta iniciativa, reafirmando nuestro compromiso con los Derechos Humanos y las demandas sociales, particularmente con el derecho a la manifestación, consagrado constitucionalmente a propósito de la regulación y garantías de los derechos a reunión y libre expresión, el que de conformidad al artículo 19 numeral 26 de nuestra carta política, no puede ser afectado en su esencia, así como tampoco imponerse gravámenes, condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

Es precisamente este libre ejercicio de la expresión el que se ve atentado por la “Ley Antisaqueos” aprobado por los Señor-s Senador-s, motivo por el cual venimos a exigir no sea sancionado como Ley de la República.

En este sentido, exigimos a los señores legisladores mandatados por la ciudadanía a que rechacen la “ley antisaqueos” considerando la existencia del principio de proporcionalidad de consagración constitucional y penal para la protección de los derechos fundamentales, principio que los poderes del Estado no pueden soslayar, en virtud del cual se "prohíbe que las acciones de los poderes públicos sean excesivas”, reconociéndose como condiciones de la ley para no afectar los Derechos Humanos, las siguientes:

- que persiga una finalidad legítima.
- que debe ser idónea para la realización de esa finalidad legítima, necesaria (porque debe elegirse aquella que afecte menos los derechos humanos).
- que debe ser proporcional en sentido estricto, es decir, que la gravedad de la intervención ha de ser la adecuada al objetivo de la intervención.

El bien jurídico a proteger en el proyecto de Ley antisaqueos es el orden público, lo cual que ya se encuentra regulado en nuestro ordenamiento punitivo, de modo que el aumento de las penas que propone el proyecto atenta contra el principio de proporcionalidad de la intervención pública. En cuanto a la tipificación como delito del clásico “corta calles”, el bien jurídico protegido es la libre circulación de personas y vehículos que, sin embargo, no requiere afectar el derecho a la manifestación en todas sus dimensiones, dado que existirían otros mecanismos de orden administrativo para que estos derechos no colisionen entre sí, por lo cual la “ley antisaqueos” no cumple con el requisito de necesariedad y en consecuencia vulnera el principio de proporcionalidad.

Consideramos por tanto inaceptable y de una represión desproporcionada la actual política del gobierno, que en vez de trabajar prontas soluciones a las demandas ciudadanas por una mayor justicia social, ha sido fiel a su lógica de guerra contra el pueblo movilizado, ya que al dar urgencia a la “ley antisaqueos” ha presionando por una tramitación apresurada que continua haciendo oídos sordos a nuestras legítimas demandas sociales.