Hoy lunes 9 de marzo se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León un acuerdo del Gobierno de Mañueco por que declara “proyecto de interés prioritario” las fábricas de armamento que impulsa el Gobierno de España en el marco de los planes de rearme (programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas). En ese acuerdo se habla, textualmente, de producir drones “kamikaze”. Estos drones suicidas cada vez se usan más en los conflictos bélicos, son absolutamente inmorales y vulneran gravemente los derechos humanos de las personas civiles.

Los Gobiernos estatal y autonómico, de la mano, comparten un proyecto militarista para Castilla y León que atenta contra la paz y los derechos humanos. Exigimos paralizar este proyecto militarista, que además es opaco e ilegal. Soy padre de un niño de tres años, y no soporto tanta destrucción y tanta indecencia, no quiero este futuro de muerte para Castilla y León, no quiero que aquí se fabriquen armas que van a terminar matando a niñas y niños como mi hijo.

En el acuerdo de la Junta, además, se menciona a las Universidades públicas, sin pedirles autorización, para tratar de legitimar esta aberración militarista. Es un grave atentado contra la autonomía universitaria.

En este proyecto militarista la empresa Indra participa junto a la empresa emiratí EDGE. Esta empresa es de Emiratos Árabes Unidos, país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos, según varias ONG como Amnistía Internacional. Emiratos Árabes Unidos, además, ha participado en conflictos bélicos en los últimos tiempos, y recientemente se ha visto involucrado en la guerra entre Irán y Estados Unidos y sus socios. Fabricar armamento en nuestra comunidad autónoma, en colaboración con un socio empresarial de un país en guerra, implica consecuencias jurídicas e internacionales que comprometen la seguridad de Castilla y León y España. Esto es muy grave. Nos están metiendo en la guerra en plena campaña electoral sin ni siquiera informarnos.

En Castilla y León queremos trabajar para vivir, no trabajar para matar. Los 300 empleos que, dicen, crearán estas fábricas de la muerte no son necesarios, porque la guerra no es necesaria. Para crear empleo y fijar población en Castilla y León se puede impulsar la industria de transformación, aprovechando el enorme potencial de nuestros recursos y productos, que crearía miles de empleos estables sin necesidad de vulnerar los derechos humanos.

La economía debe estar al servicio de las personas, arraigada en el territorio, no al servicio de guerras criminales. Castilla y León es vida, no la muerte que otros promueven. Necesitamos ser valientes para que Castilla y León se sitúe en el lado correcto de la historia.

Pido una movilización al conjunto de la ciudadanía comprometida con la paz. Soy consciente de que frenar un proyecto militarista impulsado en última instancia por Trump y la OTAN es difícil, pero debemos intentarlo. Es el momento de la sociedad civil y, en especial, pido ayuda a la comunidad universitaria. Muchas gracias de antemano por vuestro tiempo y esfuerzo.