Las organizaciones sociales y ciudadanos-as firmantes convocamos un Pacto por la Salud y la Vida de todos los colombianos y colombianas, para avanzar en la construcción de un proceso que conlleve junto con las organizaciones sociales, indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras, gitanas, juveniles, campesinas, feministas, académicas, culturales, ambientales, religiosas, empresas, sindicatos y la ciudadanía de todo el país, a exigir a las autoridades nacionales y departamentales:
Punto 1. Garantizar el acceso universal a la atención integral en salud y la atención de los determinantes sociales para los y las habitantes de Colombia, conforme a la Ley Estatutaria que consagra el derecho fundamental a la Salud. (Ley 1751 de 2015).
Punto 2. Garantizar la autoridad sanitaria en los departamentos y municipios para una gobernanza unificada de la salud pública. Unir todos los recursos de promoción, prevención y cuidado primario de la salud, manejados por las EPS, con los recursos departamentales, municipales y los recursos nacionales ordinarios y extraordinarios, para ser manejados desde la autoridad sanitaria sin ninguna intermediación.
Punto 3. Duplicar la capacidad de realización de pruebas de detección del Covid-1912, incrementar la búsqueda activa en grupos de riesgo: trabajadores-as de la salud, personas mayores, pacientes crónicos, informales, conductores de vehículos de servicio público, tenderos-as, almacenistas, domiciliarios-as, cajeros-as, comunidades indígenas y afrocolombianas, población privada de la libertad, policiales, militares y servidores-as públicos con actividades de alta exposición, personas en ejercicio de la prostitución, migrantes, población recicladora, habitantes de calle, y poner en funcionamiento los laboratorios de salud pública en los departamentos donde no se cuenta con esta capacidad.
Punto 4. Aprobar a la brevedad posible los protocolos autorizados de atención domiciliaria de casos COVID 19.
Punto 5. Fortalecer y acelerar la implementación de la estrategia de Atención Primaria de la Salud Integral e Integrada, que garantice promoción, prevención y atención desde el domicilio hasta el hospital, con enfoque familiar, intercultural, territorial y comunitario en todo el territorio nacional, garantizando los recursos financieros para los equipos multidisciplinarios y el apoyo de servicios de tele salud para el cuidado temprano de todos los problemas y necesidades prioritarias diferenciadas por territorio.
Punto 6. Se impone giro directo a los prestadores en forma descentralizada con transparencia y control de estos recursos por parte de todos los organismos de control, veeduría ciudadana y sistemas públicos de información. Esta decisión abriría paso a una salud pública descentralizada y a una dirección unificada de la red de prestadores de servicios de salud, así como al incremento de recursos de inversión significativos a la altura de los retos país. La toma de muestras y entregas de resultados de pruebas, seguimiento, cercos epidemiólogos, y aislamientos podrá ser controlada por la autoridad sanitaria, que entregará resultados a la ciudadanía en tiempo real.
Punto 7. Ponerse al día de manera URGENTE con el pago de las deudas a las clínicas y hospitales, de modo que se cancelen los salarios atrasados. La financiación para el funcionamiento de la red pública hospitalaria debe estar a cargo del Estado. El Hospital San Juan de Dios, patrimonio de los colombianos-as, debe ser recuperado para la salud pública de los-as habitantes de Bogotá y del país.
Punto 8. Establecer fecha no superior a 6 meses para la formalización laboral y trabajo digno, decente y protegido en el sector salud, ampliar las plantas de la red pública y asegurar contratos de mínimo un año en IPS privadas, evitar a toda costa que los trabajadores-as sean el factor de ajuste de los desequilibrios financieros del mercado de la salud. Pagar de forma inmediata todos los salarios atrasados a los-as trabajadores de la salud.
Punto 9. El sector salud forma parte de la población colombiana, son ciudadanas y ciudadanos titulares de derechos y garantías plenas, el Estado, los empleadores y las ARL se deben a ellos, y deben participar en la dignificación del trabajo en salud con los equipamientos necesarios y la aplicación efectiva de protocolos de bioseguridad e higiene ocupacional que eviten la sobre carga laboral, seguros y coberturas reglamentarias para el personal, y en extensión para beneficio y seguridad de sus familias.
Punto 10. Asegurar el suministro regular y continuo de todos los equipos de protección personal a los-as trabajadores de la salud para proteger sus vidas, las de sus familias y sus comunidades, como una responsabilidad indelegable del Estado Colombiano y el concurso de los empleadores, entidades territoriales de salud, EPS, IPS y Administradoras de Riesgos Laborales - ARL.
Punto 11.Detener de forma inmediata los procesos de reapertura de actividades y realización de pilotajes, mientras la curva epidemiológica esté en ascenso, so pena de poner en grave riesgo a la población, especialmente a aquellos territorios que carecen de las infraestructuras sanitarias para atender a los pacientes de manera oportuna.
Punto 12. Garantizar la Renta Social Básica para todos los ciudadanos y ciudadanas con vulnerabilidad económica como medida de emergencia ante la crisis humanitaria. Recursos suficientes de protección social y cuidado comunitario solidario que cubran alimentación, servicios públicos y arrendamiento. La protección económica salva vidas y hace viable el aislamiento social obligatorio. Solamente las garantías vitales pueden apalancar el aislamiento social que se requiere para controlar la pandemia, con hambre y necesidades las personas saldrán de forma irremediable a rebuscarse porque su supervivencia dependen del día a día en la calle.
Punto 13. Garantizar la gratuidad para mínimo vital en servicios públicos de estratos socio económicos 1 y 2 y subsidios para estratos 3 y 4, y recuperar el subsidio derogado por la Corte Constitucional, debido a fallas en el procedimiento por parte del gobierno nacional.
Punto 15. Invertir en la investigación de estrategias preventivas, tratamiento y vacuna contra el Covid-19, aprendiendo de las mejores prácticas a nivel mundial, y propiciando intercambios con expertos. Integrar los saberes ancestrales, las medicinas tradicionales, el uso de plantas de los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales.
Punto 16. Establecer un sistema de información público, en línea, que contemple aspectos financieros, administrativos, epidemiológicos, socio demográficos, ocupacionales, disponibilidad y contratación del personal de la salud, dotación hospitalaria, de la atención de la pandemia, que permita entender la dinámica desigual de contagio y letalidad, y toma decisiones ajustadas a la realidad, así como la veeduría ciudadana a la gestión en salud pública de la pandemia. La ciudadanía tiene derecho a conocer cifras veraces, acceder a la información de primera mano y revisar las cuentas y el flujo de recursos invertido en la atención de la pandemia.
Punto 18. Hacemos un llamado a la institucionalidad colombiana, la academia, la sociedad civil y el Sistemas de las Naciones Unidas a detener las muertes evitables por COVID 19, y actuar bajo el principio universal y ético de solidaridad y compasión humana, especialmente con las poblaciones más vulnerables y vulneradas de Colombia.
Punto 19. Elevamos nuestras voces para repudiar el asesinato sistemático de nuestros líderes y lideresas sociales, el regreso de las masacres en diferentes territorios del país, el desplazamiento forzado, y conminamos al Estado Colombiano con el apoyo de la sociedad civil y los países garantes, a retomar los diálogos con el ELN, y cumplir a cabalidad y de forma íntegra los acuerdos de paz.