Desde Amor Sin Fronteras ONG en proceso de formación en Perú, vemos con mucha preocupación que las rápidas medidas y cambios que se vienen adoptando por el gobierno peruano para evitar que el  coronavirus siga expandiéndose, han obviado las consecuencias colaterales que trae el confinamiento para la población migrante y refugiada venezolana. Aunque son ciudadanos de pleno derecho, nuestras niñas y niños, ancianos y demás migrantes y refugiados no solo están confinados donde viven, cuando tienen la bendición de tener un techo, sino que sus necesidades y derechos han desaparecido del debate público en torno a esta crisis. Es como si no existieran. Aunque son una población de riesgo, se han convertido en el grupo más olvidado e incluso el que más violaciones a los DDHH ha sufrido en éstos días de aislamiento social y necesitan especial atención, porque pueden convertirse en focos de propagación del virus, cuando son desalojados arbitraria e ilegalmente de las viviendas y habitaciones que alquilan, cuyo pago no pueden cubrir por carencia de recursos, siendo objeto de violaciones a sus DDHH fundamentales cuando sin piedad ni respeto por su condición ni por las normas vigentes, se les tira a la calle, a la intemperie incluso con infantes.

Debieron tenerles en cuenta al diseñar la estrategia para superar la pandemia, no basta con brindar un Seguro de Salud público temporal, cuando no se dictan normas para evitar su desalojo arbitrario ni se garantiza el cupo en escuelas públicas para nuestros niños en todas las etapas de la educación. También es urgente que se legisle con sensibilidad e inteligencia sobre su caso, si no queremos incurrir, como sociedad, en un delito de negligencia y abuso.

Por eso hemos empezado esta petición y te pedimos que la firmes.

Queremos que se reconozca a los migrantes y refugiados venezolanos en Perú y el resto del mundo, como seres humanos con pleno derecho de gozar de respeto a su condición y características especiales. Que su existencia y su singularidad se mencione en los textos de ley relativos a la crisis. Que se preste especial atención a sus necesidades vitales en la gestión del confinamiento y que se estudien las posibilidades de ofrecerles a todos cualquiera que sea su procedencia social y su lugar de residencia, la posibilidad de mantenerse bajo un techo digno, con pleno goce del derecho a la salud, a la alimentación y la protección y que en caso de desear retornar al suelo patrio, se les permita hacerlo mediante un canal humanitario creado especialmente para ello, de manera ordenada y sin poner en peligro la salud pública y los que por diferentes razones decidan quedarse en suelo extranjero, que se les garantice el goce pleno de sus derechos, basta de desalojos arbitrarios e inhumanos, basta de esperar por una bolsa de comida que no termina de llegar ni alcanza para cubrir todas las necesidades que se tienen durante el aislamiento. Exigimos que el gobierno legítimo del Sr. Juan Guaidó y sus representantes en el exterior, así como los diputados de la Asamblea Nacional levanten su voz, que nos defiendan ante tanto atropello y olvido, que los recursos que les están dando también se hagan presentes en la vida del migrante y refugiado en el exterior para cubrir necesidades vitales de alimentación, salud y vivienda. Que la (OHCHR) Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michell Bachelet se haga presente en Perú y deje constancia de las violaciones a los DDHH de los que han sido objeto nuestros hermanos a lo largo y ancho de su territorio, muchas de ellas sucedidas ante el silencio cómplice de las autoridades nacionales y la falta de rigor en su defensa por parte de las nuestras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los demás organismos internacionales encargados de velar por nuestros DDHH debe conocer lo que aquí sucede y pronunciarse a favor de nuestra protección. 

Presentaremos este escrito y las firmas de apoyo a distintas personalidades e instancias gubernamentales y organismos nacionales e internacionales como la Asamblea Nacional, el Sr. Presidente Juan Guaidó, el Sr. Jorge Almagro, la Sra. María Corina Machado, el Sr. Miguel Bosé, la Sra. Michell Bachelet, la Embajada de Venezuela en Perú, la OEA, la ONU, UNICEF, la OIT, la CIDH, CARITAS, el Arzobispado de Lima, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú,  el Grupo de Lima, la UEE entre otros para exigir el respeto a los DDHH de nuestros connacionales haciendo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de legislar y actuar a favor la comunidad de migrantes, desplazados y refugiados venezolanos tanto en Perú como en  el resto del mundo ante el confinamiento. Pensamos que sería posible encontrar un marco regulador a nivel nacional y luego que los gobiernos regionales lo organicen a nivel local, dadas las diferencias de contexto y situación de las familias. También proponemos la creación de un comité de expertos con distintas sensibilidades (científica, humanista…) que proponga medidas para acompañar la transición hacia la normalización de la vida cuando llegue el momento.

Queremos dejar bien claro que no pretendemos llamar a saltarse el aislamiento, sino a la reflexión, para gestionar esta crisis con una mirada empática y respetuosa hacia la realidad de la comunidad migrante venezolana, porque en definitiva sin importar dónde nacimos o vivimos, cada uno de nosotros es humano, y estamos unidos por nuestra resiliencia, esperanza, luchas y nuestra humanidad. Sobre la base  que la protección del derecho de la salud pública no puede involucrar la desprotección y violación de otros DDHH seamos capaces como sociedad de encontrar formas de garantizar las necesidades y derechos de nuestros hermanos sin poner en riesgo la salud pública.