Estado Chileno debe garantizar la vida e integridad física del Juez Daniel Urrutia

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Antecedentes

Daniel Urrutia Laubreaux, se desempeña como Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile. Ha mostrado una actitud proactiva en la defensa de los derechos humanos en su actividad como operador de justicia a través de decisiones basadas en un enfoque de derechos humanos en cuestiones como el derecho de voto de personas en prisión preventiva, derechos de adolescentes en internación provisoria o el derecho a la protesta social, entre otros.

A propósito de persecución judicial por sus fallos con perspectiva de derechos humanos, tuvo que pedir permiso sin goce de sueldo y radicarse por tres años en México en el año 2009. Retomando su cargo una vez finalizada la amenaza de expulsión en el año 2012.

En un periodo de aproximadamente dos años (2013-2015), la Corte de Apelaciones de Santiago impuso al Juez Urrutia siete investigaciones disciplinarias y una petición de traslado en virtud de actuaciones jurisdiccionales, tres de ellas aún están pendientes de resolución desde 2015.

En el año 2005 realizó un trabajo de tesis de postgrado donde analizó la actuación del Poder Judicial de Chile durante la dictadura, lo que llevó a la Corte Suprema a sancionarlo por “criticar a otros jueces”, lo que derivó en que denunciara su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual  en febrero de 2019 presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 12.955, que tiene audiencia de juicio entre el 26 de enero y el 6 de febrero de 2020 en San José, Costa Rica.

Luego de las manifestaciones en Chile iniciadas en octubre de 2019, ha denunciado violaciones graves a los derechos humanos, por lo que abogados ligados al gobierno, lo han señalado públicamente como un juez molesto para la persecución penal de casos de aplicación de Ley de Seguridad Interior del Estado.

A finales de octubre de 2019 presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público Centro Norte en Santiago, en la que informó sobre una serie de problemas inusuales en sus comunicaciones mientras realizaba su trabajo, probable espionaje telefónico y posibles amenazas a su vida e integridad física. Desde ese entonces, grupos de ultraderecha han realizado públicamente y a través de redes sociales, diversas agresiones en su contra como: amenazas de desaparición forzada, descalificaciones, campañas de difamación y desprestigio, incluyendo la exigencia de la remoción de su cargo, en represalia a la defensa y garantía de los derechos humanos que realiza en el ejercicio de su labor.

Frente al contexto actual que se vive en Chile y de manera particular el Juez Daniel Urrutia, exigimos al Presidente de Chile, Sebastián Piñera y a las autoridades chilenas:

  • Garantías de seguridad para la vida e integridad física del Juez Daniel Urrutia Laubreaux.
  • Que las agresiones en su contra sean investigadas y sancionadas.
  • Cese de las agresiones en su contra y garantías de no repetición.
  • Garantías del ejercicio de su labor en condiciones de seguridad y libertad, conforme a los más altos estándares internacionales firmados y ratificados por el Estado Chileno.

Como ciudadanos/as chilenos/as y como integrantes de la comunidad internacional, estaremos atentos/as de las acciones que el Gobierno de Sebastián Piñera realice para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en Chile y de manera particular, de las acciones que se emprendan para salvaguardar la ineludible labor del Juez Daniel Urrutia  Laubreaux, a quien manifestamos nuestro reconocimiento y solidaridad.