Refugio Humanitario para la Familia Palma Brzovic en Francia

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Silvia Brzovic y Ricardo Palma fueron parte de la lucha antifascista contra la dictadura de Pinochet durante los años ochenta, decidiendo arriesgar su juventud y mas importante aun, sus vidas en un enfrentamiento contra el régimen militar, por los ideales de justicia y libertad.  Hicieron suyos los principios de la propia Revolución Francesa al reconocer en ellos ser agentes gestores y articuladores del “legitimo derecho a la rebelión” (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano - 24 de junio de 1793).

 

En el mes de junio del 2017, Silvia y Ricardo, junto a sus hijos, llegaron a Francia con el objetivo de buscar refugio político –asilo-. Esta fue una decisión tomada conscientemente y que buscaba, entre otras cosas, poner a resguardo a la familia de la persecución que podrían sufrir en México luego de 21 años de clandestinidad.

 

En Francia, encontraron el apoyo legal necesario para hacer efectiva la solicitud de asilo. Tanto al momento de ingresar a ese país como al de presentarse voluntariamente ante las autoridades francesas, lo han hecho con sus identidades reales.

 

Francia da garantías de justicia y de resguardo a quien solicita la calidad de refugiado por fines humanitarios. Posee dentro de su marco jurídico políticas permanentes de cautela y apoyo a quien es acogido bajo esa condición, pues ha suscrito varios acuerdos sobre trato a refugiados o apátridas como el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de Nueva York de 1967, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, El Tratado de Lisboa, Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1984), Declaración sobre el Asilo Territorial, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2312 (XXII), de 14 de diciembre de 1967,  etc.

 

Respecto de la solicitud de asilo presentada por Ricardo y Silvia, se debe considerar especialmente el contexto histórico y político en el que se realizó el juicio en Chile, durante los años noventa: Pinochet seguía siendo Comandante en Jefe del Ejercito y todos sus aparatos represivos estaban intactos y operativos, pasando a ser incluso algunos de sus agentes empleados de la nueva administración estatal. Todo esto amparado bajo el alero jurídico de la Constitución de 1980, la misma que elaboraran los ideólogos de la dictadura. La que traía consigo la utilización sesgada y majadera de la Ley Antiterrorista, recurso legal rechazado por organismos de DDHH nacionales e internacionales, y que se uso en contra de Ricardo y de otros luchadores sociales.

 

Los hechos por los que se acusa a Ricardo y Silvia son consecuencia de la lucha contra la dictadura; si bien era un período de transición de un gobierno de facto a un gobierno democrático, los derechos y progresos de esta incipiente democracia estaban condicionados, bajo la vigilancia y el ojo tutor de los militares, los mismos que sólo meses antes eran los encargados de la represión en Chile. Y paralelamente ya se imponía tristemente la lógica de hacer “justicia en la medida de lo posible” (Patricio Alwin, 1990), lo que suponía proteger e inmunizar a los que habían violado los derechos humanos de tantos ciudadanos chilenos.

No ha habido proceso de paz en el mundo, sea este formal o informal, que no haya traído consigo el enfrentamiento residual, y a ese escenario se vio enfrentada la sociedad chilena de los años 90. De hecho, entre el año 1989 y 1999, en plena “democracia”, murieron casi 50 personas vinculadas a la resistencia contra la dictadura.

 

La violación permanente de sus derechos humanos que sufrieron los presos por luchar contra la dictadura, y que quedaron establecidos en el Informe CAS (Cárcel de Alta Seguridad) elaborado por el Centro de Salud mental y Derechos humanos (CINTRAS) en julio de 1994, como en el Informe de Amnesti Internacional Chile: Torturas desde marzo de 1990 (AMR 22/03/91/s) en septiembre de 1991, en donde aparece el caso de Ricardo Palma Salamanca, son el más serio testimonio de lo que estos luchadores sufrieron.

 

Los apremios ilegítimos (tortura) que padeció Ricardo durante su detención, por negarse a firmar la “declaración extrajudicial”; la utilización de la Ley Antiterrorista, los tratos degradantes e inhumanos durante su encarcelamiento, son un recordatorio del Chile de los años 90.

 

Hoy, sumamos a aquellos antecedentes la prescripción de los delitos de los que está acusado Ricardo, luego de más de 20 años de ausencia de nuestro país (Código Penal Artículo 97); la situación de inseguridad a la que ambos se verían expuestos en Chile respecto de las condiciones carcelarias actuales (Informes del Arzobispado, Corte Suprema y INDH, UN entre otros); junto a la visión sesgada y parcial de la UDI, que sostiene la imprescriptibilidad de la pena como si se tratase de un crimen de carácter internacional y; que el Juez Carroza y la Corte Suprema, no obstante la prescripción de la pena, han dado curso al procedimiento de extradición, contexto jurídico que evidencia a todas luces la sed de venganza que mueve este proceso. Todos estos datos y antecedentes son motivos y causas suficientes para pedir el asilo político y que sea autorizada su estadía en Francia en calidad de refugiado. Pedimos que, por razones humanitarias, su condición de asilado sea aprobada a la brevedad.

 

La situación en Francia de Silvia y Ricardo es estable pero precaria, no poseen trabajos remunerados o medios para gestionar su subsistencia, sin embargo, cuentan con una red de apoyo familiar y de amigos, solidaridad que les permite resolver la sobrevivencia básica. Ya han tomado medidas para regularizar su situación, tales como buscar educación para sus hijos, estudiar el idioma nativo para una más rápida y mejor integración, conseguir una actividad, entre otros; lo necesario para hacer una vida “normal”, sin embargo, por el actual estado de la situación migratoria, aún no pueden acceder a trabajos remunerados.

 

A partir de todos los hechos descritos, se han creado comités de apoyo en Chile, Francia y otros países de América Latina y Europa. En Chile este comité se organizó con ex estudiantes de enseñanza secundaria de los años 80 (COEM, Pro-Feses, y Feses), amigos y compañeros de militancia de Ricardo y las propias familias y redes de ambos. Ya existen expresiones públicas de estos comités, tales como la petición de firmas de apoyo desde Francia, en change.org, y sitios en Facebook en Chile, España y Alemania. También se cuenta con un plan de trabajo local que apunta a difundir el apoyo al refugio humanitario y a reunir fondos que permitan solventar su estadía en Francia durante un tiempo.

 

Nos gustaría tener a nuestros amigos en casa, poder abrazarlos y ayudarlos a recuperar y reconstruir dignamente sus vidas, pero el Chile de hoy no ofrece garantías para ese retorno. Es aberrante que un chileno que luchó contra la opresión y por la libertad no pueda vivir en su país, lo sabemos, pero a pesar de quererlos de vuelta, sentimos que ellos tendrán un mejor futuro y más seguridad familiar, en el difícil camino a la legalidad y normalización de sus vidas en un país como Francia, es en este contexto, que solicitamos a la Oficina francesa de protección de los refugiados y apátridas (OFPRA), tenga a bien, considerar la solicitud de Estatuto de Refugiado y  Protección Subsidiaria para la familia Palma Brzovic.

 

 

 

Cordialmente.

 

Comité Pro-Asilo en Chile de la Familia Palma Brzovic



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