Destinatarios: Conselleria de Derechos Sociales, Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya. 

Ante la profunda reforma estructural de la antigua DGAIA, ahora DGPPIA, y los graves casos de negligencia y abuso que han salido a la luz en el sistema de protección de menores, los y las profesionales del sector de acción social exigimos:

1. Un nuevo convenio colectivo justo y actualizado, que reconozca la complejidad y responsabilidad de nuestro trabajo, con mejoras salariales y laborales acordes a las funciones que desempeñamos.

2. Una subida salarial urgente y real,
porque somos los profesionales peor pagados dentro de las entidades privadas del tercer sector. Esta situación es insostenible y profundamente injusta, teniendo en cuenta la carga emocional, física y ética que implica nuestro trabajo diario.

3. Redimensionamiento de las plantillas en centros de acogida, CRAEs y CREIs, para evitar la sobrecarga de trabajo, el agotamiento profesional y garantizar una atención de calidad a los menores.

4. Refuerzo de los recursos especializados en salud mental,
especialmente tras el cierre de centros como Can Rubió, y la creciente presencia de menores con trastornos conductuales y psicológicos severos.

5. Fin de la precarización y la rotación constante de personal, que impide establecer vínculos estables con los menores y compromete su bienestar emocional y desarrollo.

6. Participación activa de los y las profesionales en la redefinición del sistema de protección, para que las reformas no se limiten a cambios administrativos, sino que incluyan mejoras reales en las condiciones laborales y en la calidad del servicio.

7. Investigación de las estructuras corruptas que han sostenido el sistema por acción u omisión. Es imprescindible señalar que esta situación no ha llegado hasta aquí por casualidad. Han existido —y existen— colaboradores necesarios que, con distintos grados de responsabilidad, han contribuido a sostener un sistema profundamente fallido. Como sector social, no podemos conformarnos con la punta del iceberg: urge investigar a fondo estas dinámicas estructurales, identificar responsabilidades y promover una depuración real para que la protección de la infancia no siga secuestrada por intereses ajenos a su bienestar.

Ahora o nunca: dignidad profesional

La reciente refundación de la DGAIA como Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) representa una oportunidad histórica para revisar no solo las estructuras administrativas, sino también las condiciones laborales de quienes sostenemos, día a día, el sistema de protección. No se puede garantizar el bienestar de la infancia y la adolescencia sin reconocer y dignificar el trabajo de los y las profesionales que lo hacen posible.

Exigimos voluntad política, compromiso institucional y una actuación urgente y valiente que se traduzca en un nuevo convenio colectivo, una subida salarial justa y unas condiciones laborales dignas. Esta es la única vía posible para construir un sistema de atención que sea verdaderamente ético, eficaz y humano.

Es el momento de actuar. Por las infancias. Por quienes las cuidamos.