A la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo

Al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch

Al Congreso del Estado de Sinaloa, al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, al Tribunal de Justicia Administrativa de Sinaloa y autoridades competentes:

Las y los ciudadanos de Sinaloa nos unimos para exigir acciones urgentes frente a la crisis de seguridad y la violación múltiple de derechos humanos que enfrentamos.

La crisis de violencia extrema en Sinaloa, junto con las graves omisiones y actos de abuso de poder del Gobernador Rubén Rocha Moya y varios funcionarios estatales, han puesto en riesgo la vida y la seguridad de miles de sinaloenses.

El Gobernador ha demostrado incapacidad para garantizar la seguridad pública en el estado, permitiendo que el crimen organizado opere con impunidad y que la violencia generada por el conflicto entre grupos delincuenciales llegue a niveles históricos de violencia, que han tenido costos humanos imperdonables, además de los costos económicos y sociales.

Casos recientes, como el asesinato de Antonio Sarmiento y sus hijos Gael y Alexander Sarmiento Ruiz, evidencian una falla sistemática en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y la vulnerabilidad en la que se encuentran familias enteras, especialmente las infancias. La situación se ha vuelto insostenible, como lo sustentan cifras de las mismas instituciones de procuración e impartición de justicia del estado.

Según datos oficiales, desde septiembre de 2024 a enero de 2025, hemos registrado más de 800 muertes violentas, más de 500 desapariciones y al menos 1,099 robos de vehículos. 

Además, hemos sido testigos de actos de proselitismo político y coacción laboral por parte de los funcionarios estatales, los cuales han utilizado recursos públicos y han presionado a los empleados del gobierno para apoyar al Gobernador y sus intereses partidistas. Esto es una violación grave de los derechos humanos, a la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y una falta de respeto hacia la ciudadanía y hacia las víctimas. 

Ante posibles respuestas sobre los efectos retroactivos de la Ley de Revocación de Mandato, recordamos el ejemplo del ex presidente AMLO, quien, comprometido con la democracia participativa, promovió una consulta ciudadana en 2022, aunque la ley fue aprobada durante su gobierno, para asegurar los mecanismos de control ciudadano sobre los poderes políticos para que “el poder nunca estuviera desconectado de la voluntad popular”.

Por todo lo anterior, exigimos:

1. Revocación de Mandato al Gobernador Rubén Rocha Moya por su incumplimiento grave de responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública y por su inacción ante los problemas de violencia.
2. Juicio Político contra los servidores públicos responsables de las omisiones, abusos de poder y violaciones a la Constitución, incluyendo al Gobernador, a diputados del Congreso local y funcionarios que han coaccionado a empleados públicos para fines políticos.
3. Estrategias de seguridad urgentes y eficaces para enfrentar la violencia en Sinaloa, con un enfoque en derechos humanos que garantice la seguridad y el bienestar de la población; así como mecanismos expeditos para el acceso a la justicia.
4. Protección infantil y prevención del reclutamiento forzado de menores, con políticas públicas que garanticen la seguridad, educación y salud de niñas, niños y adolescentes.
5. Garantías de libertad de expresión y protesta para que los ciudadanos puedan manifestarse sin temor a represalias, criminalización o censura por parte de las autoridades.
6. Que la crisis de violencia no se utilice como herramienta de propaganda política, sino que se actúe de manera profesional conforme a los principios de justicia, seguridad y bienestar público, sin injerencias partidarias.

Nos comprometemos a seguir luchando de manera pacífica por un Sinaloa libre, seguro y justo para todas las personas.

Fundamento normativo: artículos 1, 4, 17, 20, 21, 39, 109, 110, 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y artículos 6, 7, 19, 27, 28, 31 y otros de la Convención sobre los Derechos del niño.