La reforma judicial prometió acercar la justicia al pueblo, pero el proyecto de la ministra Lenia Batres en la Contradicción de Criterios 59/2025, que se discutirá este jueves, pretende exactamente lo contrario: desampararlo.

En su próxima sesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomará una decisión crucial que podría marcar un retroceso histórico en la protección de las víctimas de accidentes viales en México.

Se discutirá si las indemnizaciones que deben pagarse a las personas lesionadas —o a sus familias en caso de fallecimiento— deben seguir calculándose con base en el salario mínimo, como ha sido hasta ahora, o pasaran a calcularse con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La diferencia no es menor, el cambio implicaría reducir drásticamente las indemnizaciones que hoy tienen derecho a recibir las víctimas.

Y no se trata de un tema marginal.

Los accidentes viales son la primera causa de fallecimiento entre personas de 5 a 24 años y la segunda entre los 25 y 44 años en México. 

Miles de familias pierden cada año a sus seres queridos en hechos de tránsito que les arrebatan no solo una vida, sino también el sustento económico sobre el que construían su futuro.

Estas indemnizaciones existen con un propósito claro y profundamente humano.

Cuando una persona queda incapacitada tras un accidente vial, el objetivo es compensar los ingresos que habría obtenido si el siniestro no le hubiera arrebatado su capacidad de trabajar.

Y cuando el accidente causa la muerte, se busca dar a la familia un monto que, al menos en parte, sustituya el aporte económico que el fallecido habría aportado con su salario.

En pocas palabras, se trata de evitar que, además del dolor de la pérdida, las víctimas y sus seres queridos también caigan en el desamparo económico.

El proyecto presentado por la ministra Lenia Batres rompe con toda lógica: propone que el cálculo de las indemnizaciones deje de hacerse con base en el salario mínimo —la medida que refleja el valor real que el trabajo de la víctima podría haber generado — y se realice con la UMA, una unidad creada para fijar el monto de multas e infracciones administrativas.

Si su proyecto se aprueba, la vida y la integridad de las víctimas se indemnizaran con base en el mismo parámetro con el que se calculan infracciones administrativas.

Esto desnaturalizaría por completo el sentido de esas indemnizaciones que dejarían de ser una forma de compensar a las víctimas y sus familias el ingreso que ya no pueden percibir, para convertirse en una simple sanción simbólica.

Las consecuencias serían tan injustas como absurdas: mientras las aseguradoras podrían reducir considerablemente sus costos, miles de familias quedarían aún más afectadas económica y socialmente tras la pérdida de un ser querido.

En casos como el de la reciente explosión en Iztapalapa, las víctimas y sus familias recibirían menos de la mitad de la indemnización que hoy les correspondería.

Esto cambio beneficiaría a las aseguradoras y a quienes causaron el daño, ya que reduciría drásticamente el costo económico de su negligencia.

Y al mismo tiempo perjudicaría gravemente a las víctimas y sus familias, agravando su vulnerabilidad en el momento más difícil de sus vidas.

Y no olvidemos algo fundamental: nadie está exento de verse en esa situación algún día.

Una sociedad justa, humana y solidaria no puede abandonar a quienes más necesitan protección en el momento más vulnerable de sus vidas.

Para dimensionar el absurdo:

a) Una persona que quede con incapacidad total permanente tras un accidente —sin posibilidad de volver a trabajar— recibiría como “justa indemnización” para mantenerse de por vida apenas la mitad de una multa por portar un vapeador en la vía pública (1,095 UMAs de indemnización vs. 2,000 UMAs de la multa).

y

b) Una familia cuyo principal sostén económico fallezca en un accidente recibiría como “justa indemnización” para sostenerse de por vida solo el equivalente a 2.5 multas por portar un vapeador en la vía pública (5,000 UMAs de indemnización vs. 2,000 UMAs de la multa).

Si esta resolución se aprueba, el mensaje será tan indignante como peligroso: en México, causar la muerte o la incapacidad de una persona podría equipararse, en términos económicos, a cometer una simple infracción administrativa.

✍🏼 Firma esta petición para exigir a la Suprema Corte que mantenga el salario mínimo como referencia para calcular las indemnizaciones y que no se abarate el valor de la vida ni la integridad física de las víctimas de accidentes.

Porque las víctimas merecen justicia, no migajas.