El sistema de peajes en Colombia, administrado por el gobierno nacional, por el sistema de concesiones o por entidades territoriales, se pensó como una herramienta para la financiación y mantenimiento de la infraestructura vial y para la expansión de la red de carreteras.  Sin embargo, en los últimos años y como consecuencia del aumento abusivo de contratos de concesión vial basados en peajes y firmados entre el 2014 y 2021 a 30 y 40 años, los peajes aumentaron en cantidad, a muy cortas distancias y con precios que han afectado la competitividad regional. Lo que en principio se vio como un esfuerzo social (pago de peajes para mejorar vías) quedó  administrado por privados y respaldado por políticos regionales, que no rinden cuentas, no tienen control político y no son transparentes en el flujo del dinero que ingresa a las casetas de recaudo.  Hoy es claro que los peajes son  una trampa a la pobreza de comunidades rurales, con municipios y veredas aislados y actividades comerciales y productivas regionales afectadas en su competitividad por los costos de la movilidad en las carreteras. 

Colombia es el país de América Latina que más peajes tiene,  a cortas distancias y con los precios en promedio más altos. Actualmente, hay 180 peajes en operación distribuidos en todo el territorio nacional. De este total, 34 están a cargo de INVíAS (Su recaudo también está en manos de privados), 119  a cargo de las concesiones y 27 a cargo de entidades territoriales. Además hay 5 peajes suspendidos a causa de manifestaciones sociales y 16 más, acordados en gobiernos pasados y que  están en construcción.

El abuso en la instalación de peajes es evidente y la inacción de la dirigencia regional y nacional para revisar un modelo que está desgastado, mientras se avanza en nuevas concesiones sin exigir cuentas a las existentes y con el mismo marco legal del pasado,  es la razón del llamado a la acción ciudadana a través de esta iniciativa en Change.org 

Los peajes afectan directamente los derechos a: 

• Movilidad y circulación de quienes dejan de trasladarse en territorios cercanos por no tener como pagar un peaje. 
• Educación para quienes deben trasladarse de un municipio a otro o de una vereda a otra y su institución educativa fue separada por un peaje. 
• Salud de quienes deben reclamar sus medicinas o realizar tratamientos en municipios separados por peajes. 

La competitividad y el desarrollo regional también se ven afectados: agricultores, comerciantes, transportadores, empresas asociadas al turismo (Hoteles, restaurantes) etc, ven afectada su actividad por los altos costos de peajes. Las personas de centros urbanos ven el los peajes una barrera para visitar los. municipios.

Como colectivo ciudadano !No más abuso de Peajes! solicitamos al gobierno nacional y gobiernos territoriales: 

1. Revisar de manera detallada el cumplimiento de los contratos de  concesión y sancionar, si es el caso, aquellas que no han avanzado en la ejecución de las obras viales en las que se comprometieron. 
2. Uso de medios tecnológicos amigables para socializar las cifras detalladas de ingresos y gastos de los recursos generados por los peajes, con acceso fácil, constante y en tiempo real. !Ciudadano que paga un peaje, ciudadano que puede verificar el registro de su pago en tiempo real!
3. Apoyar el proyecto de Ley actual 037 que busca regular tarifas y distancias de los peajes a 150 km y mejorar, el proyecto  si es el caso para revisar el alcance a la Ley 1508 de 2012. 
4. Contratar personal independiente e idóneo en el sector de infraestructura de transporte, que no represente intereses de las concesiones o grupos políticos. 
5. Eliminar peajes y disminuir tarifas en los lugares donde el daño causado a comunidades es mayor que el recaudo que se obtiene (Ej: Peaje San Clemente entre Risaralda y Caldas) o dónde las concesiones están a punto de vencerse. Ej Concesión Autopistas del Café.  
6. Parar la Concesión IP Conexión Centro que busca renovar 7 peajes de Autopistas del Café a 30 años más, con el mismo marco legal que tiene al gobierno actual sin poder actuar con las concesiones que ya se firmaron. 
7. Regular el máximo de ganancias que se obtienen y los salarios que se asignan en las concesiones. Las ganancias no deben sert m mayores al 15%. 
8. Exigir transparencia y permitir el acceso a la información como derecho fundamental de los colombianos.