¡No más prestaciones irracionales para políticos! ¡Derecho a la buena administración ya!

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Estamos hartos de ver todos los días cómo los funcionarios públicos en cargos de alta responsabilidad cobran altos salarios y prestaciones totalmente irracionales a costa del erario público, en muchas ocasiones sin cumplir con un desempeño mínimamente aceptable.

Es necesario que en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establezca el derecho de los ciudadanos a la buena administración pública, de tal forma que limiten y se regulen y transparenten bonos, prestaciones, premios, estímulos, primas, vales, viáticos, compensaciones, pago de seguros o subsidio de impuestos.

Este derecho debería permitirnos también a los ciudadanos impugnar decisiones como la de darse bonos extraordinarios a final de año o por otras razones que resultan incomprensibles.

Adicionalmente, el derecho a la buena administración debería incluir un principio general de austeridad en el gasto público. No es posible que por un lado haya tantas restricciones presupuestales para programas sociales, transporte público y otros servicios tan necesarios en nuestra ciudad y, por el otro, se derroche dinero en cosas superfluas.
Este es el momento de que como sociedad exijamos que la Constitución nos permita poner un alto a la dilapidación de recursos públicos.

 



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