En estos días, el panismo chihuahuense ha presentado al menos dos iniciativas que revelan una intención clara en la forma en que se nombra el espacio público en Chihuahua.

El Cabildo del Ayuntamiento de Chihuahua, de mayoría panista, a propuesta de Marco Bonilla, votará el próximo miércoles 22 de abril el cambio de nombre de la avenida De la Cantera para asignarle el de Víctor Manuel Cruz Russek, frente al contundente rechazo ciudadano a la inicitiva del alcalde. Se trata de una de las vialidades más importantes de la ciudad, un eje urbano con alto valor simbólico y cotidiano para miles de personas.

La propuesta no tiene criterios claros, públicos ni verificables que justifiquen el reconocimiento. Solo por haber sido el esposo de la gobernadora.

Nombrar una vialidad tan importante construye memoria pública, establece referentes colectivos y define qué trayectorias representan a la comunidad. Bajo ese estándar, los reconocimientos deberían responder a aportaciones de impacto social comprobable, cultural, científico o cívico ampliamente reconocido, no a vínculos personales o políticos.

Al mismo tiempo, Carlos Olson propuso la inscripción en letras doradas, en el recinto legislativo, del nombre de Francisco Barrio Terrazas. Esta iniciativa remite a un periodo de la vida pública del estado en el que se agravó de forma alarmante la violencia feminicida, una crisis que marcó tan profundamente a Chihuahua que fue una de las bases para el reconocimiento del feminicidio como categoría específica dentro del marco legal.

Leídas en conjunto, estas decisiones forman parte de una intención de establecer la idea de que Chihuahua les pertenece, poniendo sus nombres en los espacios públicos de cara al proceso electoral de 2027.

Lo anterior erosiona el principio básico de la vida democrática: su carácter común. Si lo público deja de percibirse como un espacio compartido y empieza a leerse como propiedad de un grupo en el poder, se debilita la confianza ciudadana, se reduce el sentido de pertenencia y se inhibe la participación.

Son movimientos estratégicos que obedecen a una lógica de la guerra cultural de la que tanto hablan los panistas. Es decir, la disputa por los significados, los referentes y los símbolos que organizan la percepción social. La derecha pretende posicionar narrativas que eliminan la importancia de los derechos y reivindican la explotación y el saqueo de los recursos públicos como si fueran fenómenos inevitables, en contraste con una ciudadanía que exige calidad de vida, dignidad y garantías efectivas.

Por eso, independientemente de preferencias partidistas, es necesario, por lo menos, establecer reglas claras para este tipo de decisiones: criterios de mérito público verificable, procesos transparentes y, en casos de alto impacto simbólico, mecanismos de deliberación o consulta ciudadana.

Les propongo reunir firmas para solicitar a las autoridades, con pleno respeto a las personas cuyos nombres están siendo utilizados —y que no son responsables de ello—, que escuchen la voluntad ciudadana, como es su obligación y no se concrete ninguna de estas apropiaciones, ya que no representan los intereses de la mayoría de las y los chihuahuenses y contribuyen a normalizar prácticas que erosionan la vida democrática, la inclusión y el carácter común de lo público.