Me dirijo a ustedes como estudiante preocupada por la reciente disposición incluida en la Ley de Universidades de Andalucía, que establece que, a partir de 2029, será obligatorio acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para obtener el título universitario. Aunque comprendo la intención de fomentar la competencia lingüística y la internacionalización de nuestros estudios, considero que esta medida, tal como está planteada, presenta múltiples problemas y genera una injusticia evidente para los estudiantes que nos encontramos actualmente en el sistema educativo andaluz.

En primer lugar, esta exigencia supone una barrera considerable para aquellos estudiantes de recursos económicos limitados, que no pueden costear academias privadas ni exámenes oficiales de idiomas. Aunque en mi caso personal no enfrento esta dificultad, es fundamental reconocer que no todos los jóvenes tienen las mismas oportunidades de acceso a formación complementaria, y que imponer un requisito de esta naturaleza sin mecanismos adecuados de apoyo incrementa la desigualdad.

Asimismo, me parece profundamente injusto que se pueda condicionar la obtención del título universitario a un examen externo, sin considerar el historial académico del estudiante. Imaginemos una persona que ha mantenido un expediente impecable durante toda su carrera; por un obstáculo administrativo o por no haber tenido la oportunidad de acreditar el B2, podría verse imposibilitada de graduarse. Esto contradice el principio de reconocimiento del esfuerzo y del mérito académico.

Otro aspecto que quiero subrayar es la temporalidad de la medida. Si se considera importante exigir el B2, lo lógico habría sido establecerlo de manera general y equitativa, aplicándolo a todos los estudiantes, incluidos los que ya se encuentran en el sistema o incluso los egresados recientes, para no crear una situación de desigualdad generacional. Actualmente, la norma afecta solo a quienes aún estamos en la universidad, mientras que generaciones anteriores pudieron titularse con un nivel B1, lo que genera un trato diferenciado que resulta difícil de justificar.

Adicionalmente, debemos ser conscientes de que alcanzar un nivel B2 en un idioma extranjero no es un trámite trivial. Requiere años de estudio, práctica constante y, a menudo, recursos económicos para academias, exámenes oficiales y materiales. Presentarlo como un requisito obligatorio, sin ofrecer alternativas viables dentro del sistema universitario, me parece una medida desproporcionada y poco realista.

Finalmente, resulta paradójico y lamentable que incluso quienes impulsan esta normativa no necesariamente poseen la competencia lingüística exigida. En particular, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a sus más de 50 años, con acceso a recursos económicos suficientes y asistencia personalizada para el aprendizaje de idiomas, no alcanza siquiera un nivel B1 de inglés, mientras exige a los estudiantes universitarios superar un B2 para poder graduarse. Esta contradicción evidencia que la medida no se ha fundamentado en la experiencia práctica ni en un análisis realista de la dificultad del idioma.

En mi caso personal, como estudiante , me enfrento a la incertidumbre de saber que mi futuro académico y profesional dependerá de un requisito externo que no mide mis capacidades reales ni el esfuerzo que realizo día a día en mis estudios. Esta exigencia me provoca ansiedad e inseguridad, porque me pregunto qué ocurrirá si, por cualquier circunstancia, no logro acreditar el nivel a tiempo. No soy la única: según datos recientes, menos del 40% de los jóvenes andaluces de entre 18 y 24 años alcanzan un nivel B2 de inglés, lo que significa que más de la mitad del alumnado universitario podría estar en riesgo de no poder graduarse en 2029.

Además, los exámenes oficiales tienen un coste elevado que puede superar los 200 euros por convocatoria, una cantidad difícil de asumir para muchas familias en Andalucía. Este panorama demuestra que no se trata de un problema individual, sino de un problema colectivo que afecta a miles de estudiantes que verán condicionado su futuro por un requisito que, en muchos casos, no podrán cumplir a tiempo ni costeando academias y materiales que deberían estar garantizados por la propia universidad. La universidad debe ser un espacio de igualdad y oportunidades, no un filtro económico o administrativo que limite el derecho a la educación superior.

Por todo lo anterior, solicito de manera respetuosa y formal que la Junta de Andalucía y el Parlamento andaluz reconsideren esta disposición. Exijo que se busquen alternativas justas y equitativas, que incluyan apoyos institucionales, reconocimientos del esfuerzo académico y un marco que no penalice injustamente a quienes actualmente cursamos estudios universitarios en nuestra región. La educación debe ser un derecho accesible y equitativo, no un obstáculo que dependa de factores económicos o de decisiones tardías de la administración.

Si estás de acuerdo con esta petición, te invito a firmar y apoyar esta iniciativa para que nuestra voz sea escuchada. Cada firma cuenta para lograr un sistema educativo más justo.