La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez impone a todos los ayuntamientos de España la obligación de establecer una tasa o prestación patrimonial que cubra el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos urbanos, suprimiendo la capacidad de los municipios para decidir libremente cómo financiarlo.

La propia Comisión Europea, en respuesta escrita de diciembre de 2024 al Grupo Popular Europeo, aclaró que la Directiva (UE) 2018/851 no exige la imposición de una tasa que cubra íntegramente el coste del servicio, y que los Estados miembros pueden utilizar otros mecanismos alternativos de financiación distintos a la imposición de una tasa de basuras.

La alcaldesa socialista de Ciempozuelos, además de apoyar con su voto una y otra vez esta tasa de basuras, ha decidido no compensar ni un sólo céntimo este basurazo que supone un sablazo fiscal a los vecinos.

Por eso solicitamos:

• Una bajada de impuestos y tasas, especialmente el IBI que compense la imposición de esta nueva tasa de basuras.
• La derogación de todas las subidas desproporcionadas de tasas y precios públicos aprobadas esta legislatura gracias a la mayoría absoluta del PSOE
• El establecimiento de nuevas bonificaciones que beneficien especialmente a las familias.
• La mejora del sistema tributario, creando un sistema especial de pago para poder juntar todos los recibos y poder fraccionarlos a lo largo del año a elección del vecino, por lo menos ayuden en algo.
• La eliminación de la obligatoriedad impuesta por la Ley 7/2022 de establecer una tasa o prestación patrimonial que repercuta el 100% del coste de la gestión de residuos urbanos en los ciudadanos.
• La paralización de cualquier medida que suponga nuevas subidas de impuestos, tasas y precios públicos a los ciudadanos.