Se acaba de aprobar una ley que permitiría la pena de muerte para presos palestinos.Aún no se aplica: está siendo impugnada y todavía puede frenarse. Este es el momento de actuar.

A la Presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo

A la Secretaría de Relaciones Exteriores de México

A la Embajada de Israel en México

Las ciudadanas y ciudadanos en México, expresamos nuestra profunda preocupación ante la reciente aprobación de medidas que contemplan la pena de muerte mediante ahorcamiento, que afecta a personas presas palestinas, en un contexto de marcada desigualdad y aplicación discriminatoria y graves asimetrías en el acceso a la justicia.

La pena capital constituye una violación grave a los derechos humanos y al derecho internacional. Su posible aplicación en un contexto de desigualdad estructural y conflicto prolongado agrava su carácter injusto.

Asimismo, existen denuncias documentadas sobre condiciones de detención que incluyen actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia personas palestinas privadas de la libertad, lo que agrava aún más la urgencia de atención internacional sobre esta situación.

Esta ley, recientemente aprobada por el parlamento israelí, enfrenta actualmente impugnaciones legales y cuestionamientos internacionales, por lo que aún existe una posibilidad real de frenar su implementación. Sin embargo, de no actuar con urgencia, podría traducirse en sentencias de muerte y ejecuciones en un corto plazo.

Entre las personas detenidas se encuentran aproximadamente 9,500 presos palestinos, además de 3,442 personas bajo detención administrativa (privadas de libertad sin cargos formales ni juicio), así como 350 menores de edad y 73 mujeres. Este panorama, que incluye a niñas, niños y adolescentes bajo custodia, quienes deben de contar de protección especial conforme al derecho internacional, evidencia la gravedad del contexto en el que se ha aprobado la aplicación de la pena de muerte, así como los riesgos de su implementación en un sistema de discriminación sistemática y segregación.

Nos preocupa  tanto la eventual  ejecución como el proceso que la hace posible: la normalización de prácticas que deshumanizan y legitiman la violencia extrema, incluyendo la tortura y otras formas  de trato cruel.

Si bien México ha sostenido históricamente una postura en contra de la pena de muerte, consideramos fundamental que, ante esta medida específica, dicha postura se traduzca en acciones y posicionamientos claros.

Por ello, pedimos:

— Que el Estado mexicano emita una postura pública clara y específica en contra de la aplicación de la pena de muerte en este caso, a´si como en contra de la tortura y los tratos crueles inhumanos o degradantes.

— Que México impulse acciones concretas en organismos internacionales para frenar su implementación.

— Que se garantice el respeto al debido proceso y la supervisión internacional de las condiciones de detención de las personas palestinas privadas de la libertad.

México ha sido históricamente un país que defiende la vida y los derechos humanos. Hoy es fundamental que ese principio se sostenga con claridad y coherencia.

Como sociedad, no podemos permanecer indiferentes ante medidas que legitiman la violencia y la eliminación de vidas humanas.

Aún estamos a tiempo de impedir su aplicación.