Exigimos al Gobierno Federal someter a consulta ciudadana el uso de la CURP biométrica y el registro obligatorio de líneas telefónicas mediante la CURP.

Lo que exigimos

Quienes firmamos esta petición exigimos al Gobierno Federal que detenga de inmediato la implementación del CURP biométrico y el registro obligatorio de líneas telefónicas mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP), en tanto no se realice una Consulta Popular conforme al artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Consulta Popular.

Este gobierno asumió el poder con la promesa de que el pueblo manda. Las consultas populares y los plebiscitos fueron presentados como pilares de su democracia participativa.

Ha llegado el momento de que esa promesa se haga realidad en un tema que afecta directamente la privacidad, la identidad y los derechos fundamentales de millones de mexicanas y mexicanos.

El Problema

¿Por qué nos oponemos?

1. Riesgo masivo a la privacidad. Vincular datos biométricos —huella dactilar, reconocimiento facial, iris— con líneas telefónicas crea una base de datos centralizada de vigilancia sin precedentes en la historia del país. Una sola filtración comprometería la identidad de decenas de millones de personas de forma irreversible.

2. El robo de identidad se agrava, no se combate. Al concentrar datos biométricos en un solo sistema, se convierte al Estado en el mayor blanco posible para el crimen organizado y los ciberataques. La centralización de información sensible ha demostrado a nivel internacional ser un factor que incrementa el riesgo, no lo elimina.

3. No reduce la criminalidad. Países que han implementado medidas similares de registro de SIM y líneas telefónicas —incluidos Alemania, Bangladesh y países africanos— no reportaron reducciones significativas en delitos. Lo que sí se documentó fue el uso de estas bases de datos para persecución política y vigilancia masiva.

4. Viola el principio de autodeterminación informativa. Ningún ciudadano debería estar obligado a entregar sus datos biométricos —parte indisoluble de su identidad física— como condición para ejercer el derecho a la comunicación. Esto contraviene la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el artículo 16 constitucional.

5. Se implementó sin consultar al pueblo. Una medida de este alcance, que toca la identidad y la privacidad de cada habitante del país, fue decidida de manera unilateral, sin debate público suficiente, sin consulta ciudadana, y sin transparencia sobre quién administrará esa información ni bajo qué condiciones.

Nuestras exigencias específicas

I. Suspensión inmediata de la obligatoriedad del registro de líneas telefónicas mediante la CURP y del CURP biométrico, en tanto no se resuelva el proceso de consulta popular.

II. Convocatoria a Consulta Popular, conforme a los artículos 35 constitucional y 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, para que la ciudadanía decida mediante voto libre y secreto si acepta o rechaza estas medidas.

III. Transparencia total sobre quién administrará las bases de datos biométricas, bajo qué protocolos de seguridad, con qué entidades se compartirán y cuáles serán las consecuencias jurídicas ante una filtración o mal uso.

IV. Apertura de un diálogo público con expertos en ciberseguridad, organismos de protección de datos, organizaciones civiles y la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de cualquier implementación definitiva. Expertos elegidos no por el gobierno, sino postulados de manera abierta por Búho Penal, plataforma de estudios y relevancia jurídica apartidista; y votados por un consejo de expertos conformado por diferentes colegios de abogados del País, para representar los intereses verdaderos del pueblo.

Un mensaje al gobierno

El pueblo manda —si así lo dijeron, que lo demuestren—

Durante toda la campaña y el ejercicio del poder, este gobierno se presentó como el promotor de la democracia directa. Organizaron consultas para cancelar el aeropuerto, para juzgar a expresidentes, para mantener o terminar obras. Usaron ese instrumento como símbolo de legitimidad.

Hoy les decimos: sean congruentes. Si de verdad creen en la voz del pueblo, sometan el CURP biométrico y el registro de líneas telefónicas a una consulta popular. Que sea el pueblo —no la burocracia, no los tecnócratas, no los intereses políticos— quien decida si entrega su identidad biométrica al Estado.

Nuestra identidad no se negocia. Nuestra privacidad no se rifa. Y nuestra voz no se ignora.