Mexicanas y mexicanos

Ante la amenaza que representa la CURP biométrica obligatoria, alzamos nuestra voz como ciudadanos conscientes y responsables. Esta iniciativa no es un simple trámite más: es un instrumento de control masivo que pone en riesgo nuestra privacidad, seguridad, libertad y confianza en las instituciones.

Porque centralizan datos irreversibles, vulnerables a la filtración, sin mecanismos reales de protección.

Porque en un país donde la ciberseguridad gubernamental ya ha fallado (como el ciberataque a la Consejería Jurídica de noviembre de 2024) con miles de gigabytes de información expuesta, no se puede delegar tan fácilmente el destino de nuestra identidad digital en un sistema sin auditoría independiente ni sanciones reales. 

Esos datos biométricos –huellas digitales, fotografía facial, iris– no se cambian si se pierden; no son como una contraseña. Una vez vulnerados, su uso indebido nos perseguirá por siempre. 

Lo más grave: se planea integrar todo en una Plataforma Única de Identidad bajo la Secretaría de Gobernación, con acceso irrestricto, incluso sin orden judicial, para autoridades civiles, militares, corporaciones privadas y cualquier entidad que funja como “ente prestador de servicios”. Eso significa que la vida digital de más de 130 millones de residentes podrá ser monitoreada, registrada, cruzada y usada contra la población sin ningún control democrático. 

Organizaciones como R3D, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH), académicos del CIDE y la UNAM han advertido que este sistema no respeta ni los tratados internacionales de privacidad, ni los principios legales de minimización, proporcionalidad o consentimiento válido. Condicionar el acceso a servicios básicos —educación, salud, telecomunicaciones, apoyos sociales— a la entrega de esta CURP biométrica coarta derechos sociales esenciales y abre la puerta a discriminaciones irreversibles frente a diseños mal construidos. 

En un país donde hay colusión entre autoridades y crimen organizado, permitir mecanismos sin transparencia ni supervisión independiente genera un riesgo doble: no solo nuestra privacidad está expuesta, sino que también se convierte en moneda de cambio en redes de corrupción. 

Nuestra oposición no se basa en teorías conspirativas: se fundamenta en evidencia. Más de 100 colectivos y más de 200 familiares de personas desaparecidas han dicho que estas reformas son más un mecanismo de vigilancia que una solución real a la crisis (con más de 129 000 desaparecidos y decenas de miles de cuerpos sin identificar). El argumento del gobierno sobre la búsqueda de desaparecidos no resiste examen cuando esa misma plataforma da acceso ilimitado a fuerzas de seguridad sin controles. 

La presidenta del GIDH, Jesús Rey Fierro, señala que no existe un marco legal robusto, ni supervisión externa ni mecanismos de reparación del daño en caso de filtraciones o uso indebido. Asegura que políticas públicas de esta magnitud deben sujetarse a legalidad, proporcionalidad, transparencia, y rendición de cuentas. Sin ello, se torna un riesgo sistémico. 

Y aunque desde el gobierno se afirma que el acceso será voluntario y con orden judicial, la realidad muestra que, de aprobarse el paquete legal en curso —que incluye leyes de seguridad, inteligencia y telecomunicaciones— estos datos estarán disponibles para consulta inmediata sin salvaguardas efectivas. Eso convierte el sistema en una herramienta autoritaria disfrazada de innovación. 

Por eso, exigimos:

1. La revocación inmediata de los decretos que vuelven obligatoria la CURP biométrica.
2. Que se respete plenamente el derecho a la autodeterminación informativa, incluyendo opciones reales sin coerción aparente.
3. Que se creen leyes nacionales específicas de protección de datos biométricos, con auditorías ciudadanas y sanciones efectivas ante filtraciones o abuso.
4. Que se garantice que la CURP tradicional siga siendo documento válido y que no se condicione el acceso a servicios por no presentar la biométrica.
5. Que se convoque un parlamento abierto y transparente, con participación de colectivos, familias, académicos y personas afectadas, para evaluar con rigor el impacto de estas reformas sobre los derechos humanos.

 Queremos un México digital sí, pero un México digital con justicia, con control democrático, con privacidad real. No aceptaremos una identidad digital impuesta. Exigimos dignidad, transparencia y protección.

Si te preocupa tu libertad, si confías en la rendición de cuentas, si defiendes tus datos y los de tu familia, firma esta petición y comparte este mensaje. Hazlo por ti, por tus hijos, por el futuro del país. Tu voz importa. Tu firma puede frenar la vigilancia sin límites.